Venezuela: una decisión de la Justicia amenaza el referéndum

La Comisión Nacional Electoral puso en duda la validez de un millón de firmas
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26 de febrero de 2004  

CARACAS.- La tensión política entre el gobierno y la oposición aumentó ayer en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera colocar "en observación" más de un millón de firmas recolectadas por la oposición para respaldar un referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez.

La opositora Coordinadora Democrática (CD) calificó de "estafa" la decisión del CNE, cuya autoridad desconoció, a la vez que llamó a su "resistencia pacífica" y auguró "una crisis institucional generalizada". Por su parte, el gobierno acusó a la oposición de intentar un tercer golpe de Estado contra Chávez.

El CNE, que debe certificar si el número de firmas obtenidas es suficiente para activar el referéndum, anunció anteanoche que quedarían "en observación" 148.190 planillas con 1.185.520 firmas y huellas dactilares de personas cuyos datos figuran escritos por terceros.

El presidente del CNE, Francisco Carrasquero, explicó que la decisión no implica que las firmas "serán anuladas", sino que fueron puestas en duda por el directorio y que ahora hará falta una verificación más precisa, porque se presume que fueron hechas por una misma persona.

Sin embargo, la Coordinadora, que asegura haber recogido 3,4 millones de firmas, dio por hecho que las rúbricas dudosas serán anuladas. Si es así, la oposición no habrá alcanzado el mínimo de 2,4 millones de rúbricas (20% del electorado) constitucionalmente requerido para la celebración del referéndum.

"Desconocemos la autoridad institucional y política de la mayoría oficialista del Consejo Electoral, que se ha colocado de espaldas a la Constitución y el pueblo", declaró el vocero principal de la CD, Enrique Mendoza. Agregó que el "24 de febrero de 2004 pasará a la historia como el día de la estafa" y llamó a efectuar "acciones de resistencia pacífica frente a las órdenes de las autoridades".

En lo que llamó "el refirmazo", la oposición recolectó más de tres millones de firmas entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2003. Meses antes había recogido más de dos millones de firmas, en el "firmazo", pero fueron invalidadas por la justicia electoral. El referéndum es la última de las vías a las que ha apelado la oposición venezolana para forzar la renuncia de Chávez, tras un paro general de más de dos meses entre 2002 y 2003 y el intento de golpe de Estado de abril de 2002.

En principio, la oposición anunció que hoy protestará frente a las embajadas de países del Grupo de los 15 (G15) -cuyos presidentes se reúnen desde hoy hasta pasado mañana en Caracas- y que mañana realizará una gran manifestación, tras la cual entregará un documento a esos mandatarios. Las principales entidades que agrupan a los empresarios y los trabajadores de Venezuela anunciaron que apoyarán dichas protestas.

Por su parte, los partidarios de Chávez anunciaron manifestaciones en los próximos días, con el lema "ponle rostro al fraude" -que aseguran cometió la oposición en la recolección de firmas contra el mandatario-, y una gran concentración para el domingo próximo, cuando la CNE anunciará los resultados preliminares de la verificación de firmas.

Advertencia de EE.UU.

En respuesta a las declaraciones de la oposición, el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, alertó sobre un supuesto nuevo intento de "golpe de Estado" contra el gobierno y exhortó a la comunidad internacional a "pronunciarse" al respecto.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, observadores internacionales en el proceso de referéndum, señalaron que "consideran legítima la preocupación en el sentido de que es preciso determinar si una persona ha firmado por otra".

A su vez, la OEA y el Centro Carter reiteraron su respeto a "la autonomía de las decisiones del CNE".

En tanto, el Departamento de Estado norteamericano dio ayer a Venezuela la calificación de "pobre" en materia del respeto a los derechos humanos y dijo que "muchos simpatizantes" del mandatario venezolano interpretaron su discurso político como una "tácita aprobación de la violencia" y agredieron físicamente a sus opositores.

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