Marihuana legal en Uruguay: balance de las primeras semanas

“Los que están para inscribirse al cannabis hagan cola a la derecha”, pide con toda naturalidad un policía uniformado dentro de una sucursal céntrica montevideana del correo, a cinco días de inaugurada la venta oficial de cannabis recreativo. El trámite es sencillo: apenas hay que mostrar el documento, una constancia de domicilio -puede ser la factura de la luz- y dejarse tomar las huellas dactilares por medio de un escáner. En menos de 5 minutos, el ciudadano uruguayo (no se le vende a turistas) mayor de 18 años queda habilitado para comprar porro en farmacias, a razón de hasta 40 gramos por mes, a un precio aproximado de 1.30 dólares el gramo.

Parece una de esas ideas salidas de un colocón de faso (“¿Te imaginás que vendan esto en las farmacias?”), pero, en Uruguay, el proyecto cobró fuerza de la mano de ONGs como ProDerechos y jóvenes legisladores progresistas, además del respaldo de Pepe Mujica, hasta materializarse el pasado 19 de julio.

“Hace 20 años, no se nos cruzaba por la cabeza que esto pudiera pasar”, dice el sociólogo Sebastián Aguiar, coordinador de Monitor Cannabis, una plataforma de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que informa a la ciudadanía sobre la implementación de la regulación del cannabis en Uruguay. “Incluso después de anunciado, seguía pareciendo una fantasía”. De hecho, la medida fue anunciada tres años atrás, como tercer paso de una regularización que ya había permitido el autocultivo y los clubes cannábicos, pero demoró en concretar su etapa más controversial y difícil de ejecutar. Sobre todo teniendo en cuenta que debía ponerse en marcha bajo el mandato del actual presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y reticente a la herencia marihuanera de Mujica.

En un país donde el número de fumadores se estima en cerca de 160.000, estos pueden elegir inscribirse para solo una de estas tres modalidades excluyentes y, más allá de lo que podría suponerse, el número de anotados todavía dista de ser mega masivo. Incluso llamó la atención, al menos en un principio, que la cantidad de “adquirentes” (como se denomina desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a los que compran el porro en farmacias), no superara las 5.000 personas. “El desarrollo de una relación de confianza en el sistema va a llevar un tiempo, y es lógico”, dice Raquel Peyraube, una médica argentina radicada en Uruguay, especialista en uso problemático de drogas, y una de las impulsoras de la legalización. “Venimos de un consumo que estuvo estigmatizado durante décadas, y de repente pasamos a registrarnos con las huellas dactilares para comprar cannabis en farmacias. Es un cambio muy abrupto.”

“La vía de la farmacia la propuso el gobierno: la sociedad civil iba más por los otros métodos”, dice Clara Musto, criminóloga e integrante de ProDerechos, analizando los motivos de la cautela inicial de los fumadores ante el flamante sistema. “La farmacia no deja de ser un entorno raro para un fumador de porro.” Todo parece indicar que los consumidores más acérrimos habían optado por plantar, ya sea por cuenta propia (hay 6934 autocultivadores registrados, con un máximo de seis plantas que den hasta 480 gramos al año) o de manera colectiva (hay 63 clubes de membresía inscriptos).

También están, y en gran número, los que se resisten a “caer en listados del gobierno”, como manifiesta Andrés C. de 39 años, consumidor de marihuana desde hace 25, quien sigue prefiriendo hacerse de sus cogollos “por medio de algún amigo o conocido que vende sin burocracia de por medio”. Otros celebraron la medida, pero al mismo tiempo cuestionaron sus formas, como es el caso del rapero Fernando Santullo, vocalista de la banda local Peyote Asesino: “Para mí, está bien todo lo que se hizo, salvo por dos cosas. Primero, el tope de consumo. Y segundo, crear un registro de consumidores. Creo que son dos medidas que se contradicen con el espíritu liberalizante del cambio”.

Por otra parte, puede que la oferta del cannabis gubernamental aún no reúna las condiciones para seducir a los usuarios más sibaritas del rubro. El mismo se expende por ahora en dos variedades –índica y sativa–, ambas con un porcentaje muy leve de THC (2%), y ha sido descripto unánimemente como “rico” aunque “suave” en sus efectos. El módico precio, al que el Estado le descuenta el IVA de modo de hacerlo competitivo con el mercado negro, fue apreciado como un punto a favor. “A mí me sirve estar anotado para pegar a fin de mes, cuando lo que compro habitualmente me queda muy caro. La diferencia es que, con el faso de las farmacias, me tengo que fumar un porro entero, mientras que, con el otro, con dos secas ya estoy puesto”, explica Juan S. fumador regular de 32 años.

Un dato no menor es que, tras los primeros doce días de ventas, el número de inscriptos escaló a 9163, generando las mencionadas colas en las oficinas de correo. La mayoría de las 16 farmacias habilitadas se vieron obligadas a reponer su stock (pueden tener hasta un máximo de dos kilos). Esto, sumado a que todo se viene desarrollando en paz, llevó a que otras farmacias empiecen a ver con buenos ojos la posibilidad de sumarse a un negocio que reditúa 30% de ganancia. “Además, son clientes potenciales que van a comprar porro pero también pueden llevarse aspirinas, desodorante o lo que sea”, dice Aguiar. Para un proyecto que tiene como uno de sus principales fines arrebatarle parte del mercado al narcotráfico, las cifras empiezan a ser alentadoras. “Se calcula que lo que van a consumir anualmente los inscriptos hasta la fecha ya equivale al 26% de lo que se fuma en Uruguay”, dice el sociólogo. “No soy fan de que el Estado se meta en esto, pero me encanta ver que funcione.”

Fermín Solana