La ley SB54 que se aplica en California con la intención de blindar a los migrantes contra la policía local
La medida establece un límite estricto para impedir que los presupuestos y el personal sean utilizados en operativos de control federal
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LA NACION
En 2017, California aprobó la SB54 o California Values Act, que redefinió el alcance de actuación de policías, cárceles y organismos estatales frente a los procesos migratorios, además de establecer restricciones específicas sobre qué información puede compartirse y en qué circunstancias se puede cooperar con agencias federales.
Qué establece la SB54 en California sobre cooperación migratoria
De acuerdo con el texto oficial de la ley SB54, aprobado el 5 de octubre de 2017, la legislación prohíbe que agencias policiales estatales y locales utilicen dinero, recursos o personal para realizar tareas de control migratorio.
La ley define que las fuerzas de seguridad locales no pueden investigar, interrogar, detener ni arrestar personas con fines vinculados a la aplicación de leyes federales de inmigración.
Entre las actividades restringidas aparecen varias prácticas que hasta ese momento podían derivar en cooperación directa con autoridades migratorias federales, como:
- Consultar el estatus migratorio de una persona.
- Retener individuos únicamente por pedidos migratorios federales.
- Compartir fechas de liberación de detenidos, salvo excepciones específicas.
- Entregar información personal, como domicilios particulares o laborales.
- Participar en arrestos basados en órdenes civiles de inmigración.
- Transferir detenidos a autoridades migratorias sin orden judicial o causales previstas por la ley.
- Reservar espacios exclusivos dentro de cárceles o dependencias policiales para agentes migratorios federales.
El texto también impide que agentes estatales actúen como oficiales migratorios bajo programas federales y limita la posibilidad de que autoridades de inmigración sean utilizadas como intérpretes dentro de investigaciones locales.
Las excepciones previstas en la norma sobre cooperación migratoria
La normativa permite cierto nivel de cooperación cuando una persona fue condenada por delitos graves o violentos contemplados en el Código Penal de California o cuando existen órdenes judiciales relacionadas con delitos federales migratorios.
La ley enumera una extensa lista de delitos que habilitan excepciones. Entre ellos aparecen:
- Homicidios y delitos que provoquen lesiones graves.
- Secuestro.
- Violación y otros delitos sexuales.
- Trata de personas.
- Robo y allanamiento.
- Delitos vinculados a pandillas.
- Delitos con armas de fuego.
- Lavado de dinero.
- Tortura.
- Delitos de odio.
- Violencia doméstica grave.
- Algunos delitos vinculados al narcotráfico.
Además, la legislación permite compartir antecedentes penales cuando exista autorización bajo la legislación estatal y habilita la participación en grupos conjuntos de investigación entre agencias estatales y federales, siempre que el objetivo principal no sea la aplicación de leyes migratorias.
Escuelas, hospitales y tribunales: cómo los alcanza la ley migratoria de California
Uno de los aspectos más amplios de la SB54 es que no se limita exclusivamente a departamentos policiales. La ley ordenó al fiscal general de California elaborar políticas modelo destinadas a reducir la cooperación con tareas migratorias en distintos espacios públicos.
Esas políticas debían aplicarse en:
- Escuelas públicas.
- Bibliotecas públicas.
- Hospitales y centros de salud administrados por el estado.
- Tribunales.
- Refugios.
- Oficinas laborales estatales.
La intención declarada fue garantizar que esos lugares aún fueran accesibles para todos los residentes, sin importar su situación migratoria.
Restricciones en cárceles y prisiones para agentes de ICE por la ley migratoria de California
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación quedó obligado por esta ley a informar a los detenidos cuando agentes de ICE soliciten entrevistarlos por posibles violaciones migratorias civiles.
Según la ley, antes de cualquier entrevista, el detenido debe recibir un formulario escrito donde se explique:
- Que la entrevista es voluntaria.
- Que puede negarse a participar.
- Que tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado.
Ese formulario debe estar disponible en inglés, español, chino, tagalo, vietnamita y coreano.
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