Agua contaminada en Ezeiza

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29 de marzo de 2005  

Inquieta a decenas de miles de pobladores de los municipios de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza la probable contaminación por desechos radiactivos de las napas de agua de ese vasto sector del conurbano bonaerense. Esa preocupación de los vecinos data de hace un lustro y ha crecido a partir de un informe pericial, trascendido a la opinión pública, que confirmaría la presencia de uranio y nitratos en las aguas.

Se le atribuye también al Centro Atómico de Ezeiza (CAE) ser la fuente de ese daño, aunque sus autoridades y las de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) negaron tal contaminación. A pesar de esto, y ante la gravedad del riesgo latente, es obligación de las autoridades ratificar o rectificar con urgencia qué ocurre, para adoptar sin más demoras las medidas que el caso reclama. En verdad, asombra pensar en el tiempo transcurrido desde el momento en que fue radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora una causa, fechada en 2000, por denuncias públicas de vecinos alarmados ante el peligro de consumir aguas que pudieran constituir un peligro grave para la salud. El juez Alberto Santamarina encomendó recientemente la ejecución de un peritaje de oficio, según el cual de las muestras extraídas de 46 pozos cercanos al CAE 34 estaban afectados por esa contaminación y el 52% revelaba un nivel de radiactividad superior al admitido por el Código Alimentario Nacional.

Más tarde informaron la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Negaron la contaminación y afirmaron que el agua es apta para el consumo. Tras ello, el juez ordenó mediciones complementarias, efectuadas por "un cuerpo de especialistas interdisciplinarios pertenecientes a una institución oficial". Esa decisión resulta lógica, dada la divergencia de las conclusiones de los informes previos.

En verdad, se ha planteado una situación compleja. Las sospechas de contaminación, ciertas o no, tenían vigencia antes de ser probadas. Tras el informe pericial se convirtieron en creencia para muchos. Los comunicados que rechazaron la contaminación, en cambio, pese a emanar de autoridades científicas, no bastaron. La desconfianza de los pobladores se expresó en la petición de que sean autoridades internacionales las que establezcan con rigor la verdad o falsedad de la denuncia.

La población exige, con razón, que se le confirme la potabilidad del agua. Este reclamo debe ser satisfecho de inmediato y sin dejar lugar a dudas. De confirmarse la toxicidad, se tornaría todavía más urgente la provisión de agua potable para la salud humana y ambiental amenazadas. Mientras haya dudas, ya habría que recomendar conductas preventivas, aunque más no fueren provisionales.

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