EEUU: Republicanos avanzan con proyecto de ley que obliga a los votantes a demostrar su ciudadanía
LA NACION
WASHINGTON (AP) — La principal legislación electoral de los republicanos del Congreso exigiría a los votantes demostrar su ciudadanía al registrarse, lo que suscita preocupación entre los funcionarios electorales estatales sobre cómo se aplicaría y quién pagaría por ello.
En entrevistas recientes, secretarios de gobierno de ambos partidos expresaron su desconfianza hacia los legisladores federales que crean reglas electorales estatales y hacia los costosos nuevos procedimientos que vendrían con ellas, incluyendo la recolección y almacenamiento de documentos sensibles. También criticaron una disposición que permitiría sanciones civiles o penales contra cualquier funcionario electoral que registre a alguien sin evidencia de ciudadanía.
La secretaria de gobierno de Maine, Shenna Bellows, dijo que no existe una base de datos federal que los estados puedan usar para confirmar el estatus de ciudadanía de una persona. Los funcionarios electorales describieron las bases de datos mantenidas por la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional como poco confiables.
“Las personas razonables pueden estar de acuerdo en que solo los ciudadanos deberían votar en nuestras elecciones”, dijo Bellows, demócrata. “Si quieren que probemos la ciudadanía, entonces necesitan construir la infraestructura para que eso suceda”.
Con la insistencia del presidente Donald Trump, se espera que los republicanos de la Cámara avancen rápidamente en la legislación, conocida como la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Americano (Ley SAVE). Un requisito de prueba de ciudadanía se incluyó en un paquete de proyectos de ley prioritarios que pueden eludir el comité y dirigirse directamente a una votación en el pleno. Eso podría suceder tan pronto como esta semana, aunque las perspectivas del proyecto en el Senado son inciertas dada la probable oposición demócrata.
Los funcionarios electorales estatales dijeron que generalmente apoyan medidas para garantizar que solo los ciudadanos de Estados Unidos voten, un tema que típicamente involucra una pequeña fracción de las boletas y es más a menudo un error individual que un intento intencional y coordinado de subvertir una elección. Los debates se centran en gran medida en cómo lograrlo de la mejor manera, si la responsabilidad debe recaer en el votante o si el gobierno federal debería hacer un mejor trabajo proporcionando a los estados datos confiables para verificar el estatus de ciudadanía.
“Cada vez que hay legislación federal, tengo preocupaciones, especialmente cuando los federales hablan de cosas que los estados típicamente hacen de año en año, de día a día”, dijo el secretario de gobierno de Kansas, Scott Schwab, republicano. “Solo porque pienses que funcionará en tu estado no significa que funcionará en el estado de los demás”.
Los republicanos en el Congreso han dicho que el proceso actual para registrar votantes está lleno de lagunas que han permitido que personas que no son ciudadanos de Estados Unidos voten en elecciones pasadas y se basa en un sistema en el que los votantes firman un juramento de que son ciudadanos.
Antes de las elecciones de 2024, Trump impulsó afirmaciones sin evidencia de que tales personas podrían votar en números lo suficientemente grandes como para influir en el resultado. De hecho, el voto de no ciudadanos es raro y puede llevar a cargos de felonía y deportación.
Desde su victoria en noviembre, Trump ha seguido presionando para que se introduzcan cambios en la forma en que se celebran las elecciones, incluida la obligación de acreditar la ciudadanía.
La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, una republicana que supervisa las elecciones en su estado, dijo que estaba preocupada por la intromisión federal y la falta de apoyo que necesitarán los estados para hacer que funcione el proyecto de ley.
“Definitivamente no debería ser cuestión de encarcelar a los trabajadores electorales o a los secretarios de gobierno o a los secretarios del condado por registrar accidentalmente a un no ciudadano para votar cuando no tenemos herramientas adecuadas para verificar la ciudadanía”, dijo.
