Una sociedad sin información creíble

Carlos Lauría
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5 de octubre de 2012  

En medio de una aguda polarización y una creciente tensión política cuando faltan horas para la elección presidencial, la sociedad venezolana carece de información objetiva y contextualizada sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía.

Existe gran incertidumbre sobre el futuro del vital sector energético y la industria de hidrocarburos, acentuada tras la explosión en la refinería de Amuay el 25 de agosto. La falta de una investigación y de información oficial hizo imposible analizar las responsabilidades políticas y evaluar si se adoptaron las medidas de prevención necesarias.

La dramática escalada de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos, tiene a buena parte de la población sumida en el miedo. Pero el gobierno no ofrece información ni estadísticas sobre la violencia.

Lo mismo se repite en otros órdenes, como los datos de la inflación, la contaminación del agua, la crisis en las cárceles y hasta la propia salud del presidente Hugo Chávez, que padece cáncer.

Son temas de interés público que tienen un fuerte impacto en la vida de miles de venezolanos. El gradual y constante debilitamiento de las instituciones luego de más de 13 años de gobierno de Chávez tiene efectos nocivos en la libertad de expresión y socava la capacidad de la prensa para informar sin interferencias.

La prensa privada no tiene acceso a fuentes oficiales, conferencias de prensa y ni siquiera puede ingresar a entidades públicas.

Con una política destinada a controlar el flujo informativo y restringir la crítica, en este período se clausuraron decenas de estaciones de radio por motivos políticos y se le negó la renovación de la concesión al canal de televisión más antiguo del país, RCTV.

Con la idea de establecer una "hegemonía comunicacional del Estado", el gobierno erigió una vasta red de medios, que sirve no sólo para transmitir propaganda sino como plataforma para lanzar ataques verbales y campañas de desprestigio.

Algunas de estas estrategias fueron emuladas por países como Ecuador, por ejemplo. Durante el mandato del presidente Rafael Correa, Ecuador sufrió un marcado deterioro de la libertad de expresión. La utilización de leyes restrictivas, las campañas de desprestigio contra los críticos y los juicios contra periodistas por difamación condujeron al país a una etapa marcada por las arbitrariedades y la intolerancia ante la crítica.

Distinta es la situación en la Argentina. La despenalización de la calumnia y la injuria y fallos a favor de la libertad de prensa dictados por la Corte Suprema marcan una diferencia con los dos países del ALBA. Preocupa, sin embargo, el sistema de premios y castigos a partir de la manipulación de la pauta publicitaria oficial, la estigmatización desde el poder a todos aquellos que presentan puntos de vista opuestos y la interpretación selectiva de la ley de medios orientada a desarticular al Grupo Clarín.

Como describe el reciente informe elaborado por la investigadora del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas Sara Rafsky, en la confrontación entre el gobierno de Cristina Kirchner y la prensa crítica, la credibilidad del periodismo está en juego. Mientras tanto, los ciudadanos están siendo despojados de fuentes objetivas sobre cuestiones de interés nacional.

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