Acompañar la gestación defendiendo la vida

Defender la vida por nacer, esto es proteger la vida desde la concepción, demanda mucho más que encendidos artilugios discursivos. Implica un enorme y activo compromiso comunitario que garantice a las embarazadas y a sus niños los medios materiales, espirituales y psicológicos que aseguren su bienestar durante la gestación y el alumbramiento, proveyendo también el apoyo y la ayuda que requieran a posteriori. Esto sin por ello soslayar la superlativa importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) que forme e informe debidamente de cara a reducir la cantidad de embarazos no deseados.

En esta sana dirección, en la importante ciudad santafesina de Rafaela, se aprobó una ordenanza municipal a fines de diciembre pasado que crea, en los hechos, un Centro de Atención para embarazadas en estado de vulnerabilidad. Una medida que debe ser ciertamente celebrada despertó el fuerte rechazo de organizaciones abortistas provinciales y nacionales que denunciaron la medida y pidieron su veto por considerarla "inconstitucional". Si bien la ordenanza no modifica la regulación nacional aplicable para casos de aborto legal, se le adjudica ignorar la obligación de implementar políticas activas de salud que incluyan el derecho a decidir la interrupción de un embarazo con las causales previstas legalmente. Increíblemente, con fanática ceguera se llegó al punto de afirmar que ese centro fue creado con el único fin de impedir que las mujeres accedan a su derecho a interrumpir legalmente un embarazo. Los activos grupos seudofeministas de esa ciudad acusan al Estado municipal de ser "antiderechos", de recortar libertades y de condicionar la política pública.

Otra valiosa y valiente iniciativa es la que presentó el vicepresidente II del Concejo Deliberante de La Matanza, Miguel Saredi, en la plataforma change.org, dirigida a sumar firmas para declarar al municipio "A favor de la Vida". Fundado en las distintas normativas locales e internacionales, incluida nuestra Constitución Nacional, que entienden por "niño" a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años, destaca que no es facultad del Congreso Nacional aprobar una ley "que legalice el aborto y permita el homicidio de un indefenso niño por nacer". Reivindica así el lugar de la madre y del hijo como sujetos de derechos y refuerza la importancia de la presencia del Estado.

La discusión sobre la liberalización del aborto ha movilizado a vastos sectores de la población. En agosto pasado, el rechazo del Senado al proyecto de ley de interrupción del embarazo, aprobado por Diputados, impuso un compás de espera que volverá abrirse seguramente este año. De las argumentaciones escuchadas en esa oportunidad surge la necesidad impostergable de fijar políticas desde el Estado en este delicado terreno. El por entonces ministro de Salud de la Nación, sin dejar de reconocer lo dramático e indeseable del aborto, planteó la aparente inevitabilidad de las variables que lo motivan.

Deberían ser los propios funcionarios quienes, cumpliendo responsablemente con la tarea que la ciudadanía les asigna, alcen activamente la bandera de un mayor compromiso para terminar con tantos flagelos. En un año electoral, quienes nos representan no pueden transgredir el mandato de las urnas, por lo que hemos de llamar nuevamente la atención sobre la necesidad de que sean claros respecto de sus posiciones personales y partidarias sobre cuestiones tan sensibles.

Urge involucrar un mayor compromiso dirigido a desarrollar redes de atención especializada para las embarazadas y sus familias pues, lejos de violentarlas en sus derechos, como algunos trasnochados pretenden hacer creer, protegerlas en su libre decisión de llevar adelante la gestación es acompañar el primero de los derechos, el derecho a la vida.