Chile. Cuál fue el papel de las camperas amarillas

Es 8 de noviembre, y pese a que hace días el gobierno de Sebastián Piñera levantó el estado de emergencia y el toque de queda, el centro de la ciudad de Santiago, escenario de dos grandes manifestaciones –una el 25 de octubre con más de un millón de personas congregadas alrededor de la Plaza Italia y otra hoy con un poco menos– está lleno de pintadas: "Piñera asesino" es, sin duda, la más fuerte de ellas. Según cifras oficiales, al cierre de esta edición, hay más de 20 personas muertas, cinco por personal militar y el resto en un limbo que va de los incendios a supermercados a la acción directa de las fuerzas policiales. A los muertos hay que sumar casos de tortura, como la sufrida por el estudiante de Medicina que acusó haber sido violado por Carabineros, y de desaparecidos, que por fortuna han ido en franco descenso.

En este contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha tenido un papel determinante no solo para entregar cifras oficiales, sino también para garantizar la integridad de los ciudadanos. Los funcionarios de este instituto caminan en medio de las manifestaciones luciendo chalecos amarillos, recorren las comisarías donde están los detenidos, reciben denuncias. Lo paradójico es que son funcionarios públicos y que su consejo es designado por cuoteo político: el gobierno en alianza con la DC impuso a un director ejecutivo moderado, como Sergio Micco, en una reñida elección con Yerko Ljubetic que terminó 6 a 5. Cuando Micco dijo que no se podía hablar de violación sistemática de derechos humanos, el resto del consejo no estuvo de acuerdo. Se puede decir que al interior del INDH conviven dos almas: una más conciliadora y otra más aguerrida, o, si se quiere, una más política y otra más técnica. Como consecuencia de ello, desde las declaraciones de Micco, los chalecos amarillos no fueron tan bien recibidos en las protestas.

Micco y Ljubetic fueron presidentes de federaciones de estudiantes por la Democracia Cristiana (DC) en 1985, en plena dictadura. Sin embargo, Ljubetic, tras una extensa y destacada "carrera" en la DC y en la Concertación de Partidos por la Democracia, llegando incluso a ser ministro de Trabajo del gobierno de Ricardo Lagos, en 2013 abandonó esa militancia y abrazó la lucha de los derechos humanos. Hoy, a diferencia de Micco y de otros consejeros, no duda en señalar que desde el 18 de octubre ha habido una "violación masiva y grave de los derechos humanos".

Ljubetic, como representante de las 150 organizaciones de derechos humanos, se siente voz de ellas: "Como parte de esa generación de jóvenes que luchamos por la recuperación de la democracia, comprobar tantos años después que no garantiza ni asegura el respeto por los derechos humanos es, a lo menos, una decepción y una constatación de un fracaso importante de la democracia que se forjó al término de la dictadura".

La sola labor de este organismo ha sido central y ha cuestionado, sin querer, al gobierno de Piñera, debiendo su ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, presentar su renuncia. En solo 20 días se contabilizaron 2300 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos. De esa cifra, 72 serían torturas y abusos sexuales cometidos en su mayoría por fuerzas policiales, que son las que están en la mira del INDH. Otro dato que llama la atención es que el 10% de los detenidos es menor de edad, cosa que no debería sorprender ya que la primera línea de estas manifestaciones no supera los 30 años.

Los traumas oculares, que han dejado parcial o totalmente ciegos a manifestantes, por perdigones disparados por Carabineros, han ido en aumento, y llegaron a 200. Al punto que el Colegio de Oftalmólogos recomendó salir a protestar con antiparras.

"Esto indica –para Ljubetic– un incumplimiento grave de un protocolo: en lo relativo al uso de armas no letales que está autorizado en situaciones extremas, donde el riesgo para la vida de las personas o de los propios funcionarios es evidente, pero aquí son utilizados desde el inicio de la manifestación como forma de represión".

Aun así, los datos que el INDH entrega diariamente son conservadores, porque la idea es ser muy rigurosos. De hecho, sectores de izquierda han dicho que el organismo ha escondido o minimizado cifras; en redes sociales, en un momento se habló de muchos desaparecidos y de muchos más muertos. Para Ljubetic, el asunto es claro: de la veintena de fallecidos, el instituto se ha concentrado en cinco querellas por homicidio, donde se ha constatado la participación de uniformados. Para el INDH es muy importante no ser desmentido, sobre todo en esta época en la que las redes sociales "funcionan a toda máquina". Admite que en materia de detenidos están por debajo de la cifra real, lo que pasa es que el INDH ha registrado las detenciones con nombre y apellido en las comisarías: "Nosotros no podemos llegar a todas partes, somos 180 funcionarios en todo el país".

En materia de desaparecidos, el rigor ha llegado al máximo por la gravedad de los delitos: "Si bien en un comienzo hubo 60 o 70 denuncias de desaparecidos, hoy esa cifra se ha reducido a dos, ya que nos hemos comunicado con los núcleos familiares de esas supuestas víctimas y casi la totalidad han aparecido".

Por último, el consejo del INDH se está abocando al análisis de si todas estas violaciones de los derechos humanos configuran crímenes de lesa humanidad. Para ello serán de utilidad tanto las normas locales como las internacionales. Mientras esto ocurre, el mundo observa, con perplejidad y asombro, lo que ha pasado en estas semanas de manifestaciones: edificios incendiados o saqueados, semáforos inutilizados, la gente terminando la jornada laboral a las cinco de la tarde, la vida nocturna liquidada, la ciudad pasada a lacrimógena, la represión policial en todo su apogeo, con un último muerto nada menos que en Plaza Italia.

Con un 9% de aprobación entre la gente y con su partido, RN, alejado de la toma de decisiones, un Piñera sobrepasado avanza mientras tanto en una de las grandes demandas de los manifestantes: el cambio de la Constitución legada por Pinochet. ¿Se hará por voluntad popular o por vía de los partidos políticos? Ese es el interrogante.

Gonzalo León