Polémica en las redes. "Me importa un comino el Sr. Allen", Stephen King contraataca

Hachette rompió el contrato con Woody Allen para publicar sus memorias y uno de los más grandes usuarios de la tuitósfera, el escritor Stephen King (@StephenKing), se hizo eco. Su toma de posición fue bastante inesperada--considerando sus posturas habitualmente progresistas y el clima hostil contra el director de cine—pero con una redacción ciertamente dudosa. El tuit decía, traducido: "La decisión de Hachette de abandonar el libro de Woody Allen me hace sentir incómodo. No es él: me importa un comino el señor Allen. Lo que me preocupa es quién será el siguiente en ser amordazado".

Más allá del audaz rechazo del boicot, la pregunta obvia era, ¿por qué no habría de importarte Woody Allen y sí la siguiente persona en ser "amordazada"? La serie podría ser infinita, postergando una y otra vez la víctima propicia. Rápidamente, el doctor Andrés Rosler, activo tuitero y en sus ratos libres profesor de Filosofía de Derecho, hizo el siguiente comentario:

"El argumento según el cual el problema no es que Woody Allen no pueda expresarse sino que hay otras personas que pueden terminar como él, supone que si supiéramos que Woody Allen fuera el único entonces estaría bien. Pero entonces que quede claro: Woody Allen no tiene derechos."

En su blog "La Causa de Catón", el propio Rosler desarrolla la argumentación esbozada en Twitter y finaliza con estos párrafos:

"Woody Allen debería haberse puesto en contacto con la editorial o editoriales que publican sin mayores problemas, por ejemplo, Mein Kampf o la obra de Mao, o por qué no, Duncker & Humblot, la editorial que ha publicado la mayor parte de la obra de Carl Schmitt, o Vittorio Klostermann, la editorial que publica las obras completas de Martin Heidegger, el maestro de Jacques Derrida, creador de la deconstrucción. O tal vez Woody Allen debería haber intentado ser condenado, ya que a veces un condenado puede tener derechos que no tiene una persona que todavía es considerada inocente."

En 1992, Woody Allen fue acusado de abusar sexualmente de Dylan, una de las hijas adoptivas de Mia Farrow, en aquel entonces su pareja. Hubo dos investigaciones y finalmente Woody Allen no fue juzgado ni mucho menos condenado por el supuesto delito. Como dice Tanya Gold en una excelente nota en la revista digital Unherd "No detallaré las acusaciones y respuestas de esa discusión porque esta columna —como Twitter, como las oficinas de Hachette— no es un estrado judicial". Lo cierto es que la era del #MeToo, en el cual acusación y condena se producen en el mismo acto, sin la posibilidad de defensa o la presunción de inocencia, hizo que recrudeciera el clima negativo sobre el director. Luego de varios rechazos editoriales para publicar su autobiografía, había conseguido la participación de Hachette, quien a la postre cedió a las presiones y dio marcha atrás con el contrato.

Stephen King empezó a sentir esa presión de la opinión pública de su país, inclinada al linchamiento. Lejos de amilanarse por los argumentos del Dr. Rosler (o quizás tan sólo no lo siga), volvió a tocar el tema pero ahora acusando a Hachette de haber hecho oídos sordos al hecho de que Ronan Farrow —otro de los hijos de Mia y uno de los que destapó el caso Harvey Weinstein— publicara en la misma editorial. El temor del escritor de mostrarse insensible ante las víctimas de acosos sexuales provocó el repliegue y contestó una curiosa pregunta: ¿a qué podría tenerle miedo el maestro del terror?

Afortunadamente, la editorial que tenía los derechos del libro de Woody Allen en español, anunció que no cambiaba de planes y que anunciaba la salida de la edición para el 21 de mayo. No se conocieron incidentes relacionados con este anuncio.

La discusión sobre si se trata de un caso de censura es irrelevante. De lo que se trata es de que la presión social hizo que una empresa privada incumpliera un contrato. Hachette había evaluado la conveniencia de editar un libro que seguramente no tiene problemas comerciales ni de calidad. Todo el caso apunta a una pregunta que deberíamos contestar con sinceridad: ¿es conveniente que colectivos sociales actúen como una justicia paralela cuando los procedimientos legales corrientes no dan el resultado que esperan?