Otra preocupación es la financiación. El proyecto de ley no incluye una asignación, dejando a los estados cubrir los costos de su implementación. El dinero federal para las elecciones ha sido durante mucho tiempo un punto de controversia para algunos funcionarios electorales.
“Si hablas con la gran mayoría de los funcionarios electorales, te dirán que la inversión federal en nuestras elecciones es muy necesaria, especialmente si la gente en el Congreso va a hablar de cosas como la Ley SAVE, que solo aumentará los costos de llevar a cabo elecciones y aumentará la supervisión e involucramiento federal en nuestras elecciones”, dijo la secretaria de gobierno de Michigan, Jocelyn Benson, demócrata.
Los grupos de defensa de los derechos de los votantes han dicho que las mujeres casadas que han cambiado su nombre podrían tener problemas para registrarse bajo la Ley SAVE porque su certificado de nacimiento presenta su apellido de soltera.
Esos grupos también han criticado el requisito del proyecto de ley de que las personas proporcionen documentos en persona, diciendo que eso podría ser un desafío para las personas en partes rurales del país donde visitar una oficina electoral podría requerir un largo viaje y tomar tiempo libre del trabajo.
Bajo el sistema de registro actual, a quienes buscan registrarse se les pide que proporcionen ya sea un número de licencia de conducir estatal o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y se les dirige a firmar un juramento en el que afirman que son ciudadanos de Estados Unidos. Algunos estados requieren un número completo de Seguro Social.
Los republicanos dicen que los estados pueden agregar personas a las listas de votantes incluso si no proporcionan esa información y que algunos no ciudadanos pueden recibir números de Seguro Social y licencias de conducir. La legislación detalla documentos que podrían probar la ciudadanía, incluyendo una licencia de conducir conforme a REAL ID, un pasaporte o un certificado de nacimiento.
También permite a los estados establecer una forma para que los votantes proporcionen otros documentos de apoyo. Solo alrededor del 50% de los estadounidenses tienen un pasaporte, y la adopción de REAL ID ha sido lenta. A partir de enero de 2024, aproximadamente el 56% de las licencias de conducir e identificaciones en Estados Unidos eran conformes a REAL ID, según datos recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional.
Actualmente, ocho estados tienen leyes que exigen prueba de ciudadanía para los votantes, mientras que los legisladores en 17 estados han presentado legislación este año para agregar ese requisito, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Las experiencias han sido mixtas. En Kansas, donde un requisito de prueba de ciudadanía estuvo en vigor durante tres años, el propio experto del estado estimó que casi todas las aproximadamente 30.000 personas que fueron impedidas de registrarse para votar durante ese tiempo eran ciudadanos de Estados Unidos elegibles para votar.
El secretario de gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, republicano, ha dicho que su estado ha tenido éxito en establecer un sistema con la agencia de vehículos motorizados del estado para verificar la ciudadanía. Él y otros 20 secretarios de estado republicanos enviaron una carta la semana pasada pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que mejore su base de datos y elimine las tarifas por su uso.
El secretario de gobierno de Arizona, Adrian Fontes, demócrata, describió los datos federales como “totalmente poco confiables” y señaló un problema en su estado, que durante años ha buscado implementar un requisito de prueba de ciudadanía a nivel estatal. Una auditoría estatal reciente reveló casos en los que los pasaportes de Estados Unidos podrían no probar la ciudadanía porque los nacionales de Estados Unidos –aquellos nacidos en territorios de Estados Unidos– son elegibles para pasaportes pero no son elegibles para votar en las elecciones estadounidenses.
“Tenemos tantos problemas que resolver y una comprensión tan pobre de nuestras propias leyes que creo que un cambio masivo como este es simplemente problemático”, dijo Fontes. “No creo que el Congreso se haya tomado el tiempo para preguntar a las personas que realmente hacen este trabajo si lo que están proponiendo es viable en primer lugar. Y eso es peligroso, especialmente cuando se criminalizan algunas de estas actividades”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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