Una norma procesal que revierte la conducta del encubrimiento
ROMA.- "En una guerra siempre hay un momento en el que las cosas parecen empezar a tomar otro giro". Un monseñor que pidió el anonimato describió con estas palabras el significado que para muchos tiene el nuevo motu proprio de Francisco. La promulgación de Vos estis lux mundi, en efecto, es considerada por los sectores más comprometidos en la lucha contra la pedofilia un paso adelante crucial, una reforma histórica, que podría comenzar a dar vuelta el escándalo de abusos sexuales definido por algunos como el "11 de Septiembre de la Iglesia Católica".
"Por primera vez tenemos una ley universal que dispone la obligación de denuncia y protege a quien denuncia y que obliga a crear estructuras de escucha de casos de abusos en las diócesis de todo el mundo", subrayó el arzobispo maltés Charles Scicluna, máximo experto vaticano en este campo y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Scicluna, que investigó a los Legionarios de Cristo -orden religiosa conservadora mexicana intervenida luego de que se descubrieron los abusos y crímenes de su fundador, Marcial Maciel- y fue el enviado especial del Papa a Chile, explicó que el nuevo decreto no es una norma penal, sino una ley que establece procedimientos claros. Si bien en el pasado hubo investigaciones sobre casos de abuso, esta ley indica las etapas que hay que seguir en una investigación, lo cual es una señal clara de que también los obispos tienen que rendir cuentas y de que ya no tienen impunidad.
"Por primera vez se dice qué hay que hacer para denunciar, se indican los procedimientos y esto es algo que empodera a las comunidades a reaccionar cuando sus líderes (los obispos) no están a la altura de las situaciones", dijo Scicluna. De hecho, el nuevo decreto deja en claro que "nadie está por arriba de la ley".
"La gente tiene que saber que los obispos están al servicio de la gente, no están por arriba de la ley, y que si se manejan mal o se portan mal deben ser denunciados y sometidos a procedimientos como cualquier otro", aseguró Scicluna. "El Papa quiere que cuando haya problemas los hablemos. La ley deja en claro que quien habla debe ser protegido, quien sufre debe ser escuchado, bien recibido y bien tratado", subrayó.
El decreto también es el primero que en un artículo, el último (19), habla del cumplimiento de las leyes estatales e indica, negro sobre blanco, que "estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes". Algo que jamás había sido escrito en una ley del Vaticano y es otro punto considerado un giro radical.
Monseñor Juan Ignacio Arrieta Ochoa, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, aseguró que se trata de una ley "muy innovadora" que "pretende garantizar la información, la libertad para denunciar, proteger a las víctimas y a los denunciantes y también permitir que las investigaciones, también sobre obispos, puedan realizarse en el lugar donde sucedieron los hechos, para comprender mejor las circunstancias y para hacer participar el pueblo de Dios".
Es un secreto a voces que el motu proprio, que podría comenzar a revertir la guerra, tuvo mucha resistencia en la curia romana. "Sí, había gente con distintas opiniones, pero siempre en las grandes organizaciones, como la Iglesia, pasan estas cosas", dijo a LA NACION el cardenal estadounidense Blase Cupich, arzobispo de Chicago, considerado un impulsor del documento. "Pero cuando el Papa toma una decisión, todos tienen que seguirlo porque es la ley", concluyó.
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