Corte Suprema de EEUU escucha demanda de México contra fabricantes de armas
LA NACION
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el martes argumentos en una demanda de 10.000 millones de dólares que México presentó contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, alegando que sus prácticas comerciales han alimentado la violencia armada de los cárteles.
Los fabricantes rechazan esas afirmaciones. Apelaron a la Corte Suprema para anular un fallo que permitió que la demanda avanzara, a pesar de que la ley estadounidense protege en gran medida de las demandas a los fabricantes de armas.
Dependiendo de cómo falle la corte, esto también podría afectar un camino legal estrecho que ayudó a las familias del tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook a asegurar un acuerdo de 73 millones de dólares con el fabricante Remington.
Aquí está lo que se debe saber sobre el caso:
México tiene estrictas leyes de armas y solo cuenta con una tienda donde las personas pueden comprar armas de fuego legalmente. Sin embargo, los poderosos cárteles de las drogas introducen miles de armas al país.
El gobierno mexicano afirma que el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda sostiene que las empresas sabían que las armas eran vendidas a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.
Los acusados incluyen a fabricantes de renombre como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. La demanda aún se encuentra en sus primeras etapas, y si la corte se pone del lado de México, aún tendría que probar las acusaciones.
Los fabricantes afirman que no hay evidencia de que la industria permita el tráfico y discrepan con los datos de México sobre cuántas armas se originan en Estados Unidos. Argumentan que es responsabilidad del gobierno mexicano, y no de los fabricantes de armas estadounidenses, hacer cumplir las leyes y combatir el crimen.
La industria está protegida de la mayoría de las demandas civiles que surgen de crímenes cometidos con armas de fuego bajo una ley de hace 20 años, aunque México ha argumentado que no se aplica a los crímenes cometidos fuera de Estados Unidos.
Las empresas de armas están pidiendo a los magistrados que anulen un fallo de la corte de apelaciones que permitió que el caso avanzara.
La Corte de Apelaciones del 1er Circuito determinó que el caso caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que las empresas de armas son acusadas de violar la ley a sabiendas.
Esa excepción ha surgido en otros casos.
Las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en Sandy Hook argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas violó la ley estatal en la comercialización del fusil AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 estudiantes de primer grado y seis educadoras.
La Corte Suprema se negó a escuchar ese caso. Después de alcanzar el acuerdo de 73 millones de dólares, las familias dijeron que esperaban que esto condujera a más seguridad y responsabilidad.
Dependiendo de cómo se pronuncien los magistrados, sus hallazgos finales podrían estrechar o cerrar ese camino legal.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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