Cuatro grupos piden a CIDH que intervenga por migrantes detenidos en El Salvador

Cuatro organizaciones estadounidenses pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga contra la detención en El Salvador de cientos de migrantes expulsados por Estados Unidos, informaron estos grupos el viernes.

El 15 de marzo el presidente estadounidense, Donald Trump, invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos de la banda Tren de Aragua a una megaprisión de El Salvador.

El país centroamericano se prestó a encarcelarlos, en su mayoría en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.

Trump estima que el Tren de Aragua está involucrado en "acciones hostiles" y "amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos". Su gobierno también expulsó a El Salvador a migrantes de otras nacionalidades a los que acusa de ser "criminales".

Un juez federal de Texas consideró "ilegal" el uso que el presidente Trump hace de la ley del siglo XVIII.

La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales.

Cuatro grupos (la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Consejo de Litigios Estratégicos Globales y Robert F. Kennedy Human Rights) solicitan una intervención "de emergencia" de la CIDH "contra El Salvador".

La iniciativa, llevada a cabo en nombre de más de una docena de familias, denuncia el caso de "cientos de personas sometidas a desapariciones forzadas a partir del 15 de marzo y trasladadas desde Estados Unidos en virtud de un acuerdo secreto con el gobierno de (el presidente salvadoreño Nayib) Bukele".

"Son unas 288 personas pero como todo es tan opaco y no hay un ningún tipo de transparencia pueden ser más", declaró a la AFP Isabel Carlota Roby, abogada para América Latina de Robert F. Kennedy Human Rights.

"Estamos pidiendo medidas cautelares" y queremos "que sea lo más expedito posible porque la situación es grave e inminente", añadió.

Se trata, según Blaine Bookey, directora legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados, de que la CIDH solicite información al Estado y tome medidas "para evitar daños irreparables".

Las recomendaciones de la Comisión no tienen carácter vinculante, pero El Salvador tiene obligaciones "en virtud de los convenios regionales de derechos humanos" de los que forma parte, explicó Bookey a la AFP.

Los abogados de varios de los expulsados acusan a la administración de haber detenido a sus clientes por sus tatuajes.

erl-mav/atm

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