Venezuela puede ser la tumba moral de la izquierda regional

La conformación de la Asamblea Constituyente abre una nueva etapa en la tormentosa vida venezolana. La Asamblea disolverá el Poder Legislativo y rediseñará las reglas del juego para consolidar el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Venezuela se transforma así en un régimen de partido hegemónico.

Esto acaba con cualquier pretensión democrática. Hace apenas tres meses, el presidente Maduro decretó unilateralmente el fin de la Constitución chavista de 1999. Sumiso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) forzó la elección de una asamblea en apenas 90 días.

Diseñada a medida y zurcida en pocas semanas, la elección tuvo forma irregular. Los partidos no pudieron presentar candidatos. Cerca del 40% de los ciudadanos pudo emitir un solo voto, pero algo más del 60% pudo emitir dos votos. El primer voto elegía un representante por municipio. El segundo elegía representantes corporativos (por ejemplo, representantes de jubilados). Los padrones sectoriales fueron confeccionados arbitrariamente por el gobierno.

El resultado es una Constituyente sin legitimidad popular. Una encuesta comisionada por la Universidad Católica Andrés Bello a fines de mayo indicaba que apenas el 5% de los venezolanos ve en la Asamblea una solución a la crisis. El CNE ha declarado que ocho millones de personas votaron el domingo. Los analistas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calculan que la participación fue de apenas 2,4 millones. Esto representa una abstención de entre el 60% y el 88% de los votantes, dependiendo de la fuente.

La fuga hacia adelante ideada por Maduro presenta así un serio dilema para sus aliados regionales, para sus opositores y para sus socios internos.

La izquierda democrática latinoamericana, representada por el Frente Amplio en Uruguay y el Partido de los Trabajadores en Brasil, se encuentra en una trampa. Poco queda del encanto de Hugo Chávez y el discurso antiimperialista ya no alcanza. Respaldar a Maduro significa apoyar a un gobierno que carga con más de 120 muertos en cuatro meses de protesta social. ¿Cómo defender una dictadura que viola derechos humanos? Venezuela puede ser la tumba de su credibilidad moral.

La oposición, agotada tras meses de movilización masiva, encuentra otro problema. Desde 2008, la MUD apostó por la estrategia electoral, alcanzando una mayoría sólida apenas en 2015. Este camino se ha cerrado. Sus líderes deben rediseñar una estrategia de oposición no-violenta en un contexto de creciente represión. Pero no será fácil contener a los sectores que creen en la resistencia armada. La acción violenta representaría un error moral y estratégico. Significaría jugar en la cancha que el régimen autoritario conoce mejor.

Dilema interno

Pero el dilema más grande se presenta dentro del chavismo. La elite bolivariana está dividida: el aislamiento internacional crece, la inflación supera el 700% anual y las prebendas se reducen. Es posible que estas disidencias internas se manifiesten sorpresivamente en la Constituyente, pero la incertidumbre es muy alta. Para reducir esta incertidumbre, el gobierno se verá obligado a fortalecer su dependencia de los militares e incrementar la represión.

La política venezolana ha retrocedido así a los años 50. La última vez que se produjo una situación similar fue en 1957, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez, violando la Constitución que había impuesto cuatro años antes, forzó un plebiscito para mantenerse en el poder. Seis semanas después, los militares lo derrocaron.

El autor es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh

Aníbal Pérez-Liñan