Uruguay: impulsan el juicio político a la Corte
MONTEVIDEO (EFE).- Luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya declarara anteayer la inconstitucionalidad de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la última dictadura, el Movimiento de Participación Popular (MPP), del cual el presidente José Mujica es referente, decidió contraatacar.
Ayer, el MPP, una de las agrupaciones del bloque oficialista de izquierda Frente Amplio, anunció que impulsará el juicio político contra los miembros del tribunal y amenazó incluso con hacer una denuncia internacional.
A través de un comunicado en su página web, el MPP rechazó la sentencia y la calificó de "obstáculo en el camino de la búsqueda de la verdad y la justicia". Además, acusó a la SCJ de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la república".
Anteayer, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de una ley auspiciada en 2011 por el Frente Amplio que dejaba sin efecto el amparo dado a los militares por una legislación de 1986. Por cuatro votos contra uno, los ministros del tribunal entendieron que la imprescriptibilidad atentaba contra el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal.
El traspié judicial llegó en una semana complicada para Mujica: el jueves pasado, la SCJ también declaró inconstitucional la norma impulsada por el presidente que establecía el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
Como el polémico impuesto cosechó detractores dentro de su partido, Mujica pidió "cerrar filas" y dejar atrás las "majaderías" que no hicieron más que poner en evidencia las internas que hoy dividen al partido gobernante.
En tanto, varios miembros de la oposición expresaron ayer su respaldo a la SCJ y calificaron la iniciativa del MPP como un "atropello" a la justicia y a la voluntad popular, que ratificó la caducidad mediante dos referéndum, en 1989 y 2009.
Tras el fallo de ayer, la senadora oficialista y primera dama, Lucía Topolanski, también habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra el tribunal. Sin embargo, para hacerlo, el Frente Amplio necesita mayorías especiales en el Congreso que no tiene, por lo que debería contar con el apoyo de otras fuerzas.
Por la polémica sentencia, el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales convocaron ayer a una marcha en silencio para el próximo lunes en la Plaza Libertad, de Montevideo, ubicada frente a la SCJ.
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