Capital Humano

El Movimiento de Empresas Recuperadas, integrado por obreros en cooperativas, logró que más de 80 fábricas de todo el país vuelvan a producir
El Movimiento de Empresas Recuperadas, integrado por obreros en cooperativas, logró que más de 80 fábricas de todo el país vuelvan a producir
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30 de junio de 2002  

Primero, como siempre sucede, fue un hecho aislado. Tan aislado, que la primera experiencia de autogestión, la del Ingenio Campo Herrea, en Tucumán, recuperado por los trabajadores allá por los años 60, ni siquiera asomó como debate en la sociedad argentina de aquellos tiempos.

Unos cuantos años más tarde, la historia iba a repetirse con IMPA y Siam, y con la formación de las primeras cooperativas de crédito.

Algo comenzaba a gestarse y la atención pronto fue otra. Lo que antes era mencionado como un fenómeno en marcha y, a poco de andar, como una tendencia creciente, hoy es una realidad.

Y la realidad dice que en nuestro país, más de ochenta empresas de los más diversos rubros se mantienen en pie autogestionadas por los propios trabajadores, empujados por el estrepitoso fracaso de una política económica implementada en la última década que arrasó a la clase media, cerró miles de fábricas y condenó a la marginalidad y a la pobreza a millones de asalariados. Así, el cooperativismo comenzó a aparecer como una contracara del modelo.

La recuperación de esas plantas industriales hizo que 10.000 obreros no estén engrosando hoy la lista de desocupados.

Son cabezas de 10.000 familias, que en su conjunto suman aproximamente 50.000 personas. Y a esas 10.000 familias se les vienen agregando otras, porque cada mes que pasa, tres fábricas son recuperadas y convertidas en cooperativas de trabajo.

–Pronto van a ser 30.000 los obreros que habrán recuperado sus fuentes de trabajo –se entusiasma José Abelli, de la Cooperativa de Trabajadores Agrícolas y presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas–, y también podemos asegurar que es posible, en un futuro cercano, recuperar 100.000 puestos de trabajo, lo que beneficiará en forma directa a medio millón de personas.

El Movimiento de Empresas Recuperadas no representa a la totalidad de las cooperativas, aunque reúne a la mayor cantidad de empresas autogestionadas. No se trata de una organización con recursos propios y sede central, ni se adjudican la representatividad de nadie porque, como ellos explican, existen otras federaciones y organizaciones de cooperativas. El primer paso lo dieron el año último cuando, al reunirse en la fábrica IMPA en un plenario de delegados de diferentes fábricas, decidieron crear el Movimiento de Empresas con un objetivo muy claro y que Abelli resume en pocas palabras: “Resguardar las bases fundamentales de cualquier sistema económico, esto es, recursos humanos (trabajadores) y recursos productivos (fábricas) en los cuales han invertido el Estado y la sociedad; por lo tanto, las empresas resultan ser un bien social. Entonces, si el sistema está en una crisis estructural debe ser el propio Estado, junto con la sociedad, el que debe rescatar, preservar y resguardar estos activos sociales para poder reconstruir la economía”.

Para la democracia

Pero como en la Argentina nada es fácil, bastante esfuerzo –y dinero, porque los gastos los solventan de sus bolsillos– les cuesta a los integrantes del consejo directivo del movimiento explicar este fenómeno colectivo. Además de Abelli, Damián Giordano, de la metalúrgica Los Constituyentes; Mario Gastaldi, de la fábrica de tractores Zanello, de Las Varillas, Córdoba, y Horacio Campos, de la metalúrgica IMPA, que también fueron consultados para esta nota.

