CIDH preocupada por transgresiones a derechos fundamentales en Cuba, Nicaragua y Venezuela
LA NACION
MIAMI (AP) — La separación de poderes se ha debilitado en los países de las Américas y ha impactado a las instituciones democráticas, al mismo tiempo que persisten retos para enfrentar al crimen organizado, restricciones a las protestas y a la libertad de expresión, y el uso desproporcionado de la fuerza, dijo el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su reporte anual de más de 1.200 páginas, la CIDH abordó la situación de los derechos humanos en cada uno de los países, pero dedicó un capítulo especial a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en los que no ha notado progreso sino más bien un deterioro de los derechos fundamentales.
“Son los que nos preocupan hace mucho tiempo y, sin embargo, la situación no ha cambiado,” expresó a la AP la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak. “Se mantienen los niveles de violencia, violaciones de derechos humanos y debilidad de la democracia”.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dedicado a supervisar y promover el respeto a los derechos humanos en las Américas. Su informe incluye un panorama integral de la situación regional y, si bien no tiene fuerza de ley, sus diagnósticos y recomendaciones son acogidos por funcionarios de gobierno, organizaciones cívicas y jueces al momento de tomar decisiones.
El reporte advierte sobre una “gran preocupación” por la situación en Cuba, “que no observa mejorías”. Señala que en la nación caribeña se registran “vulneraciones” a los derechos a la libertad e integridad personal, “restricciones arbitrarias” al derecho de sufragio y de participación de gobierno, y a la libertad de expresión.
Prevalecen además, señala el reporte, violaciones a las garantías al debido proceso y limitaciones indebidas al derecho de tránsito.
En Cuba y Nicaragua, “se han mantenido los niveles de violencia, de hostigamiento, de persecución a la oposición política”, dijo Pochak.
Las autoridades cubanas no respondieron de inmediato un pedido de comentarios efectuado por la AP. En el pasado han rechazado acusaciones sobre violaciones a derechos humanos y han expresado que se trata de campañas politizadas alentadas por Estados Unidos para presionar un cambio de modelo.
El informe indicó que en Nicaragua hay una “persistencia en la represión y la instrumentalización de todo el aparato estatal” con el fin de “suprimir a largo plazo cualquier espacio de pluralismo, expresión, expresión de fe, disenso y participación democrática”.
El reporte dijo también que la represión se ha extendido más allá de los opositores políticos y sus familias, a simpatizantes del gobierno, funcionarios y la población en general. Como ejemplos, señaló detenciones arbitrarias, despidos, restricciones para entrar y salir del país, “que buscan imponer el sometimiento de la sociedad nicaragüense bajo un clima de miedo, vigilancia y persecución”.
El gobierno de Nicaragua no respondió de manera inmediata un pedido de información de la AP.
El gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión desde que reprimió las masivas protestas callejeras en 2018. El presidente Daniel Ortega ha sostenido que las protestas fueron orquestadas y apoyadas por gobiernos extranjeros con el objetivo de derrocarlo.
Desde entonces, Ortega y la primera dama Rosario Murillo han perseguido sistemáticamente las voces disidentes. Cientos de opositores políticos fueron encarcelados y posteriormente exiliados, privados de su ciudadanía y bienes. Decenas de miles de nicaragüenses huyeron a Costa Rica. Medios de comunicación independientes fueron clausurados y sus bienes confiscados. Miles de organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas y decenas de sacerdotes católicos se han visto obligados a abandonar el país.
Ortega y Murillo afirman que todos han sido traidores al país que trabajan para socavar al gobierno a instancias de potencias extranjeras.
La situación en Venezuela “se ha agravado por las serias irregularidades” en el proceso electoral que han “debilitado aún más la institucionalidad democrática”, dijo la vicepresidenta de la CIDH. Como ejemplo, mencionó la desaparición de personas en un contexto de falta de transparencia e independencia en el proceso electoral, y lo comparó a las prácticas de terrorismo de Estado en otros países de décadas atrás.
El reporte indicó que “la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad guiada por la separación e independencia de poderes públicos” sigue siendo el mayor desafío para el respeto y la garantía de los derechos humanos en Venezuela.
El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado repetidamente violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha denunciado el supuesto “uso descarado” del tema como “herramienta de agresión política”.
Las denuncias de violaciones humanos, según el gobierno venezolano, son alentadas por la oposición para “desestabilizar” al país.
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Los periodistas de la AP Jorge Rueda, en Caracas, Christopher Sherman, en México, y Andrea Rodríguez, en La Habana, contribuyeron con esta información.
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