El planeta sediento

En la cultura africana, procurarse el agua con la que cocinar, asear a los chicos o limpiar el hogar es algo que le compete a la esposa. No es una tarea menor, porque en algunos países, como Malawi, las mujeres pueden pasarse hasta cinco horas recogiéndola. Las más de las veces sucede que esa agua está contaminada. De eso sabe mucho Julen, un joven voluntario de una ONG española que asiste sobre el terreno a una misérrima comunidad de Benga, un pequeño poblado en la región central de Malawi.

En una de las cartas que acostumbra enviar a Madrid para contar a los donantes de la organización Africa Directo el día a día de su trabajo, Julen relata la historia de Sellina Petrus, una madre que llegó al dispensario donde atiende la ONG preocupada por el estado de salud de su hija. Después de un corto interrogatorio, al equipo médico de la organización no le fue difícil diagnosticar que la pequeña Misozi ("el cuerpo consumido", "una piel de anciazzzza", escribe Julen) un caso más sufría de desnutrición. Los médicos, después de asistirla, trataron de explicarle a Sellina el concepto de una dieta equilibrada y le enseñaron a cocinar una comida adecuada con los recursos disponibles en su entorno. A Julen le queda una duda. "¿Qué será de Misozi si come todos los días polvo de maní... pero bebe agua de un charco mugriento?", se pregunta.

Los vecinos de Cerro Azul, en el sur de la húmeda provincia de Misiones, se pasaron el último febrero pendientes de los partes meteorológicos. Sobre todo, aquellos vecinos que no cuentan con tanques de reserva de agua. Al final, la escasez provocada por la ausencia de lluvias que padeció durante semanas esta comunidad de 2500 habitantes la resolvió la cooperativa local con una medida de urgencia: el agua que no pudieron obtener del arroyo Mártires tuvieron que traerla a diario transportada en cinco camiones cisterna desde otros caudales cercanos.Todo esto, mientras trataban de llegar al acuífero Guaraní, la tercera mayor reserva de agua subterránea del planeta, que yace bajo sus pies. El servicio estuvo garantizado en todo momento, contaron desde la Cooperativa de Agua Potable Cerro Azul, pero sólo gracias a esa "medida paliativa", que tuvo un costo demasiado oneroso para la deprimida economía de la zona: dos mil pesos por día. Esto representa el 15% de lo que recauda la cooperativa en un mes, con las magras tarifas que cobra a sus 600 abonados.

Las historias de Sellina y de Cerro Azul son el revés y el derecho de una realidad que alimenta de razones a las numerosas voces que, como las Naciones Unidas (ONU) y algunas ONG internacionales, hablan de "la crisis mundial del agua". Con esta expresión aluden a un problema de dimensiones planetarias, que está vinculado con dos fenómenos donde el hombre aparece como principal responsable, pero también como el gran perjudicado. Uno: la creciente escasez de este recurso vital y el hecho de que su acceso sea cada vez más difícil y caro para buena parte de la población mundial. Y dos: la paulatina degradación de la calidad del agua que consumimos.

Algunas cifras escuetas bastan para enmarcar una situación sobre la cual se dieron las primeras señales de alerta en la Conferencia Mundial del Agua, que en 1977 se desarrolló en Mar del Plata, sin que en el lapso transcurrido hasta hoy –cuando estamos en vísperas de la IV Cumbre Mundial del Agua, que desde este jueves y hasta el 22 de marzo se desarrollará en Ciudad de México– se hayan logrado avances significativos. Según las Naciones Unidas, 1100 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones para abastecerse de agua; además, 2400 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento. Las proyecciones sobre lo que ocurrirá en un futuro cercano si no se modifican las pautas de gestión de las reservas y se pone freno a los hábitos derrochadores de las sociedades más desarrolladas mueven a la reflexión: para 2025, de acuerdo con Greenpeace Argentina, la demanda global de agua superará en un 56% su disponibilidad. Según los cálculos de la ONU, a mediados del presente siglo, en el peor de los escenarios, 7000 millones de personas en 60 países sufrirán su escasez.

Es sencillo establecer la asociación: como ocurre con los alimentos, la disponibilidad o no de agua y su calidad condicionan la vida de las personas de manera insoslayable. "Se puede vivir sin Internet, sin petróleo, incluso sin un fondo de inversión o una cuenta bancaria", escribe el italiano Riccardo Petrella, autor de El manifiesto del agua (Icaria Editorial, Barcelona, España). "Pero, aunque se olvida a menudo, no se puede vivir sin agua."

