Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU visitará penal salvadoreño donde hay venezolanos deportados
LA NACION
WASHINGTON (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará el miércoles la prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según alega el gobierno de Trump, son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y permanecen retenidos desde su expulsión de Estados Unidos.
El viaje de Noem a la prisión —donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir— se produce mientras el gobierno estadounidense busca demostrar que está deportando a personas que describe como "lo peor de lo peor".
Desde que asumió el cargo, Noem ha liderado con frecuencia los esfuerzos para destacar la represión de la inmigración. Participó en operaciones de control migratorio, montó a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva advirtiendo a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia que se autodeporten.
La visita de Noem el miércoles forma parte de un viaje de tres días. También viajará a Colombia y México.
En El Salvador visitará la prisión, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, y se reunirá con el presidente, Nayib Bukele, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
Los venezolanos detenidos fueron expulsados de Estados Unidos este mes después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y dijera que Estados Unidos estaba siendo invadido por la banda Tren de Aragua. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.
Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y no han comparecido ante un juez en El Salvador. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que muchos no tienen antecedentes penales.
Los vuelos estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal emitió una orden verbal que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha argumentado que las instrucciones verbales del juez no contaban, que sólo debía acatarse su orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que alrededor de 261 personas fueron deportadas en los vuelos, incluidas 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Bukele inauguró la prisión en 2023 y ha hecho de las inhóspitas y estrictas prisiones del país centroamericano una marca registrada de su lucha contra el crimen. La instalación cuenta con ocho pabellones extensos y puede albergar hasta 40.000 reclusos. Cada celda puede albergar de 65 a 70 prisioneros.
Los prisioneros no pueden recibir visitas. No hay talleres ni programas educativos.
El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí no tienen apoyo consular de su gobierno. El lunes, abogados en El Salvador contratados por el gobierno venezolano dijeron que habían presentado peticiones de habeas corpus para pedir la liberación de los venezolanos.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador después de la llegada de los deportados mostró a hombres saliendo de aviones hacia una pista de aeropuerto flanqueada por agentes con equipo antimotines. Los hombres, que tenían las manos y los tobillos encadenados, caminaban con dificultad mientras los agentes empujaban sus cabezas hacia abajo.
Más tarde se les mostró en la prisión arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de cambiarse al uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma— y ser colocados en celdas.
El Salvador lleva tres años bajo un estado de emergencia que suspende derechos fundamentales mientras Bukele libra un asalto total contra las poderosas pandillas callejeras del país. Durante ese tiempo, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas y encarceladas, a menudo sin el debido proceso.
Bukele ofreció albergar a los deportados de Estados Unidos en la prisión cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el país en febrero.
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El periodista de Associated Press, Marcos Alemán, en San Salvador, El Salvador, contribuyó a este informe.
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