–Somos un fenómeno incipiente, pero válido –dice Abelli–. Hay un retraso en la dirigencia argentina (gremial, política, empresarial) en cuanto a reconocer que éste es un buen camino para recuperar un sector de la economía, porque estamos construyendo un colectivo social que, en medio de la crisis más profunda de que se tenga memoria, reemplaza lo individual por lo colectivo. Por eso, cuando yo hablo de los dirigentes, también hablo de los dirigentes cooperativos, porque no nos entienden, porque somos un fenómeno nuevo. Y como tal debemos salir a explicar cómo son las cosas. Esta no es una concepción ideológica por la cual se dice vamos a salir a tomar las fábricas. No es eso. En realidad, lo que hacemos es agarrar los pedazos que el sistema destruyó, y empezamos a construir desde esos pedazos que nos dejaron, con todo el esfuerzo que eso implica. Somos cooperativistas, porque es un instrumento de la democracia, porque cada socio es un voto y porque, además, esto nos permite discutir la renta. Con la autogestión, discutimos cuánto nos llevamos los trabajadores de todo lo que producimos. Y éste no es un dato menor, porque creemos que es la forma de recuperar nuestra participación en las ganancias. El mecanismo que implementamos es que el que más cobra no puede cobrar más de cuatro veces que el que menos percibe. Esa es la brecha entre unos y otros para repartir mejor la torta.

–En el nivel regional –reseña Mario Gastaldi–, la autogestión está más considerada que en el nivel nacional. Lo que nosotros reclamamos del Gobierno y sus autoridades es que presten atención a estos emprendimientos, porque es la forma que encontramos no sólo para producir, sino también para luchar contra el desempleo. La Municipalidad de Las Varillas, por ejemplo, integra con un 1% la sociedad anónima que explota Zanello. Y la Municipalidad de San Lorenzo cedió las instalaciones de su frigorífico por diez años a la nueva cooperativa. Las políticas locales son más fáciles de resolver, porque interesa primero a la comunidad y luego a toda la región. Pero el brete está en el nivel nacional.

–Hay varias formas para crear cooperativas y llevar adelante la autogestión –explica Horacio Campos, de IMPA–. No es tan sencillo, pero con esfuerzo y paciencia, se logra. En caso de empresas que están en convocatoria de acreedores, se hace una propuesta en el marco legal y se acuerda con los dueños el alquiler de la planta porque el juez no desapodera a los propietarios. En esos casos hay una intervención de la Justicia por vía del juez y la sindicatura, pero los dueños siguen manteniendo el control empresario. Ahora, si la empresa está en quiebra, ahí ya hay desapoderamiento de los propietarios y entonces la conversación es con el síndico, con la sindicatura y con el juez.

–También hay casos de empresas quebradas cuyos dueños, directamente, cerraron sus puertas, se fueron y nunca más regresaron. Hay muchos casos de fábricas abandonadas por sus propietarios y ahora están autogestionadas legalmente –dice Damián Giordano, de Los Constituyentes–. Por eso, en lugar de legislar la ley de quiebras mirando el fax del FMI, los legisladores tendrían que haber convocado a las cooperativas para que les expliquen cómo es esto, qué se necesita y qué habría que hacer para salvar las empresas en la Argentina. Nosotros, entretanto, lo que conseguimos es la continuidad laboral y empresaria de los emprendimientos, pero en términos precarios, porque la Justicia nos da las fábricas por un año o dos. En algún momento, esto tiene que terminar liquidándose. Por eso, la importancia de la ley de quiebras.

Necesidad y urgencia

Gestionar empresas, sostiene este grupo de trabajadores, requiere de una osadía y una voluntad de hierro. Los casos de Los Constituyentes (Villa Martelli), Zanello (Córdoba), el fri-gorífico Yaguané y La Basko-nia (La Matanza), IMPA (Capital Federal), Panificación 5 (Vicente López), Siam (Avellaneda), entre tantísimas otras, tienen tanta historia en la vieja Argentina de la producción, como angustia acumulada en los últimos diez años.

El de Siam, fundada en 1910, probablemente aparezca como el caso más resonante de los últimos años por tratarse de una fábrica pionera de la industria metalmecánica argentina. Hoy, mediante el sistema de autogestión, la fábrica busca convertirse, como en el pasado, en el motor para la reactivación industrial del sector.

