Corte Suprema no muestra prisa en petición de Trump sobre tema de ciudadanía por nacimiento

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos parece no tener prisa por abordar un tema que ha irritado tanto a gobiernos republicanos como demócratas: la capacidad de un solo juez para bloquear una política nacional.

Los jueces federales, en respuesta a una avalancha de demandas, han detenido o ralentizado una medida tras otra del gobierno del presidente Donald Trump, desde los intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento hasta congelamientos del gasto nacional e internacional.

Si bien varios magistrados han expresado su preocupación por el uso de lo que se denominan órdenes judiciales nacionales o universales, la alta corte ha eludido múltiples solicitudes para hacer algo al respecto.

La última petición llega en forma de un recurso de emergencia que el Departamento de Justicia presentó ante la corte la semana pasada, buscando limitar las órdenes emitidas por jueces en Maryland, Massachusetts y Washington que prohíben la aplicación nacional de una orden ejecutiva firmada por Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento.

Los magistrados generalmente ordenan a la otra parte en un recurso de emergencia que responda en unos pocos días o una semana. Pero en este caso, han establecido un plazo del 4 de abril, sin ofrecer ninguna explicación.

¿Qué son las órdenes judiciales nacionales o universales?

La práctica estándar en los tribunales de Estados Unidos es que un juez emite una orden que sólo otorga a las personas que demandaron lo que desean. Como su nombre indica, las órdenes judiciales nacionales van mucho más allá de las partes en un caso y se aplican en todas partes y a todos los que podrían verse afectados.

Hay una disputa académica sobre cuándo se emitieron las primeras órdenes judiciales nacionales, pero no hay desacuerdo en que comenzaron a aumentar en frecuencia durante el gobierno de Barack Obama y desde entonces su número ha aumentado.

Una razón para el incremento de estas amplias órdenes puede ser un alza correspondiente en la acción ejecutiva.

En 2015, por ejemplo, un juez en Texas bloqueó el programa del entonces presidente Obama para proteger a los padres inmigrantes de niños estadounidenses luego que el Congreso no logró aprobar una reforma migratoria. Poco después que Trump asumiera el cargo por primera vez, los jueces inicialmente detuvieron su imposición de restricciones de viaje a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

Buscando jueces para obtener un resultado

Sarah Harris, la principal abogada interina del gobierno de Trump para argumentar casos ante la Corte Suprema, describió un gran defecto en estas órdenes judiciales con efecto universal. “Años de experiencia han demostrado que el Poder Ejecutivo no puede desempeñar adecuadamente sus funciones si cualquier juez en cualquier lugar puede prohibir cada medida presidencial en todas partes”, escribió Harris en el recurso de emergencia sobre la ciudadanía por nacimiento.

Su predecesora en el gobierno de Joe Biden, la abogada general Elizabeth Prelogar, abordó un tema similar en los documentos presentados ante la alta corte el año pasado, señalando que “el gobierno debe prevalecer en cada demanda para mantener su política en vigor, pero los demandantes pueden bloquear un estatuto o regulación federal a nivel nacional con sólo una victoria en un tribunal de primera instancia”.

El problema se ha exacerbado por la tendencia de los conservadores a buscar jueces afines en Texas, Luisiana y Missouri, al tiempo que que los liberales presentan demandas en tribunales más favorables en Massachusetts, California y Nueva York.

“Ves algo así y piensas, eso no puede ser correcto”, dijo la jueza Elena Kagan en 2022. “En los años de Trump, la gente solía ir al Distrito Norte de California, y en los años de Biden, van a Texas. No puede ser correcto que un juez de distrito pueda detener una política nacional en seco y dejarla congelada durante los años que toma pasar por el proceso normal”.

¿Son legales las órdenes judiciales nacionales?

Al menos dos magistrados, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, han dejado claro que piensan que la respuesta es no. Varios otros han sugerido que las órdenes judiciales plantean preguntas que la corte podría responder algún día.

Samuel Bray, profesor en la Facultad de Derecho de Notre Dame, es una voz destacada que argumenta que los jueces no tienen poder para emitir órdenes judiciales nacionales. Los límites al poder de un juez permanecen incluso frente a una política evidentemente inconstitucional, indicó Bray.

Esa restricción se aplica incluso en los casos de ciudadanía por nacimiento, escribió Bray en el blog Divided Argument. “Cualquier medida ilegal del presidente debería ser rechazada por las cortes federales. Pero deberían rechazarla como lo hacen los tribunales: un caso a la vez, con remedios para las partes”, escribió, citando los comentarios de Kagan.

Las personas que impugnan la orden ejecutiva podrían presentar una demanda colectiva, que tendría una aplicación más amplia. De hecho, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a defensores de la inmigración y a individuos en un caso en Nueva Hampshire le dijo a un juez que la ACLU estaba considerando una acción colectiva a nivel nacional.

Pero el abogado del grupo, Cody Wofsy, señaló lo que podría suceder en el ínterin, si la Corte Suprema acepta la solicitud del gobierno. “Los niños estarán expuestos a todos los daños de los que hemos hablado de inmediato”, advirtió.

Amanda Frost, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, piensa que la Corte Suprema podría estar abierta a abordar el problema más amplio en algún momento porque los jueces imponen órdenes judiciales nacionales con demasiada frecuencia.

Pero la ciudadanía por nacimiento sería un tema terrible para hacerlo, dijo Frost. “Crearía una carga para las personas en un momento de sus vidas en que están entrando en la sala de parto... Y luego se crearía un mosaico en todo Estados Unidos, incentivando a las mujeres embarazadas a irse a un estado que reconozca la ciudadanía por nacimiento”.

Agregó: “Una piensa en el caos que eso generaría”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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