Jueza federal ordena a la policía local suspender la aplicación de la ley de inmigración de Florida

MIAMI (AP) — Una jueza federal dijo el martes a los abogados del estado de Florida que una orden que congela la aplicación de una nueva ley estatal de inmigración era aplicable para todas las agencias policiales del estado, a pesar de una carta reciente del fiscal general del estado que indicaba lo contrario.

La jueza Kathleen Williams dijo durante una audiencia en Miami que tenía planeado emitir una orden preliminar contra un estatuto estatal que convierte en delito menor que los migrantes sin permiso legal ingresen a Florida evadiendo a los agentes de inmigración.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la iniciativa en febrero como parte de las labores del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El pasado 4 de abril Williams emitió una orden de restricción por 14 días, poco después de que Florida Immigrant Coalition y otros grupos con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) presentaron su demanda. La jueza posteriormente extendió la orden por otros 11 días después de enterarse de que la Patrulla de Caminos de Florida había arrestado a más de una docena de personas, incluido un ciudadano estadounidense. La denuncia afirma que la nueva ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al invadir funciones federales.

Durante la audiencia del martes, Williams le preguntó a Jeffrey DeSousa, quien representa a la Fiscalía General de Florida, por qué el fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió la semana pasada un memorando dirigido a las agencias policiales en el que indicaba que no necesitaban cumplir con la orden de Williams.

DeSousa dijo que la postura de su oficina es que la orden de un juez sólo es aplicable a las partes mencionadas en la demanda en proceso. Williams preguntó qué sentido tendría permitir que los agentes policiales arrestaran a las personas sin una causa probable cuando los fiscales no tenían permitido procesarlas, a lo que DeSousa no tuvo una respuesta clara.

DeSousa también argumentó que los grupos de inmigrantes que presentaron la demanda podrían haber nombrado a cada agencia policial de manera individual, en lugar de sólo al fiscal general de Florida, al procurador estatal y a los 20 miembros de la fiscalía estatal de Florida.

El abogado de la ACLU, Oscar Sarabia Roman, señaló que no habría sido práctico nombrar en su demanda a cada una de las 373 agencias policiales del estado. Agregó que la orden de la jueza debería tener la autoridad para evitar que la policía local aplique la nueva ley.

Después de que Williams extendió su orden el 18 de abril, Uthmeier envió un memorando a los policías locales y estatales en donde les señaló que se abstuvieran de aplicar la ley, aunque no estaba de acuerdo con ella. Pero cinco días después, envió otro memorando en el que señaló que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía evitar que los agentes de policía locales aplicaran la ley. No se ha informado dearrestos adicionales desde el segundo memorando de Uthmeier.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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