–En el cordón industrial de Rosario –detalla Abelli– se invirtieron, en la década del 90, 8000 millones de dólares entre el sector público (dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, puente Rosario-Victoria, autopista Rosario-Córdoba) y el privado (Swift, el sector aceitero, Somisa). Sin embargo, perdimos 60.000 puestos de trabajo y pasamos a liderar los índices de desocupación del país.

–Durante la última década –expresa Giordano– hemos observado cómo se destruían sistemáticamente las fábricas y las empresas, casi como objetivos militares de una fuerza de invasión. Parecía, y parece, la batalla naval: tocado, hundido; tocado, hundido... Ante ese escenario, los trabajadores no teníamos ninguna capacidad de respuesta. Eramos observadores pasivos de nuestra muerte laboral y social. Los mecanismos históricos (paro, movilización) no funcionaban porque no había a quién reclamarle: el patrón había desaparecido y el Estado no tenía ni tiene respuesta. Además, las organizaciones sindicales tampoco encontraban una respuesta. El dueño de la empresa trataba, y trata, por cualquier medio, de salvar algo de sus activos. Ahora, ¿por qué nosotros podemos y el dueño no?

–Nuestra gran cruz –explica Abelli– es que no contamos con capital. Tenemos capital humano y capacidad de trabajo. Sabemos doblar caños, soldar, fabricar tractores, faenar pollos, hacer leche, quesos, pasta… Pero tenemos que aprender rápido por necesidad y urgencia, porque una noche nos acostamos siendo trabajadores, nos levantamos siendo desocupados y nos levantamos a la otra mañana siendo trabajadores y empresarios.

–Cuando el juez desapoderó a Zanello y nos entregó la fábrica en enero de este año –recuerda Gastaldi–, arrancamos con dos tractores. En abril llegamos a 10, y para julio tenemos que sacar 20 tractores. En lo que va de enero a hoy, ya hemos vendido 50 tractores (la misma cantidad que la fábrica producía antes por mes). Todo va para el consumo interno. Somos los únicos fabricantes de tractores en la Argentina, un rubro que estuvo parado durante cinco años. De la nada, llegamos a 50. Pero estamos condicionados por la macroeconomía.

Sin negar el capital

En 1996, Zanello facturó 120 millones de dólares, construía entre 40 y 50 tractores por mes, y ocupaba a 380 trabajadores. Hoy, en la fábrica hay 105 obreros que cobran los planes de empleo, y 80 que cobran el salario de convenio de la UOM.

Hay empresas autogestionadas que lograron recuperar el nivel de sueldos por encima de la media histórica. En Zanello, los trabajadores ganan alrededor de 500 pesos mensuales, una cifra similar a lo que percibían antes del cierre de la fábrica.

Nadie, ni el presidente de la cooperativa, gana más que eso. Y hay cooperativas que, tras dos años de producción, incrementaron el personal en un treinta por ciento.

–Zanello no ocupa hoy a los 380 obreros que alguna vez tuvo, porque para eso deberíamos producir 50 tractores mensuales. Estamos muy lejos todavía –se lamenta Gastaldi.

La capacidad de facturación de las ochenta empresas recuperadas es de 300 millones de dólares anuales. Ese sería el beneficio si estuvieran marchando todas a pleno.

–Nosotros –resume Abelli– creemos que la economía debe estar al servicio de la sociedad, que es la que genera las riquezas. Esto no quiere decir desconocer el capital. No combatimos al capital. Por el contrario. Pero es allí donde necesariamente debe aparecer el Estado, poniendo equilibrio entre un sector y otro de la economía. Y no lo hace porque, increíblemente, aún cree que sólo un sector puede sustentar la economía: el sector del capital financiero concentrado, de tal forma que no existan otros sectores con pequeños y medianos empresarios de la industria y el campo, como la banca minoritaria o regional, como el sector solidario de la economía. O que conviven una economía sin trabajadores, sin consumidores y sin mercado interno porque su único fin es la obtención de mayores ganancias sin importar el fin.

