Venezuela: la Justicia inhabilita políticamente a Guaidó por 15 años

La Contraloría General tomó esa medida tras acusarlo de inconsistencias patrimoniales
La Contraloría General tomó esa medida tras acusarlo de inconsistencias patrimoniales Fuente: Reuters
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28 de marzo de 2019  • 14:33

CARACAS.- El gobierno de Nicolás Maduro ajustó la mira contra el líder opositor Juan Guaidó y decretó su "inhabilitación" política, que le prohíbe ejercer cargos públicos por 15 años y que profundizó el choque entre las dos fuerzas que se disputan el poder en el país.

La sanción, rechazada de manera categórica por el líder opositor, reafirmó el desconocimiento mutuo de los dos contendientes en la pelea por Venezuela : Maduro, como dirigente "usurpador", según lo declaró la oposición, y Guaidó, como dirigente "inhabilitado", de acuerdo con la etiqueta del chavismo.

La medida de exclusión no corrió directamente por cuenta de Maduro, que cedió los honores a la Contraloría de Venezuela, que se encarga de revisar la gestión de organismos y funcionarios públicos.

La Contraloría resolvió "inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Guaidó por el período máximo establecido en la ley", dijo el contralor Elvis Amoroso, lo que se traduce en 15 años de veda política.

Según Amoroso, en sus declaraciones patrimoniales Guaidó no justificó gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior. "Ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio con un costo que supera los 310 millones de bolívares (94.000 dólares), sin justificar la fuente de ingreso", indicó.

"Cometió acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público", insistió Amoroso, y dijo que esas acciones permiten "imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos".

La Contraloría, en manos chavistas, había anunciado en febrero la apertura de una investigación en su contra por recibir financiamiento internacional, a la luz de una norma contra la corrupción. Amoroso pidió a la Fiscalía General que "ejerza las acciones correspondientes" y a la autoridad tributaria, fiscalizar a los hoteles donde se ha hospedado en el país Guaidó.

El gobierno de Maduro volvió así a apelar a la inhabilitación como arma de escarmiento a rivales directos. Por razones diferentes, el régimen chavista excluyó de la vida política a media docena de líderes opositores desde los años en que el fundador del movimiento, Hugo Chávez, manejaba los hilos del país (1999-2013), sin contar los presos políticos (ver aparte).

Además de presidente del Parlamento, Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela para convocar elecciones -como señala la Constitución- por medio centenar de países, entre ellos, casi toda América Latina, que consideran ilegítimo el período iniciado por Maduro el 10 de enero.

Miserables

Impasible, Guaidó desdeñó la maniobra como una decisión "miserable" que no tiene valor. "Hay que ser muy miserable para sacarse no sé de dónde a un personaje designado por una institución que no existe", afirmó sobre Amoroso.

"No es contralor. No lo es ni existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor", añadió, desafiante, y recordó que Amoroso fue nombrado por la Asamblea Constituyente, creada por Maduro.

"Hoy el régimen se dio cuenta de que yo viajé por el mundo. Se dieron cuenta tarde, porque ya construimos el apoyo del mundo. Yo sí viajé por el mundo. A mí sí me reciben, a diferencia de ustedes", afirmó sobre el reconocimiento internacional que se labró en estos últimos tres meses.

En este contexto, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela, integrado por ocho países europeos y cuatro latinoamericanos que promueven una salida electoral, denunció durante una cumbre en Quito la "arbitrariedad" de la sanción. "Esa decisión, que no considera el debido proceso, es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales" en Venezuela, señaló el grupo en su declaración de cierre.

Por su parte, Estados Unidos, uno de los principales artífices del frente internacional que busca la salida de Maduro, calificó, a través del vocero del Departamento de Estado, de "ridícula" la inhabilitación.

El nuevo capítulo de la pulseada política coincidió con un informe de la ONU sobre la catástrofe social venezolana, en el que señala que un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria. "La politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace más difícil la entrega de la ayuda en concordancia con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia", dice el reporte de 45 páginas.

Un historial de persecución a los opositores

Antonio Ledezma (exalcalde de Caracas)

  • Fue detenido en febrero de 2015, acusado de un intento de derrocar al gobierno. En agosto de 2017 huyó de la prisión domiciliaria y pidió asilo en España

Leopoldo López (exalcalde de Chacao)

  • En prisión desde febrero de 2015, está acusado de las muertes que se produjeron durante las marchas opositoras de febrero de 2014

María Corina Machado (exdiputada)

  • Pertenece a la misma agrupación de Ledezma. Fue expulsada de la Asamblea Nacional en 2014, tras las protestas

Henrique Capriles (excandidato presidencial)

  • El exgobernador de Miranda fue dos veces candidato a la presidencia. Fue inhabilitado por el chavismo para ocupar cargos públicos en 2017

Manuel Rosales (exgobernador de Zulia)

  • Fue el principal adversario de Chávez en los comicios de 2006. Pidió asilo en Perú en 2009. Al regresar en octubre de 2015 fue llevado a prisión hasta fines de 2016

Agencias AFP, AP y Reuters

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