RÍO DE JANEIRO.- La renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acarrea un fuerte simbolismo sobre el malestar profundo que existe en América Latina con la corrupción. Es el primer jefe de Estado de un país de la región que cae como consecuencia directa de las acusaciones de sobornos desembolsados por la corporación brasileña Odebrecht.
En junio de 2015, en el marco de la operación Lava Jato, el arresto de Marcelo Odebrecht -entonces presidente de la mayor constructora de la región- generó un terremoto político en Brasil por sus íntimos vínculos con los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff.
Pocos imaginaban entonces que ese sismo con epicentro en Brasilia provocaría luego un gigantesco tsunami en toda la región cuando Odebrecht y otros 70 exejecutivos de la compañía firmaron un acuerdo de delación premiada con las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
A través de ese mecanismo judicial reconocieron haber pagado multimillonarias coimas a funcionarios para obtener jugosos contratos de obras públicas en una docena de países, nueve de ellos latinoamericanos.
Las alarmas se encendieron en la Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se iniciaron investigaciones locales que dieron como resultado varias denuncias contra funcionarios de gobiernos vigentes y del pasado reciente, lo que puso en aprietos a más de un mandatario.
En Perú, las principales imputaciones cayeron tanto sobre Kuczynski como sobre los expresidentes Alejandro Toledo, hoy prófugo, y Ollanta Humala, preso.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli quedó tras las rejas, pero en Estados Unidos. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, aliado de Rafael Correa, también fue detenido.
En México y en Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, respectivamente, tuvieron que salir a defenderse de acusaciones de financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales.
Las denuncias también sacudieron al gobierno del dominicano Danilo Medina y del guatemalteco Jimmy Morales, mientras que el venezolano Nicolás Maduro blindó a su régimen de las investigaciones de la procuradora general Luisa Ortega, quien terminó en el exilio.
En la Argentina, más allá de las numerosas acusaciones de corrupción contra funcionarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el escándalo también salpicó a Mauricio Macri a través del director de la Agencia Federal de Inteligencia.
Allí donde las investigaciones no pudieron avanzar significativamente -como en México, Colombia y también en Brasil, con las denuncias contra el actual mandatario, Michel Temer-, el desencanto de la población se expresa mediante la bajísima popularidad de los candidatos oficialistas para las elecciones de este año.
Venezuela es un caso aparte, con un gobierno en estado permanente de crisis.
Revulsivo social
"La postura de las sociedades latinoamericanas frente a la corrupción está cambiando; el movimiento anticorrupción ha cobrado mucha fuerza en la agenda de la región. Se nota en la activa participación de la ciudadanía, con manifestaciones callejeras, organizaciones no gubernamentales y un cuestionamiento vigoroso hacia las autoridades, así como en el rol protagónico que han adquirido fiscales y jueces que combaten la corrupción", señaló a LA NACION Mauricio Santoro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Con él coincidió Alberto Pfeifer, coordinador general del Grupo de Análisis de Coyuntura Internacional de la Universidad de San Pablo, quien destacó que América Latina está ahora en una encrucijada ideológica, luego de que tanto gobiernos de izquierda populista -Maduro- como de derecha conservadora -Kuczynski- han sido golpeados por los escándalos de corrupción derivados de la operación Lava Jato brasileña.
"Es positivo y saludable que se haya destapado toda esta red de ilícitos público-privados en la región, pero hay que tener cuidado con las reacciones que pueden surgir en un ambiente tan inestable. Cualquier oportunista con ideas peligrosas puede aprovechar para canalizar el descontento social frente a la corrupción y ocupar el espacio político", advirtió Pfeifer a LA NACION.
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