Reconstruir la economía

Para los integrantes del Movimiento de Empresas Recuperadas, el único sector que ha comprendido lo que se está haciendo es el de las Pyme.

–Ni el Ministerio de Trabajo ni el gobierno nacional –afirman– se han interesado. Esto nos llama poderosamente la atención, porque acá no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de hechos concretos, de fábricas que vuelven a producir en medio de una crisis inconmensurable. Y otro tanto pasa con la Unión Industrial, más allá de algún contacto esporádico. Sabemos, también, que ciertos sectores empresarios ven esto con alguna preocupación. Pero se confunden, porque nosotros no somos reforma agraria ni estamos en contra del capital ni ventilamos cuestiones políticas o ideológicas. Sin embargo, el presidente Duhalde ni siquiera fue a Zanello cuando reabrimos la fábrica. Jamás nos citó un diputado o un senador, ni el ministro de Economía ni nadie.

Tampoco fuimos recibidos formalmente por la CGT ni por la CTA ni por Moyano. Desconozco por qué no hablan con nosotros. Y lo peor de todo: ignoro por qué no se debate esta cuestión ni se diseña una política de Estado, como sucede en Brasil y en España. Porque en España, Primer Mundo, hay 17.000 empresas autogestionadas en un marco legal.

Es notable: tenemos empresas metalúrgicas, de manufacturas, agrícolas, de la construcción, lácteas, de salud, hay de todo. Sin embargo, nadie nos llama por teléfono al menos para que le contemos cómo es esto de las cooperativas. Hasta dos diarios funcionan con el sistema de autogestión: El Independiente, de La Rioja, y El Diario, de Villa María, Córdoba. Estamos seguros de que una de las formas de enfrentar el desempleo estructural es por vía de la autogestión.

Y no lo decimos desde la voluntad: en su última asamblea, la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer una resolución recomendando a los gobiernos implementar políticas activas para combatir el desempleo, promoviendo la creación de cooperativas. No somos un elemento aislado.

Caso Brukman, dos campanas

El 18 de diciembre último, un grupo de personas tomó las instalaciones de Cebex Argentina SA, en la avenida Jujuy al 500, Capital Federal, que hasta 1999 se denominaba Confecciones Brukman SA, empresa textil dedicada, durante más de medio siglo, a la confección de prendas de vestir.

Del total de 115 trabajadores, 30 solicitaron aquel día permanecer en la planta aduciendo imposibilidad de viajar por falta de dinero. La empresa accedió al pedido. Esa noche, la fábrica quedó en poder de los trabajadores, aunque para la firma, muchos de ellos eran ajenos a la misma. El caso, de gran resonancia social, lejos de acercarse a una definición, transita por un camino sinuoso que apunta a un futuro incierto.

El doctor Jaime Muszkat, apoderado de Cebex, sostiene que los trabajadores se apoderaron ilegalmente de las instalaciones, disponiendo a su antojo de bienes y maquinarias que no son de su propiedad. “Hasta el presente –afirma–, y pese a la intervención del Ministerio de Trabajo, la designación de un coadministrador judicial y la existencia de varias denuncias de carácter penal, incluida una por desobediencia efectuada por la magistrada del Fuero Comercial interviniente, se han negado a abandonar las instalaciones, no permitiendo el ingreso de los directivos y dueños de la fábrica y del grupo mayoritario de trabajadores, unas ochenta personas, haciendo peligrar la propia existencia de la empresa y, con eso, la fuente de trabajo y subsistencia de su personal y sus familias.

“Por eso –agrega Muskatz– estamos reclamando que se adopten todas las medidas para evitar que los ocupantes ilegales terminen destruyendo totalmente el patrimonio de la empresa y la fuente de trabajo de decenas de trabajadores honestos que no se han plegado a acciones ilícitas, y que se haga justicia en un caso que se ha exagerado e instalado con argumentos falsos en la opinión pública y que, pese al reducido número de personas y montos involucrados, es una pequeña muestra de las miserias, pérdidas de valores éticos, estrategias y dramas que hoy afectan a nuestro país."

