Una masiva huelga en Petrobras agita el fantasma del desabastecimiento

RÍO DE JANEIRO.- Una indefinida huelga de trabajadores de Petrobras, la mayor compañía de Brasil, pone en jaque a la petrolera y agita el fantasma de un posible desabastecimiento de combustible.

Más de 21.000 trabajadores de la empresa, más de la mitad de la plantilla del área operacional según cálculos sindicales, se mantienen hace 18 días en huelga contra el despido de 400 trabajadores de una fábrica de fertilizantes que fue cerrada en el estado de Paraná.

Desde ayer, además, los gremios desafían un fallo de la Justicia que el lunes declaró a la huelga "ilegal" y "abusiva" y fijó multas de hasta 500.000 dólares por día a los sindicatos en caso de que no acaten la decisión. La Federación Única de Petroleros (FUP), entidad que agrupa a los gremios del sector y conduce la huelga, anunció que apelará la decisión. Respaldada por la Justicia, la gerencia de Petrobras ha dado muestras de que no dará el brazo a torcer.

La compañía anunció semanas atrás el cierre de Araucária Nitrogenados (ANSA), subsidiaria de Petrobras que tenía un constante déficit. Desde la adquisición de ANSA, en 2013, la petrolera asumió un perjuicio acumulado de cerca de 500 millones de dólares y para 2020 estaba previsto un déficit de 90 millones de dólares, según una nota enviada ayer a LA NACION.

La decisión del cierre parece no tener marcha atrás. Pero la FUP exige que los 400 trabajadores, más otros 600 tercerizados, sean reincorporados y asignados a otras tareas dentro de la compañía.

El Tribunal Superior de Trabajo ya falló en favor de Petrobras y declaró inconstitucional el reclamo, al argumentar que la incorporación de los trabajadores significaría la admisión de empleados no concursados.

Detrás de la decisión del cierre de la empresa de fertilizantes y el tono inflexible de Petrobras se esconde uno de los objetivos centrales del ministro de Economía, Paulo Guedes: ordenar las cuentas públicas y achicar el déficit, aplicado a una empresa mayoritariamente controlada por el Estado.

Roberto Castello Branco, presidente de Petrobras nombrado por Bolsonaro, encara un proceso de desinversión y reducción de gastos operacionales de la compañía.

Branco quiere que la petrolera se enfoque en la explotación de petróleo y gas natural en aguas profundas en el sudeste de Brasil, abandonando otras líneas de producción, como el rubro fertilizantes.

La FUP, cercana al Partido de los Trabajadores (PT), comunicó que no abandonará la medida de fuerza pese al revés judicial. "La empresa no está aceptando dialogar con el movimiento huelguista, colocando sus plantas en riesgo de abastecimiento", dijo ayer a LA NACION un vocero de la FUP.

Cientos de trabajadores marcharon ayer en el centro de Río. Los sindicatos estiman que 121 unidades de producción, en 13 estados del país, están afectadas.

Petrobras dijo que está garantizada la producción de combustible, aunque no se sabe por cuánto tiempo más. La compañía aseguró que ninguna plataforma de producción, refinería o unidad de procesamiento de gas tuvo adhesión total a la protesta, y que contrató equipos de contingencia y trabajadores temporales para suplir tareas.

En las estaciones de servicio, no hay signos de desabastecimiento. Pero el titular de la Agencia Nacional de Petróleo, Décio Oddone, ya mostró su preocupación por el parate en la compañía, responsable de la producción de más del 90% del crudo brasileño.

La ANP dijo que está acompañando la huelga y que "tomará medidas" para garantizar el abastecimiento nacional en caso de que sea necesario, aunque no aclaró qué opciones se barajan.

El ambicioso programa de privatizaciones de Guedes no incluye a Petrobras, pero sí a activos secundarios y subsidiarias. Dos semanas atrás, en la mayor operación del mercado de acciones en la última década, el estatal Banco de Desarrollo vendió la mayor parte de sus acciones en Petrobras por cerca de 5200 millones de dólares.

Petrobras atraviesa un proceso de reestructuración y recuperación luego del golpe que significó la operación Lava Jato, que en 2014 reveló un esquema de pagos de coimas y desvío de dineros en contratos de la petrolera.

Tras años de pérdidas, la empresa recuperó beneficios en 2018 y 2019 al no intervenir en la formación de los precios de combustibles.