"Las estadísticas deben hacernos pensar", comentan a su vez los canadienses Maude Barlow y Tony Clarke, autores del libro Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, publicado en su edición española por Paidós. "El 90% de los residuos acuáticos del Tercer Mundo va a parar a ríos y arroyos locales sin pasar por tratamiento alguno; los agentes patógenos hidroactivos y la contaminación matan a 25 millones de personas cada año; cada ocho segundos muere un niño por consumir agua contaminada", añaden los especialistas, miembros de un movimiento ciudadano a escala mundial, destinado a proteger el agua como un patrimonio común.

Un problema global

Existe la percepción de que las comunidades que lidian con la escasez pertenecen a países del Tercer Mundo. Sin embargo, hace tiempo que la crisis hídrica ha comenzado a manifestarse en lugares que no se corresponden con esas remotas aldeas africanas pobladas de niños desnutridos. Un ejemplo es el de Estados Unidos. Allí, según documentación recogida por Barlow y Clarke, el 21% de la irrigación se lleva a cabo bombeando agua subterránea a un ritmo que sobrepasa la posibilidad de que las reservas cumplan su ciclo de renovación, algo que provoca que los acuíferos se agoten a un ritmo 14 veces más rápido que el que necesitaría la naturaleza para reabastecer las pérdidas.

De la misma manera que ninguna geografía escapa a la crisis, tampoco ninguna población, por avanzado que sea su nivel de vida, puede sustraerse a los riesgos que entraña una mala gestión del agua. Vale nuevamente el ejemplo de Estados Unidos, donde se calcula que más de la mitad de los pozos del país están contaminados con pesticidas y nitratos. Y vale el ejemplo de aquellos países que, como ocurre con la Argentina, son considerados ricos en reservas hídricas.

De ello da fe el ingeniero argentino Víctor Pochat, vicepresidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (Unesco), que asegura que en nuestro territorio también existen poblaciones para las que proveerse del líquido vital constituye una empresa ardua. "Hay lugares del país que sufren una crisis del agua porque no tienen acceso a suficiente agua de buena calidad; eso es como no tenerla", dice el especialista. "La Argentina todavía está bastante atrasada. Hemos de asumir que un 20% de la población no tiene acceso a servicios de agua de buena calidad por conducción."

Puestos a sacar a relucir números, no está de más recordar que según un reciente estudio de la Universidad Nacional de La Plata, más de la mitad (el 53%) de los 13.800.000 de habitantes bonaerenses no dispone de cloacas y casi el 30% vive en hogares sin conexión a una red de agua potable. "Hay un atraso innegable. Y más que nada es un problema de falta de políticas consistentes y continuadas", señala Angel Menéndez, un especialista vinculado con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Ineficiencia y despilfarro

Detrás de "la crisis del agua" asoman una serie de factores que se resumen en la mala gestión, combinada con el aumento vertiginoso de la población del planeta y con la promoción de un estilo de vida donde el "imperativo del confort" insume cada vez mayores cantidades del líquido azul. Esta fiebre del bienestar se traduce en un incremento del consumo per cápita que refleja la siguiente proporción: la cantidad de agua utilizada se multiplicó por seis entre 1900 y 1995 (más del doble del ritmo de crecimiento de la población) y por dos desde 1975.

Además, hay que reparar en el notable impacto provocado por la industrialización y la agricultura intensivas, que no sólo traen aparejada la utilización de enormes cantidades de agua, sino que además contaminan los recursos a un ritmo muy superior al que tiene la natural regeneración de las reservas hídricas.

Petrella, un italiano especialista en ciencias sociales que ofrece como principal crédito el haber integrado el exitoso equipo de Jacques Delors, el hombre que dio el espaldarazo definitivo al proyecto de la Unión Europea sobre la cuestión, resume la situación en un análisis que cuenta con muchos suscriptores: "Los principales factores responsables del derroche y la ineficiencia general han sido y siguen siendo la sobreexplotación de la agricultura, la contaminación industrial y la falta de una visión a largo plazo que comporte una planificación y una gestión global integrada".