Los ochenta trabajadores a los que los ocupantes de la planta tienen prohibido el ingreso, y que según aquéllos están protegidos por activistas del Partido Obrero, firmaron un petitorio en el que exigen a las autoridades intervinientes en este caso que actúen con celeridad, porque “somos un grupo mayoritario de trabajadores honestos que perdimos nuestra fuente de trabajo y nos estamos muriendo de hambre desde el 18 de diciembre del año pasado”.

Los obreros de Brukman tienen el apoyo legal del Centro de Profesionales para los Derechos Humanos (Ceprode). Mariana Salomón, la abogada que lleva el caso, explicó su versión de los hechos.

“Está constatado y denunciado por el síndico presente en los tres expedientes del Ministerio de Trabajo, y en la causa penal que hicieron los Brukman, que los dueños hicieron abandono de la fábrica. Los trabajadores ni siquiera recibían sus sueldos. El 26 de febrero, la patronal intentó hacer un acercamiento vía el Ministerio de Trabajo. En marzo, se intentó un desalojo. Los dueños presentaron una denuncia por robo y usurpación, que fue rechazada por el doctor Velásquez, que confirmó que era un conflicto laboral originado por la empresa, al hacer abandono de las instalaciones. En la última actuación legal, los Brukman presentaron otra denuncia, diciendo que los trabajadores se habían robado 48 máquinas de la fábrica. Pero lo cierto es que ellos ocultaban maquinaria para no pagar las deudas del concurso. Respecto de los obreros que quedaron afuera, el petitorio sólo lo firman diez empleados, que están con la patronal.” Celia Martínez, maquinista y miembro de la comisión interna de obreros, agregó que la situación venía mal desde hace cinco años y que no les pagaban aguinaldo ni vacaciones ni salario familiar.

“Le debían a la Anses, debían la luz, el gas y a los proveedores. El 17 de diciembre, nos llegaron a pagar dos pesos por semana. No teníamos ni para viajar a casa. El 18, hablamos con el jefe de personal, que nos dijo que no había solución y que esperáramos a que trajeran el dinero. Esperamos, pero no vinieron más. Simplemente desaparecieron. Un mes después, decidimos comenzar a vender. Los partidos de izquierda nos apoyan. Nosotros tenemos que salir a la calle y luchar con una competencia brutal. No queremos ser dueños. Queremos que ésta sea una compañía estatal con control obrero. Ellos ahora vuelven, porque les pesificaron la deuda y pueden exportar.”

Desde la nada

Raúl Ayala, operario de la fábrica de juntas para filtros de aire, aceite y combustible San Carlos, de Avellaneda, es el presidente de la cooperativa que comenzó a funcionar el 16 de noviembre de 2001. El sueldo de los 13 trabajadores se redujo a la mitad –400 pesos–, “pero la producción va en aumento y, si Dios quiere, pronto volveremos a cobrar como antes”

Un buen papel

Mariano Sena y Roberto Illuzzi trabajan en la cooperativa Unión Papelera Platense, en la localidad de Ringuelet. Junto con otros 40 operarios, mantienen la planta desde hace más de un año. Producen papel higiénico, para cocina y para envoltorios, además de cajas de cartón. Facturan lo justo para cobrar los sueldos, pagar el alquiler de 5000 pesos mensuales y la materia prima, y para el mantenimiento de la fábrica. Por ahora, se conforman con los 100 pesos semanales que cobran de salario. “No es mucho, pero, en estas condiciones, es para estar contentos”

“No es fácil”

Horacio Campos, de IMPA, preside una de las primeras cooperativas creadas en la Capital Federal. “No es tan sencillo, pero con esfuerzo y paciencia se logra. En caso de empresas que están en convocatoria de acreedores, se hace una propuesta en el marco legal y se acuerda con los dueños el alquiler de la planta porque el juez no desapodera a los propietarios. Ahora, si la empresa está en quiebra, ahí ya hay desapoderamiento de los propietarios y, entonces, la conversación es directamente con el síndico y con el juez”

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