Washington colabora con la Argentina

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24 de marzo de 2000  

WASHINGTON.- El gobierno de los Estados Unidos no sólo reactivó la investigación del asesinato de Orlando Letelier, para determinar el grado de responsabilidad de Augusto Pinochet, sino que aceptó colaborar con la justicia argentina en un caso emparentado, que también complica al ex dictador chileno.

La jueza María Servini de Cubría, a cargo de la causa por la muerte de Carlos Prats en la Argentina, consiguió después de más de dos años de gestiones que la secretaria de Justicia de los Estados Unidos le permitiera tomar testimonio a Michael Townley.

Townley, un ex agente de la policía secreta que operó durante el régimen de Pinochet, fue condenado por el asesinato de Letelier, que ocurrió en Washington, en 1976, y se encuentra desde entonces bajo el régimen de protección de testigos.

Prats, que fue comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Allende, había sido asesinado en 1974 en Buenos Aires. Al igual que Letelier, que fue canciller de Allende, el general murió dentro de un auto, con el estallido de una bomba.

En ambos casos están buscando ahora determinar la responsabilidad de Pinochet, y la jueza Servini solicitó en agosto último al ex dictador chileno que designe a un abogado para que lo represente en la causa, según revela el capítulo sobre Chile del último informe de derechos humanos del Departamento de Estado.

Casos emparentados

"El caso de Letelier y de mi padre están tremendamente relacionados, porque las personas responsables son las mismas", dijo María Angélica Prats, la hija del general asesinado, a La Nación a fines de 1999, cuando Servini empezó a recibir colaboración del gobierno norteamericano.

Un vocero del Departamento de Estado informó ayer a La Nación que la embajada de los Estados Unidos en Chile presentó en septiembre último a las autoridades chilenas el pedido de colaboración que había emitido la secretaria de Justicia para reactivar el caso de Letelier, que es considerado un acto terrorista.

Para la misma época se produjo el primer viaje de Servini de Cubría a Washington, que tuvo que volver a la Argentina y gestionar el dinero que habían solicitado los abogados de Townley para cubrir los gastos del testimonio (más de 10.000 dólares).

La jueza se manejó de manera muy discreta y eludió los contactos con la prensa, pero una fuente inobjetable reveló ayer que finalmente Townley declaró a fines del año último.

Muchos datos novedosos sobre el caso Prats (por el cual se encuentra preso el ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel) figuran en el informe de 1999 sobre derechos humanos que el Departamento de Estado difundió el mes último.

El documento recuerda que la causa se reactivó en 1992 a pedido de la familia Prats, que también solicitó que fueran acusados Pinochet y varios miembros de la DINA, entre ellos Manuel Contreras y Pedro Espinoza, ambos condenados por el asesinato de Letelier.

La jueza envió a mediados de agosto último "un pedido oficial a Pinochet (que entonces se encontraba preso en Londres) para que designara a un abogado", dice el informe, y consigna que Servini aceptó incluir a Contreras y a Espinoza como acusados. Ahora falta que resuelva si también sienta en el banquillo a Pinochet.

Exhumación

SANTIAGO (EFE).- Cinco cuerpos con heridas de bala que podrían pertenecer a desaparecidos durante la dictadura chilena fueron hallados en las últimas horas en una fosa común del cementerio general de Concepción.

Los huesos fueron exhumados por un equipo del Servicio Médico Legal, dirigido por el juez Juan Guzmán, que instruye el sumario por las 76 querellas presentadas contra Pinochet.

Los peritos están excavando desde el lunes en dos de las cuatro fosas comunes del cementerio, situado a 515 kilómetros al sur de Santiago, y hasta ahora hallaron más de un centenar de cuerpos de los 855 que se calcula que hay allí

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