Un estadounidense consume más de 800 litros de agua por día. En la fabricación de un automóvil se utilizan 400.000 litros. En los hogares de Canadá, Francia o Alemania, cada inodoro utiliza 18 litros cada vez que se tira de la cadena. La producción de una tonelada de granos en un terreno poco indicado para su cultivo, como los campos de Arabia Saudita, pide 3000 toneladas de agua, tres veces más de lo que se considera normal…

Sobran las evidencias que muestran que el factor clave en la explicación de lo que está ocurriendo está asociado a la prodigalidad con la que gastamos agua. Y, más que en ningún otro lugar, en los dominios del llamado Primer Mundo. Las cifras apabullan: según el Informe del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1998, la quinta parte más rica de la población mundial (algo menos de 1000 millones de personas) representa el 86% del consumo mundial.

El negocio del agua

En enero de 2000, después de comprobar cómo la privatización del servicio de suministro de agua había incrementado un 35% sus facturas, miles de vecinos de Cochabamba tomaron las calles de esta ciudad boliviana para manifestar su descontento. El suceso derivó en una protesta que se alargó más de una semana, mientras los ánimos se caldeaban hasta el punto de que el presidente Hugo Banzer terminó decretando la ley marcial en el país. Sólo después de que muriera un joven en los disturbios, el gobierno decidió rescindir el contrato con una filial de Bechtel, la multinacional norteamericana que se había beneficiado de la privatización de la gestión después de que el Banco Mundial impusiera esta medida como condición para el otorgamiento de un préstamo de 25 millones destinado a refinanciar el servicio de agua de la ciudad.

Los hechos de Cochabamba dieron carta de ciudadanía a un movimiento transnacional empeñado en demostrar que las políticas de privatización –una expresión más de la tendencia liberalizadora que ha ido alcanzando en los cinco continentes a todos los servicios públicos, desde la electricidad hasta las telecomunicaciones, desde la salud hasta la educación– acarrean un efecto perverso.

El asunto, que también registró su episodio argentino en Tucumán, cuando la gente se lanzó a la calle para protestar contra la francesa Vivendi, a cargo del servicio, hoy resulta materia de polémica. Mientras que los impulsores de la filosofía privatizadora sostienen que la escasez y la falta de agua que vive el planeta se deben al hecho de que no ha sido considerada un bien económico, los críticos opinan que el ímpetu privatizador no hace sino agravar la situación de necesidad de los más desfavorecidos. Los primeros argumentan que someter el agua a las leyes del mercado permitirá optimizar el recurso y extender los servicios mínimos a toda la ciudadanía, mejorando su bienestar. Los segundos, por el contrario, objetan que la lógica de mercado no asegura –como tampoco lo hace con los alimentos, ya que a pesar de haber hiperproducción siguen muriendo personas de hambre– la distribución equitativa de un recurso necesario y escaso.

Mientras las posturas en favor y en contra de la privatización se alejan progresivamente y países como Uruguay intentan zanjar la cuestión convocando –como ocurrió el pasado 2004– a un referéndum para decidir si privatizar o no el servicio de suministro del agua, existen al menos dos hechos innegables. De un lado, las experiencias en todo el mundo –fomentadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– han demostrado que la transferencia a manos privadas del abastecimiento de agua trae como efecto un aumento de su costo, con el detalle de que en muchos casos los que más la necesitan son los que más cara la pagan.

En su Manifiesto..., Petrella acude al ejemplo significativo, pero no único, de Manila. La capital de Filipinas, con 10 millones de habitantes, fue en 1997 una de las primeras grandes ciudades en dejar la gestión del agua bajo control privado. Como consecuencia, los pobres terminaron pagando el doble por el agua que los ricos. Pero hay más, porque el del agua figura como uno de los negocios con mayor crecimiento y más lucrativo de la actualidad, con unos márgenes de beneficios que –a decir de muchos– resultan obscenos cuando se recuerda hasta qué punto la vida de millones de personas está afectada por la falta de agua.

Barlow y Clarke se hacen eco en su libro de un número especial dedicado a la industria global del agua, publicado en mayo de 2000 por Fortune, en el que la revista auguraba lo siguiente: "El agua parece destinada a ser para el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX: la codiciada mercancía que determina la riqueza de las naciones".

