Acuerdo de transparencia en Mendoza

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22 de abril de 2004  

Frente a la crisis de credibilidad en nuestros representantes políticos y a la fuerte percepción de falta de transparencia y eficaz control en los actos de la administración pública, debe verse como un valioso paso el reciente acuerdo suscripto por el gobierno de la provincia de Mendoza con dos organizaciones civiles tendiente a eliminar la discrecionalidad y a fortalecer la participación ciudadana en la cosa pública.

El Acuerdo de Compromiso Público de Transparencia de Gobierno fue firmado por el gobernador mendocino, Julio Cobos, y representantes de dos entidades sin fines de lucro: Familiares Víctimas Indefensas de Mendoza (Favim) y Poder Ciudadano.

El papel de estas dos prestigiosas asociaciones civiles será fundamental en el monitoreo y control de los puntos acordados, entre los que se destacan llamados a audiencias públicas previos a licitaciones de servicios públicos y acciones para mejorar la información de la ciudadanía.

En el compromiso suscripto, se estableció una primera etapa, que comprenderá el primer año a partir de la firma del convenio, en la cual se atenderán diversas acciones y políticas de ese estado provincial. Entre ellas, figura que en todas las ventanillas y oficinas de atención al público se coloque de manera visible y clara el procedimiento establecido en la reglamentación que define la manera de solicitar información pública; que se faciliten herramientas para la participación de la ciudadanía en el monitoreo de la ejecución presupuestaria, y que anualmente el Poder Ejecutivo presente un resumen de gestión con la colaboración del gabinete provincial en el que informe respecto del cumplimiento de las metas propuestas al inicio del período ordinario, utilizando el mecanismo de consulta empleado en las audiencias públicas.

En otro orden, el acuerdo contempló la obligación de que toda persona que ocupe un cargo político entregue una declaración jurada patrimonial que tendrá carácter de pública, al tiempo que el total de los miembros del gabinete del gobierno realicen una presentación de todos sus antecedentes con el fin de que la ciudadanía obtenga información sobre la procedencia de las personas designadas.

Se estipuló además que la provincia podrá realizar audiencias públicas acerca de procesos de contrataciones públicas que efectúe la administración, previo requerimiento de Favim.

Finalmente, el acuerdo buscó terminar con las innumerables sospechas en torno de la adjudicación de beneficios sociales, un problema que se extiende a prácticamente todo el país. Así, la provincia se compromete a consolidar un registro único de beneficiarios de programas de asistencia social.

Merece destacarse que el gobierno de Mendoza fue el primero en firmar un compromiso de este tipo, que apunta a dar respuesta a las demandas de ética y transparencia pública que viene expresando la sociedad argentina. Al mismo tiempo, cabe valorar el trabajo serio y responsable que las organizaciones no gubernamentales han efectuado en este caso particular, que revaloriza el papel de éstas en la sociedad.

Es de esperar que otras administraciones provinciales tomen el ejemplo de Mendoza, hasta que se constituya una auténtica cultura de la transparencia y de la participación cívica, tan necesaria para revertir la triste imagen que ofrece nuestro país en el mundo y que se refleja en las enormes trabas burocráticas, en la débil imagen de nuestra dirigencia política en la opinión pública y en el consecuente desinterés de potenciales inversores extranjeros.

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