Una sangría en constante aumento

La reciente ofensiva de las FARC -la más sangrienta de este año- es una prueba evidente de que el proceso de paz que intenta llevar adelante el presidente Andrés Pastrana transita por espirales de violencia en constante aceleración. Desde que se iniciaron formalmente las gestiones para intentar poner fin al conflicto armado, los insurgentes realizaron 250 ataques rurales y urbanos y mataron a 400 personas.

El año último los rebeldes atacaron 114 pueblos o pequeñas ciudades rurales, lo que representa el ocho por ciento de los 1075 municipios existentes en Colombia. En esas incursiones dieron muerte a 130 civiles e hirieron a otros 98. Entre estas víctimas no se cuentan los policías abatidos durante los combates.

En los ataques de 1999, 160 viviendas familiares fueron destruidas por completo, y otras 90 quedaron virtualmente inutilizadas. Asimismo, en los 114 pueblos golpeados por la guerrilla fueron reducidas a escombros otras tantas guarniciones policiales, 86 entidades crediticias, once alcaldías, doce sucursales de la empresa Telecom, cinco juzgados y dos templos católicos.

El Banco Agrario fue la entidad financiera que más pérdidas sufrió por los ataques de la insurgencia en 1999, pues 16 de sus edificios fueron demolidos con explosivos y más de dos millones y medio de dólares fueron robados de sus arcas por las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL), los tres grupos beligerantes mejor armados.

Las ofensivas más devastadoras del año último se produjeron hacia el fin de la primera quincena de diciembre. En 192 horas, las FARC atacaron 14 poblaciones en 7 departamentos y dieron muerte a 24 infantes de marina, 18 policías y cuatro civiles. En el mismo lapso, dinamitaron 200 torres de energía en Antioquia.

El costo de la guerra

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, el costo de la lucha armada le impide hoy al país generar beneficios económicos anuales por 1100 millones de dólares. Además, en un informe emitido a fines de 1999, el DNP señaló que "las pérdidas, el lucro cesante y la confrontación armada aíslan a Colombia de la competitividad y la convierten en una amenaza continental, debido a que la comunidad internacional insiste en que está de por medio el narcotráfico, que se convirtió en una importante fuente de financiación" de la guerrilla.

Según estimaciones oficiales, en los últimos cinco años la insurgencia recaudó en actividades ilícitas más de 2500 millones de dólares, y por negocios relacionados con el narcotráfico una cifra superior a los 1100 millones.

En la actualidad, Colombia destina el 2,5 por ciento de su PBI a seguridad y defensa, lo que significa 2700 millones de dólares anuales. Esta cifra excede el promedio del 1,7 por ciento que destinan a esos rubros la mayoría de los países de América latina. Entre 1991 y 1996, el gasto total de la guerra de guerrillas fue de sólo 3300 millones de dólares, pero esos gastos se dispararon en los últimos cuatro años.

Hoy, la aceleración de la espiral de violencia tiene una relación directa con el incremento de las ganancias de la guerrilla por actividades ilegales, en especial el narcotráfico. Para Colombia, el costo de la guerra es una sangría en aumento, y para la insurgencia, un simple valor agregado.