La crisis política crea dudas sobre el futuro de la cultura

Víctor Hugo Ghitta
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23 de diciembre de 2001  

Un temor profundo aguijonea el ánimo de los hombres de la cultura: nadie sabe a ciencia cierta qué destino aguarda a los organismos nacionales, virtualmente acéfalos tras la caída del presidente.

Son muchos los motivos que provocan ese sentimiento de incertidumbre. El primero de ellos es una cuestión de fondo que enseña la terca historia argentina: los administradores recién llegados al poder a menudo no dudan en destituir funcionarios de un plumazo ni en modificar dramáticamente las políticas trazadas con paciencia durante años, por mejores que hayan sido los resultados obtenidos en el terreno artístico o eficaz la administración. Es una reacción inmediata y compulsiva que no suele atender éxitos ni fracasos.

Es probable que la designación de un presidente interino por sesenta días no contribuya precisamente a aliviar esos temores.

Todo lo contrario, despertó sospechas de que los hombres públicos repitan prácticas que son muy habituales en la cúspide del poder: el apresurado nombramiento de funcionarios, muchas veces destinado a favorecer intereses partidarios o personales; la imposición de políticas fugaces sin sustento alguno y garabateadas de apuro; el impulso de contrataciones que favorecen actos de corrupción.

En la mañana de ayer, José Miguel Onaindia, director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, puso su renuncia a disposición de las nuevas autoridades aun cuando éstas no habían asumido sus funciones. No sería extraño que con esa decisión temprana el funcionario haya querido antes cumplir con una formalidad que elegir un destino.

El caso de Onaindia es de algún modo ejemplar: cualquier persona sensata, salvo que se deje llevar por intereses espurios, dudaría mucho en desplazar al administrador ordenado que en los últimos años favoreció la producción independiente aun en medio de una industria devastada y que llevó al cine argentino a los escritorios de los principales empresarios de la distribución internacional, devolviéndole sus mejores posibilidades comerciales.

Pero todo es posible en una sociedad cuyas autoridades tantas veces son ganadas por la vanidad y los personalismos.

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En la media tarde del viernes, cuando era un hecho el regreso al poder del peronismo, quienes siguen de cerca la evolución de la política de medios se preguntaban qué decisiones tomarán las nuevas autoridades sobre Canal 7 o aun sobre el Sistema de Medios Públicos, una de las iniciativas más firmes (y también más controvertidas) llevadas a cabo por Darío Lopérfido.

En conversaciones privadas, aunque raramente en público, incluso los adversarios más encarnizados del ex secretario admiten que durante su gestión la emisora estatal alcanzó un interesante perfil artístico y dio señales de una saludable independencia periodística en su área informativa.

Los temores de que las flamantes autoridades tuerzan ese rumbo son fundados. El viejo peronismo y el menemismo festivo nunca entendieron los medios estatales como parte de una red de información pública; antes bien, advirtieron en ellos una ansiada herramienta para la difusión escandalosa de los actos de gobierno, cuando no un bolsón de corrupción.

Los ejemplos de esa concepción arcaica y venal tuvieron nombre y apellido durante la era menemista: primero el eterno Gerardo Sofovich y más tarde Horacio Frega pusieron a la emisora al servicio del ensalzamiento de la figura presidencial y favorecieron negocios dudosos.

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El abanico de organismos sobre los que deberá decidir el nuevo secretario de Cultura es amplio. Pero será sin duda estrecho su margen de maniobra en medio de una emergencia social y económica cuya gravedad inusitada tenderá a desplazar cualquier decisión de política cultural a un segundo plano, a la espera de momentos de menor dramatismo.

A esa dificultad se sumará otra de orden presupuestario. Si hasta ahora la ley de déficit cero impidió que el Palacio de Hacienda transfiriera los recursos inicialmente acordados a los organismos culturales, es muy probable que esas partidas sufran un recorte adicional durante la elaboración del presupuesto 2002.

En las dependencias culturales se agita con fuerza ese temido fantasma. Nadie duda de que una reducción más vasta (aunque resulte a primera vista inevitable) herirá de muerte a los organismos menores (los coros o las bibliotecas populares, por ejemplo) y conducirá a la agonía a instituciones tales como el Teatro Cervantes o la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay, incluso, situaciones pendientes: Daniel Larriqueta, el designado director del Cervantes, aún no había podido asumir el cargo cuando la tempestad social se abatió sobre el país.

"Es un razonamiento típico de los peores totalitarismos", solía decir Darío Lopérfido toda vez que los sectores más conservadores del establishment político sugerían que la producción cultural era un hecho suntuario en medio de la crisis. La última vez que dejó caer esa idea fue cuando el ex ministro Cavallo impuso una fuerte carga impositiva a los espectáculos públicos. Ese razonamiento le permitió a Lopérfido conseguir algunas adhesiones en los círculos progresistas, pero jamás un solo peso. Acaso sea una síntesis de los tiempos que vendrán.

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