Antes de las elecciones 2026: la fecha clave en California en la que más de 200 mil migrantes perderían Medi-Cal

Con la entrada en vigor de la nueva normativa federal, más de 200 mil migrantes en California podrían perder el beneficio de Medi-Cal antes de las elecciones generales, que se realizarán en noviembre de 2026. La modificación está diseñada para entrar en vigor el 1° de octubre, y dejaría fuera de la cobertura a personas asiladas, refugiados y otros extranjeros con permiso legal.

Este año, los votantes de California elegirán un nuevo gobernador el martes 3 de noviembre, pero antes de esa fecha, cientos de miles de migrantes podrían perder la cobertura de sus beneficios de salud. La nueva normativa federal limita la financiación de Medicaid, que en el estado es conocida como Medi-Cal.

Además, modifica la elegibilidad para el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) para personas no ciudadanas. Desde el 1° de octubre, muchos beneficiarios que tienen permiso para permanecer en el país podrían quedar fuera de la cobertura completa financiada con fondos federales.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), entre los migrantes que perderían la cobertura figuran:

• Personas con asilo aprobado.
• Refugiados.
• Personas con permiso de permanencia temporal (parole) por al menos un año.
• Beneficiarios de protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
• Víctimas de trata de personas.
• Afganos y ucranianos admitidos bajo programas especiales.
• Personas con suspensión de deportación.
• Otros inmigrantes con presencia legal que no encuadren en las categorías que conservarán el financiamiento federal.

La nueva normativa surge de los cambios impuestos por la ley H.R.1, conocida también como “One Big Beautiful Bill”. Esta legislación estableció un recorte presupuestario a nivel nacional que impactó en distintos programas federales, como Medi-Cal o el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Los siguientes grupos de personas continuarán con la cobertura vigente desde el 1° de octubre en California:

• Ciudadanos estadounidenses.
• Nacionales de Estados Unidos.
• Residentes permanentes legales (titulares de green card).
• Inmigrantes cubanos o haitianos admitidos bajo categorías específicas.
• Migrantes amparados por los acuerdos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).

El comunicado de los CMS señala que existen tres excepciones clave donde el financiamiento federal seguirá disponible independientemente de las nuevas restricciones:

• Medicaid de Emergencia: servicios necesarios para tratar una condición médica de emergencia.
• Opción CHIPRA 214: cobertura para niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en EE.UU., si el estado eligió esta opción.
• Iniciativas de Servicios de Salud (HSIs): programas diseñados para mejorar la salud de niños de bajos ingresos.

Ante los cambios establecidos a nivel federal, los estados deberán seguir una serie de pasos antes de modificar o finalizar el plan de las personas que puedan verse afectadas por los cambios:

• Comprobar electrónicamente el estatus migratorio de los solicitantes mediante las bases de datos federales utilizadas para la verificación de ciudadanía y situación migratoria.
• Solicitar documentación complementaria cuando la verificación electrónica no resulte suficiente y otorgar al beneficiario un plazo razonable para presentar la información requerida antes de adoptar una medida adversa.
• Analizar toda la información y documentación aportada por el beneficiario, incluida cualquier actualización o cambio reciente en su situación migratoria que pueda influir en la determinación de elegibilidad.
• Evaluar si la persona reúne los requisitos para acceder a otros servicios disponibles, antes de reducir beneficios o finalizar la inscripción en el programa.
• Mantener la cobertura cuando se verifique que el beneficiario continúa con una categoría migratoria elegible.
• Notificar previamente cualquier reducción o cancelación de la prestación.
• Garantizar el acceso a los mecanismos de revisión y apelación, incluidos los procedimientos administrativos previstos para impugnar una decisión antes de que la medida se haga efectiva.

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