Jueza frena planes de despidos masivos del gobierno de Trump en agencia de protección al consumidor
LA NACION
WASHINGTON (AP) — El intento del presidente estadounidense Donald Trump de despedir a casi todos en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) fue pausado el viernes por una jueza federal, quien dijo estar "profundamente preocupada" por el plan.
La decisión deja en el limbo a una oficina creada después de la Gran Recesión para proteger a los consumidores contra el fraude, el abuso y las prácticas engañosas. Los funcionarios del gobierno de Trump argumentan que ha excedido su autoridad y debería tener una misión más limitada.
El jueves, los funcionarios del gobierno se preparaban para despedir a aproximadamente 1.500 personas, dejando alrededor de 200 empleados, a través de una reducción de personal que cambiaría drásticamente la oficina.
Sin embargo, la jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, dijo que le preocupaba que los despidos violaran su orden anterior de detener al gobierno republicano de cerrar la CFPB. Ha estado considerando una demanda presentada por un sindicato de empleados que quiere preservar la oficina.
Jackson programó una audiencia para el 28 de abril para escuchar el testimonio de los funcionarios que trabajaron en la reducción de personal.
"Estoy dispuesta a resolverlo rápidamente, pero no voy a permitir que esta reducción de personal avance hasta que lo haya hecho", expresó.
Es el ejemplo más reciente de cómo los planes de Trump han enfrentado obstáculos jurídicos mientras trabaja para remodelar el gobierno federal, diciendo que está plagado de fraude, despilfarro y abuso. Otros despidos y políticas han sido objeto de litigios intermitentes y órdenes judiciales.
La CFPB ha frustrado durante mucho tiempo a las empresas con su supervisión e investigaciones, y el asesor de Trump, Elon Musk, la convirtió en uno de sus principales objetivos de su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Mark Paoletta, el principal asesor legal de la CFPB, escribió en una declaración judicial que "las actividades de la oficina han excedido con creces los límites de la ley", incluyendo lo que describió como "expediciones de pesca intrusivas y despilfarradoras".
Dijo que los funcionarios han pasado semanas desarrollando "una visión mucho más limitada para las actividades de aplicación y supervisión" con una "operación más pequeña y eficiente".
Algunas de las responsabilidades de la CFPB son requeridas por ley, pero solo tendrían una persona asignada bajo el plan de la administración Trump.
Se prevé que la división de aplicación se reduzca de 248 a 50 empleados. La división de supervisión enfrenta una reducción aún mayor, de 487 a 50, además de una reubicación de Washington al sureste del país.
Antes de la audiencia del viernes, los abogados del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro presentaron una declaración jurada de un empleado de la CFPB identificado solo por el seudónimo Alex Doe. El empleado dijo que Gavin Kliger, un miembro de DOGE, estaba gestionando el equipo de RIF de la agencia encargado de enviar los avisos de despido.
"Mantuvo al equipo despierto durante 36 horas seguidas para asegurarse de que los avisos salieran ayer", dijo el empleado. "Gavin estaba gritando a las personas que no creía que estuvieran trabajando lo suficientemente rápido para asegurarse de que pudieran salir en este cronograma comprimido, llamándolos incompetentes".
El director de operaciones de la oficina, Adam Martinez, le dijo a la jueza que cree que Kliger es un empleado de la Oficina de Gestión de Personal asignado a la CFPB y que no trabaja directamente para DOGE.
Jackson dijo que requerirá que Kliger asista y posiblemente testifique en la audiencia del 28 de abril. Dijo que quiere saber por qué estaba allí "y qué estaba haciendo".
"No vamos a decidir qué sucedió hasta que sepamos qué sucedió", manifestó Jackson.
El empleado con seudónimo dijo que los miembros del equipo expresaron preocupaciones de que la oficina tenía que realizar una "evaluación particularizada" antes de poder implementar un RIF. Paoletta les dijo que ignoraran esas preocupaciones y avanzaran con los despidos masivos, agregando que "el liderazgo asumiría el riesgo", declaró el empleado.
Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las preguntas sobre la decisión de la jueza o la declaración judicial del empleado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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