El impagable costo de una ausencia
Los problemas siempre estuvieron ahí y cada tanto hacen sonar una alarma que apenas saca por algunos instantes de sus obsesiones a los protagonistas del Gobierno. El ruido es, también, una expresión de la ausencia del Estado, ahí donde su presencia debiera justificar su existencia.
Es una curiosa paradoja para los relatores del Estado presente que su desinterés acelere y agrave conflictos de una enorme dimensión. La ausencia de los responsables de gobernar el país en asuntos cruciales multiplica los focos de desasosiego.
Un régimen que hace bandera de la intervención estatal ahí donde no es necesario elige, en cambio, no actuar donde sí está obligado a hacer: el monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad o su actuación como mediador de conflictos de intereses sectoriales en áreas claves.
No es solo ausencia. En la provincia de Santa Fe estalló hace una semana un escándalo por la publicación de parte de una investigación judicial sobre maniobras ilegales de inteligencia en el Ministerio de Seguridad de esa provincia.
Es una causa iniciada el año pasado por denuncias por el armado de “carpetas” contra empresarios y dirigentes opositores.
La Justicia entregó los audios de mensajes telefónicos a los abogados defensores de los imputados y la viralización de esas comunicaciones revela que ahí donde debía tratar de remediarse la más grave crisis por narcotráfico que sufre el país, el foco estaba puesto en espiar a supuestos adversarios del gobierno de Omar Perotti. El principal sospechado es el hasta el año pasado ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín.
Mientras el caso avanza y se trata de establecer quién era el responsable final del armado de esos “carpetazos”, la cifra de asesinatos volvió a dispararse. Rosario triplica la media nacional en materia de crímenes, y el sicariato es un oficio que se ejerce no solo para resolver guerras narco, sino para expandir viejas prácticas mafiosas como el cobro de “derechos de protección”.
Un fenómeno de esa dimensión nunca podrá ser resuelto por un Estado subnacional, como una provincia, pero será imposible si los gobiernos locales no comparten el liderazgo con las administraciones nacionales. No ocurre lo uno ni lo otro. La consecuencia puede medirse en la cantidad de muertes, nada menos.
Es emblemática la ausencia de una verdadera cooperación nacional que cada tanto pretende maquillarse con el desembarco de algunos gendarmes, como si poner uniformados en las esquinas fuese una solución mágica.
Son los mismos gendarmes que cumplen la orden de huir de sus posiciones en la comarca andina ante los ataques incendiarios de grupos que se apropiaron de la identidad mapuche.
La complicidad y la desidia del kirchnerismo les han dado una peligrosa relevancia a estas bandas que, cuando no ocupan terrenos públicos o privados, apedrean, incendian y amenazan a los vecinos de la zona desde hace más de una década. La impunidad de las últimas horas se basa en la orden pública de no actuar dictada a los gendarmes, lo que multiplica los delitos, amplía las zonas ocupadas y hace creer que los delirios soberanistas de estos grupos son algo más que locuras de jóvenes marginados.
Como ocurre desde hace más de 30 años en la Patagonia chilena, en Chubut, Rio Negro y Neuquén florece la idea de crear un país distinto de Chile y de la Argentina. Mientras semejante disparate se cocina a fuego lento, se vislumbran formidables negocios inmobiliarios como resultado final de las ocupaciones alegremente habilitadas por el kirchnerismo en su versión política pero también judicial, que en buena parte de los casos legitiman las usurpaciones.
Los últimos ataques en la zona de Villa Mascardi dejaron ver, con total claridad, que la representación de la Nación -los gendarmes- está colocada ahí para ser burlada y demostrar que quienes mandan son grupos de encapuchados asistidos legalmente por exterroristas montoneros. Todo sin contar los vínculos con los sectores radicalizados de Chile, que ahora encontraron la posibilidad concreta de hacer pie de este lado de los Andes.
Al peor problema de narcotráfico de la historia del país focalizado en Rosario se suma en el sur otro dato sin antecedentes: la Argentina nunca tuvo reclamos secesionistas sobre su territorio planteados por habitantes propios que tratan de desconocerla como Estado.
La ausencia de un gobierno al frente de las obligaciones del Estado es más flagrante cuando existe un conflicto como el de las fábricas de neumáticos afincadas a pocos kilómetros de la Casa Rosada.
Casi cuarenta audiencias de conciliación para negociar un acuerdo salarial de un gremio que solo se convierte en relevante cuando rompe el eslabón de una de las grandes cadenas productivas de la Argentina, la de la industria automotriz.
Hay decenas de negociaciones salariales, todas intensas por el daño que la inflación provoca en los ingresos de los trabajadores, pero casi ninguna con un gremio manejado por el trotskismo, que siempre preferirá ir un poco más allá del límite. Esa frontera puede hacer que dos de las tres empresas decidan cerrar e irse del país, tal como dejaron planteado con su decisión de suspender sus actividades.
Los relatores del Estado presente llegaron tarde y nunca se ocuparon de una negociación fallida que ya afecta a las terminales automotrices y hace escasear un elemento básico para el transporte.
¿Ya no le interesa al peronismo garantizar las fuentes de trabajo que dan razón histórica a su existencia? ¿Es tan fuerte la transformación decadente de la Argentina que la versión kirchnerista del peronismo prefiere representar solo a los marginados del trabajo formal?
Una realidad construida por ausencias y procrastinaciones se arrastra entre tantos otros muchos ejemplos de problemas que se convierten en tragedias.