La afirmación no debe sorprender, habida cuenta del formidable volumen de negocios de la industria del agua, cuyos ingresos anuales alcanzan ya cerca del 40% del sector del petróleo y son una tercera parte más elevados que los del sector farmacéutico. "En 1998, el Banco Mundial predijo que el comercio global del agua alcanzaría pronto la cifra de los 800.000 millones de dólares y para 2001 esa cantidad se había elevado nada menos que a un billón de dólares", aseguran los especialistas, a la vez que aportan los datos del crecimiento del otro gran negocio azul, el del agua embotellada, un sector que en 30 años (de 1970 a 2000) pasó de embotellar 1000 millones de litros a comercializar 84.000 millones de litros en todo el mundo.

Un derecho universal

Frente a este panorama, mientras las grandes empresas del negocio del agua, como Vivendi Universal, el grupo RWE o la firma Suez, maximizan sus beneficios –las tres figuraban ya en 2001, según el Instituto Polaris de Canadá, entre las 100 más poderosas del mundo–, una corriente de opinión cada vez más persuadida de su fuerza está dando batalla a escala global para que el agua deje de considerarse un bien económico y pase a ser considerada un bien social ligado al derecho a la vida, fuera del manejo de las empresas.

"El acceso al agua debe ser un derecho y cualquier barrera que se le interponga lesiona ese derecho", dice Emiliano Ezcurra, director de campañas de Greenpeace Argentina.

"El agua no es como otros recursos naturales. […] Hay que evitar que siga el camino del petróleo", escribe Petrella, cuya obra sobre el tema es el libro de cabecera de muchas de las organizaciones implicadas en esa causa. "No hay ninguna alternativa que pueda sustituirla y, por lo tanto, es más que un recurso: es un bien vital para todos los seres vivos y para el ecosistema de la Tierra en general", argumenta este profesor de la Universidad de Lovaina.

Para el italiano, "todos los seres humanos tienen derecho, individual y colectivamente, a acceder a este bien vital. El acceso al agua y la obligación de conservarla para la supervivencia pertenecen al conjunto de la humanidad; no pueden ser nunca objeto de apropiación individual", apunta. "El control del agua no se puede dejar librado a la lógica de las finanzas y el mercado, porque éstos garantizan el derecho a la vida sólo a los consumidores solventes", concluye el politicólogo, que propone la firma de un convenio mundial para defender la consideración del agua como "un patrimonio común y vital".

Cuando el reto de las Naciones Unidas de reducir para 2015 a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable y garantizar un consumo mínimo de 20 litros parece para muchos un desafío imposible, los grupos de activistas en los que militan estudiosos como Barlow y Clarke hablan de la conveniencia de un cambio de mentalidad.

"Nosotros creemos que el acceso al agua limpia para satisfacer las necesidades básicas es un derecho humano fundamental. Este recurso vital no puede convertirse en una mercancía que se ofrece al mejor postor. Cada generación debe asegurarse de que la abundancia y la calidad del agua no se vean afectadas negativamente por sus actividades", enfatizan los canadienses.

Para saber más
www.unesco.org/water
www.worldwaterforum.org
www.unu.edu/env/water

En la Argentina

• El Sistema Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua subterránea más grandes del planeta.

• Con una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados, comprende cuatro países: la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Nuestro país posee 225.000 kilómetros cuadrados de reserva acuífera, ubicados en la zona del Litoral.

• El volumen total de agua almacenado por el sistema es de 37.000 kilómetros cúbicos (1km.3 es igual a mil millones de litros).

• El Proyecto Acuífero Guaraní, destinado a la protección y desarrollo sostenible del sistema, está cofinanciado por organismos nacionales e internacionales, y cuenta con la cordinación del Instituto Nacional del Agua (INA).

Fuente: INA

Un derecho y el precio justo

Riccardo Petrella, politicólogo italiano autor de El manifiesto del agua, propone el establecimiento de una triple tarifa para garantizar el derecho universal de acceso al líquido azul. La primera aseguraría una cuota de agua que correspondería a la cantidad y la calidad juzgada como necesaria para vivir en un país determinado. Ahí, el agua no sería gratuita, sino pagada indirectamente por los impuestos. La segunda –facturada directamente al cliente– sería la cuota relativa a todo consumo que sobrepasara el umbral mínimo definido como indispensable. La tercera tarifa gravaría el consumo suntuario, pero teniendo en cuenta que no se puede comprar el derecho a derrochar.