Migrantes son informados que serán enviados a Libia, dicen abogados mientras impugnan deportaciones
LA NACION
WASHINGTON (AP) — Autoridades estadounidenses informaron a algunos migrantes que tenían planeado deportarlos a Libia, un país del que no son originarios y que tiene un historial de violaciones a los derechos humanos, señalaron abogados el miércoles. Un juez determinó que no pueden ser deportados sin primero tener la oportunidad de impugnar la medida ante un tribunal.
El conflicto se produce en momentos en que el gobierno de Estados Unidos avanza con sus planes de llevar a cabo deportaciones a gran escala, incluidos esfuerzos para enviar a migrantes a otro país que no sea el suyo. El ejemplo más controvertido de las llamadas deportaciones a terceros países ha sido el envío de venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Deportar a personas a Libia, un país con un historial documentado de abusos a migrantes, sería una importante escalada en los impulsos del gobierno federal para que terceros países reciban a personas expulsadas de Estados Unidos.
Un funcionario federal dijo a primera hora del miércoles que había planes para enviar a migrantes a Libia en un avión militar, pero no tenía detalles sobre cuándo se llevaría a cabo el vuelo del C-17. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de discutir operaciones militares.
Abogados de inmigración afirman que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) informaron a algunos de sus clientes, entre los que hay personas originarias de Vietnam, Laos y Filipinas, que iban a ser deportados a Libia. A otros se les dijo que serían enviados a Arabia Saudí, dijeron.
El martes a primera hora, Agentes del ICE reunieron a seis personas que están detenidas en el sur de Texas y les dijeron que debían firmar un documento en el que aceptaban ser deportadas a Libia, dijeron abogados de inmigración que representan a personas oriundas Vietnam, en un documento presentado ante la corte, mencionando los reportes de familiares de los detenidos .
"Cuando todos se negaron, fueron colocados en distintas salas y esposados (básicamente, en aislamiento) para obligarlos a firmar", escribieron los abogados.
En otro ejemplo, un abogado de un hombre de Filipinas le escribió a la oficina del ICE en San Antonio para decir que su cliente tenía conocimiento de que iba a ser enviado a Libia. El abogado escribió que su cliente “tiene miedo de ser enviado a Libia y, por lo tanto, debe tener una entrevista antes de que se lleve a cabo cualquier expulsión”.
Los abogados acudieron el miércoles a la corte para solicitar la intervención del juez federal Brian E. Murphy, en Massachusetts. Murphy preside una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por su práctica de deportar a personas a países de los que no son ciudadanos.
El juez dictaminó en marzo que incluso si las personas han agotado sus recursos legales, no pueden ser deportadas a un país que no sea el suyo sin antes recibir una "oportunidad significativa" para argumentar que eso pondría en peligro su seguridad.
Murphy dijo el miércoles que cualquier expulsión "supuestamente inminente" hacia Libia "claramente violaría la orden de este tribunal". También ordenó al gobierno entregar detalles sobre los señalamientos.
Además de los venezolanos enviados a El Salvador, el gobierno ha deportado hacia Panamá y Costa Rica a personas que no eran ciudadanos de esos países.
Enviar a alguien a un país que no es el suyo ha planteado una serie de preguntas sobre el debido proceso y, en el caso particular de El Salvador, sobre si sufrirán más abusos.
Fuera de esas tres naciones centroamericanas, el gobierno de Trump ha dicho que analiza la posibilidad de deportar a personas hacia otros países. Al preguntarle el miércoles sobre si Libia era uno de ellos, el gobierno tuvo poco que decir.
Trump remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa en Illinois que "no puede confirmar" los informes de los medios sobre los planes para enviar personas a Libia.
El Departamento de Estado dijo que no "discute los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos".
El gobierno del primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, con sede en Trípoli, dijo el miércoles en un comunicado que no había "acuerdo o coordinación" con Estados Unidos para recibir a migrantes. Sin embargo, indicó que "algunas partes paralelas" podrían haber acordado recibirlos.
Eso parece referirse a su gobierno rival en el este de Libia, el cual está bajo control del comandante militar Khalifa Hifter. Libia ha estado dividida durante años en gobiernos rivales en el este y oeste, cada uno respaldado por distintos grupos armados y gobiernos extranjeros.
El Ejército Nacional de Libia que encabeza Hifter, el cual controla el este y el sur de Libia, también emitió un comunicado, negando cualquier acuerdo o entendimiento para recibir migrantes desde Estados Unidos.
"No se aceptará o recibirá a ninguno de ellos en los territorios asegurados por las Fuerzas Armadas Libias, sin importar las razones y justificaciones", explicó.
Los abusos contra migrantes detenidos en Libia han sido ampliamente documentados, e investigadores de la ONU aseguran que tenían evidencia de posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos relatos de asesinatos, torturas, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales y violaciones.
Migrantes han contado a The Associated Press que han sido objeto de golpizas y tortura en reiteradas ocasiones mientras se les exigía un rescate a sus familiares. Sus cuerpos mostraban señales de golpes, disparos y puñaladas en piernas, brazos y el rostro.
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Magdy informó desde El Cairo. Los periodistas de AP Lolita C . Baldor y Seung Min Kim, en Washington, y John O’Connor, en Springfield, Illinois, contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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