Uno de cada tres latinoamericanos paga coimas por servicios públicos

Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en los últimos doce meses para acceder a servicios públicos básicos como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, pero que perjudica especialmente a los más pobres.

Según una encuesta de Transparencia Internacional realizada en 20 países de América latina, el 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno.

La mayor incidencia cae en la atención médica, con un quinto de los encuestados afirmando que pagaron sobornos para obtener el tratamiento adecuado, seguido de la educación y los trámites en tribunales.

Transparencia calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque añadió que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres.

"El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo el presidente de Transparencia, José Ugaz.

El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado.

¿Los más corruptos? Policías y políticos, según el 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay.

También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente.

"Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado", dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato "demuestra que la corrupción está ampliamente extendida" en la región.

Aún así, menos de uno de cada diez denuncian las irregularidades. "No es sorprendente" pues la "amenaza de una represalia violenta constituye un riesgo real", dijo Transparencia. De hecho, un 28% dijo haber sido sancionado tras hacer una denuncia por soborno.

Agencia AFP