Juez de Nueva York bloquea la revocación del estatus de protección a migrantes haitianos

Un juez de Nueva York suspendió la orden del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a más de 520.000 haitianos vivir en Estados Unidos.

El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición "extraordinaria".

El juez Brian Cogan indicó que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) actuó ilegalmente para acelerar la expiración de las protecciones legales, que se habían prorrogado hasta febrero de 2026 bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

La administración Trump anunció en febrero la cancelación de ese aplazamiento.

Golpeado por un devastador terremoto en 2010 y otro en 2021, Haití ha sufrido durante décadas inestabilidad política y, más recientemente, una creciente violencia por parte de pandillas y grupos armados.

La semana pasada el DHS anunció que las deportaciones comenzarían a inicios de septiembre, con el argumento de que la situación en Haití "ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a sus hogares con seguridad".

No obstante, ese Departamento desaconseja actualmente a los estadounidenses viajar a Haití "debido a los secuestros, la delincuencia, los disturbios civiles y la limitada atención sanitaria".

Mientras tanto, la ONU ha advertido del aumento de la inestabilidad en la nación caribeña, con casi 1,3 millones de personas obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia de las pandillas.

La decisión del juez ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo el 23 de junio que permite la reanudación las deportaciones de migrantes en situación irregular a países de los que no son originarios, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones.

Cogan dijo que, no obstante, su orden es legal, ya que se basa en el ámbito de una ley procesal, no abordada por la sentencia del máximo tribunal.

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