Jueza considera obligar al gobierno de EEUU a prestar ayuda alimentaria pese al cierre

BOSTON (AP) — Una jueza federal en Boston expresó dudas el jueves sobre el argumento de la administración Trump de que la ayuda alimentaria debe ser suspendida debido al cierre del gobierno.

Durante una audiencia sobre una solicitud de 25 estados liderados por demócratas para mantener el flujo de fondos, la jueza Indira Talwani dijo a los abogados que si el gobierno no puede costear el programa, hay un proceso a seguir en lugar de simplemente suspender todos los beneficios. "Los pasos implican encontrar una manera equitativa de reducir los beneficios", expresó Talwani, quien fue nominada al tribunal por el expresidente Barack Obama.

Talwani manifestó que espera emitir un fallo más tarde el jueves y parecía inclinarse hacia requerir que el gobierno destine miles de millones de dólares en fondos de emergencia para el programa conocido como SNAP. Eso, dijo, es su interpretación de lo que el Congreso pretendía cuando se agotan los fondos de una agencia.

"Si no tienes dinero, te aprietas el cinturón", comentó en la corte. "No vas a hacer que todos caigan muertos porque hay un juego político".

Talwani reconoció que incluso ordenar fondos de emergencia para pagar SNAP podría ser doloroso para algunos beneficiarios porque podría significar que reciban menos dinero y que el dinero que reciban podría retrasarse. "Estamos lidiando con una realidad en la que, a menos que obtengan una victoria del 100%, los beneficios no estarán disponibles el 1 de noviembre", dijo a los demandantes.

La audiencia se llevó a cabo dos días antes de que el Departamento de Agricultura planeara congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, argumentando que no puede continuar financiándolo debido al cierre.

El programa, que cuesta alrededor de US$8000 millones al mes, atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza importante de la red de bienestar social del país. La noticia en octubre de que cerraría el 1 de noviembre hizo que los estados, bancos de alimentos y beneficiarios de SNAP se apresuraran a encontrar cómo asegurar alimentos. Algunos estados dijeron que gastarían sus propios fondos para mantener versiones del programa en funcionamiento.

La administración indicó que no se le permitía usar un fondo de contingencia con alrededor de US$5000 millones para el programa, lo que revirtió un plan del departamento de agricultura de antes del cierre según el cual ese dinero se utilizaría para mantener SNAP en funcionamiento. Los demandantes —fiscales generales estatales demócratas o gobernadores de 25 estados, así como el Distrito de Columbia— argumentaron que no solo se puede usar ese dinero de contingencia, sino que se debe usar.

Destacaron que también se podría recurrir a un fondo separado con alrededor de US$23.000 millones.

Aunque solicitaron que la financiación continuara solo en sus jurisdicciones, la jueza indicó que cualquier fallo se aplicaría a nivel nacional.

Gran parte de la audiencia giró en torno a lo que el Congreso pretendía hacer cuando la agencia se queda sin dinero para el programa. Talwani rechazó el argumento de la administración Trump de que suspender los beneficios era la mejor opción, diciendo que usar fondos de emergencia para los beneficios, aunque reducidos, parecía tener más sentido.

"Me cuesta entender que esto no sea una emergencia, cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus beneficios de SNAP", señaló.

Los abogados del gobierno federal argumentaron que los demandantes quieren que los beneficios de SNAP se distribuyan en su totalidad, lo que sería "una violación flagrante de la Ley Antideficiencia, un estatuto penal que prohíbe a Estados Unidos asumir tal obligación sin una apropiación".

El abogado del gobierno, Jason Altabet, argumentó en la corte que proporcionar beneficios reducidos sería "perturbador y dañino" para el sistema.

En sus presentaciones judiciales, el gobierno fue más allá. Argumentó que los pagos parciales requerirían que los estados recalcularan los beneficios, "involucrando cambios de sistema complicados y procesos dictados por estatuto y regulación" que tomarían semanas.

Los demandantes argumentaron en su demanda que no mantener la financiación de SNAP era ilegal, arbitrario y caprichoso, y les causaría un daño irreparable. Enfatizaron que cortar los beneficios "causaría un deterioro de la salud pública y el bienestar" de los beneficiarios, y que esos costos serían asumidos por los estados.

"Con la suspensión de los beneficios de SNAP, las necesidades nutricionales de millones de niños en edad escolar en los estados demandantes no se cumplirán", escribieron los demandantes. "Los niños hambrientos tienen más dificultades para prestar atención, comportarse y aprender en la escuela. Los estados tendrán que dedicar recursos estatales adicionales, incluidos gastos de atención médica y recursos educativos adicionales, para abordar estos desafíos".

También argumentaron que más de 100.000 comerciantes en sus estados que dependen de los beneficiarios de SNAP se verían perjudicados, especialmente alrededor del Día de Acción de Gracias.

No está claro cuán rápido se podrían recargar las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos después del fallo. Ese proceso a menudo toma de una a dos semanas.

Para calificar para SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro no puede exceder la línea de pobreza federal, que es de aproximadamente US$31.000 al año.

El año pasado, SNAP proporcionó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con niños, según la demanda.

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Mulvihill reportó desde Haddonfield, Nueva Jersey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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