Un ministro japonés, a los ancianos: "Deben darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado"

El ministro japonés de Finanzas, Taro Aso, afirmó el pasado lunes que las personas mayores "deben darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado en su atención médica". Fueron unas declaraciones especialmente alarmantes en una sociedad en la que el 25% de la población tiene más de 60 años. Él mismo, el ministro japonés, tiene 72 años.

El escenario de sus polémicas palabras fue una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social. Allí arremetió contra las tácticas de reanimación y los tratamientos para prolongar de vida, según publica hoy The Guardian y destaca también el diario El País . "Se ven obligados a vivir cuando quieren morir. Yo me despertaría sintiéndome mal si sé que el tratamiento está pagado por el Gobierno". El ministro nipón no se quedó ahí. Se refirió a los ancianos que ya no pueden alimentarse a sí mismos como "gente de tubo".

Casi de inmediato tuvo que rectificar. Reconoció que sus declaraciones habían sido "inadecuadas" en un foro público e insistió en que estaba hablando solo de su preferencia personal. "Es importante que la gente pueda pasar los últimos días de su vida en paz", sentenció.

En 50 años un 40% de la población japonesa será mayor de 60 años

Un cuarto de los 128 millones de habitantes de Japón tienen más de 60 años. Es el país más envejecido del mundo y en 50 años este sector de población supondrá el 40% de la población. Esto implica importantes gastos sociales en pensiones y sanidad , que han llevado al Gobierno conservador a aumentar un 10% los impuestos sobre el consumo a pesar de que recortará en los próximos presupuestos, que entran en vigor en abril, esta aportación.

El 40% de los hogares japoneses que reciben asistencia social tiene algún miembro mayor de 65 años, según un informe publicado esta semana. Aumenta el número de mayores que viven solos. En 2010, 4,6 millones de personas mayores vivían solas, y el número de los que murieron en el hogar aumentó un 61% entre 2003 y 2010, según la oficina de bienestar social y de salud pública en Tokio.