Funcionarios: Trump aún no presenta pruebas sólidas de que barcos atacados llevaban drogas

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump sigue sin proporcionar al Congreso evidencias que demuestren que las presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas que fueron atacadas por el ejército de Estados Unidos en realidad transportaban narcóticos, indicaron dos funcionarios federales al tanto del asunto el miércoles.

A medida que la frustración bipartidista en torno a los ataques va en aumento, el Senado llevó a votación el miércoles una resolución de poderes de guerra que requeriría que el presidente reciba la autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques militares contra los cárteles.

El ejército ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas, incluidos tres que afirmó que partieron desde Venezuela. Los ataques han cobrado la vida de 21 personas, según informes.

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a tocar el tema públicamente, comentaron que el gobierno únicamente se ha referido a los videos desclasificados de los ataques que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han publicado en redes sociales y aún no ha presentado "pruebas contundentes" de que las embarcaciones transportaban drogas.

La Casa Blanca no ha explicado por qué ha destruido embarcaciones en algunos de los casos, mientras que en otros se ha apegado a los procedimientos habituales de detener barcos y confiscar drogas, resaltó uno de los funcionarios.

En un memorando retroactivo justificando uno de los ataques el mes pasado, el gobierno declaró a los cárteles del narcotráfico como "combatientes ilegales" y dijo que Estados Unidos se encuentra actualmente en un "conflicto armado" contra ellos.

La declaración ha planteado serias preguntas sobre cómo es que Trump pretende usar sus poderes de guerra.

También ha sido percibida por varios senadores como un intento por establecer un nuevo marco legal para llevar a cabo acciones letales y ha planteado dudas sobre el papel del Congreso en autorizar cualquier acción de este tipo.

El gobierno presenta videos como prueba

Al ser cuestionado sobre la falta de pruebas subyacentes proporcionadas al Congreso, el Pentágono mencionó el miércoles los videos de los ataques, los cuales no confirman la presencia de drogas.

El Pentágono también destacó las declaraciones públicas de Hegseth, incluida una publicación en redes sociales tras el último ataque, en la que dijo: "Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y estaban operando en una conocida ruta de narcotráfico".

Los legisladores han expresado su frustración con el hecho de que el gobierno ha ofrecido pocos detalles sobre cómo llegó a la decisión de que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles o incluso detallando qué organizaciones criminales considera como "combatientes ilegales".

El senador Angus King, independiente por Maine, dijo el miércoles que a él y a otros miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado se les negó el acceso esta semana a una opinión legal del Pentágono sobre si los ataques a los barcos se apegaban a las leyes de Estados Unidos.

Sus comentarios se produjeron durante una audiencia de confirmación para Joshua Simmons —un asesor legal del secretario de Estado Marco Rubio— para ser el próximo abogado general de la CIA. Durante la audiencia, Simmons se negó a decir si había participado en alguna deliberación sobre los ataques a los cárteles en el Caribe, diciendo que cualquier consejo legal que le haya dado a Rubio o a cualquier otro funcionario federal habría sido confidencial.

Durante una audiencia en el Senado el martes, la secretaria de Justicia Pam Bondi fue presionada sobre qué le ha aconsejado a Trump para poder justificar legalmente los ataques. Ella respondió: "No voy a discutir ningún consejo legal que mi departamento pueda o no haber dado o emitido bajo la instrucción del presidente".

Un funcionario de la Casa Blanca insinuó que los legisladores no estaban siendo honestos con sus críticas y que el gobierno federal ha sido "mucho más abierto" con la justificación legal que la presidencia del demócrata Barack Obama cuando llevó a cabo ataques contra milicianos en Oriente Medio.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a comentar públicamente, dijo que miembros de alto rango del Pentágono han llevado a cabo seis sesiones confidenciales con el Congreso para informar sobre las operaciones.

Funcionarios del gobierno han argumentado que los ataques son actos necesarios de autodefensa, mientras los cárteles envían drogas hacia Estados Unidos que, según dicen, provocan miles de muertes en el país.

Si bien Venezuela produce cocaína, la mayor parte de ella es enviada a Europa. Son pocos los que impulsan los ataques Trump ha evitado en gran medida los procesos interinstitucionales tradicionales al formular su estrategia para llevar a cabo ataques contra los cárteles del narcotráfico, según los funcionarios federales y una persona al tanto del asunto que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir el tema. Un pequeño grupo de altos funcionarios del gobierno —incluidos Rubio, el subsecretario de Estado Christopher Landau y el asistente de Trump Stephen Miller— ha impulsado la realización de los ataques, aseguraron los funcionarios. Desde sus días como senador, Rubio ha abogado por adoptar una línea más dura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado de cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos, incluidos narcoterrorismo y asociación delictuosa para importar cocaína. Este año, el Departamento de Justicia duplicó una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a US$50 millones, acusándolo de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo". Trump ha centrado su atención en la pandilla venezolana Tren de Aragua, la cual asegura que sirve como "frente" para Maduro, y afirmó que había miembros del grupo a bordo del primer barco que fue atacado el mes pasado. No se han publicado detalles sobre las supuestas afiliaciones en los otros tres ataques. Maduro asumió un tercer mandato de seis años en enero a pesar de que existen pruebas creíbles de que perdió las elecciones del año pasado. El gobierno de Estados Unidos, junto con varias otras naciones occidentales, no reconoce la victoria de Maduro y en su lugar señala las actas de votación recopiladas por la coalición opositora que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen superior a dos a uno. Diplomacia en pausa Sin embargo, al principio de su mandato Trump mandó al enviado especial Richard Grenell a Caracas para reunirse con Maduro.

Seis estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela fueron liberados por el gobierno venezolano durante esa visita.

Pero los esfuerzos diplomáticos con Caracas prácticamente han quedado suspendidos en los últimos meses y Grenell ha estado marginado en gran medida, aseguraron la persona al tanto del asunto y un colaborador del Congreso, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a comentar públicamente.

Maduro afirma que los ataques contra las embarcaciones son un intento por socavar su autoridad e intentar fomentar disturbios que lleven a su destitución del poder.

El Departamento de Estado rechazó la noción de que el gobierno haya estado involucrado en algo más que una operación contra el narcotráfico.

"Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses y queremos ver que se le lleve ante la justicia", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado. "Estados Unidos está involucrado en una operación contra los cárteles del narcotráfico y cualquier afirmación de que nos estamos coordinando con alguien en algo que no sea este esfuerzo dirigido es completamente falsa".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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