Algo de alivio en medio de la tormenta

Por Eduardo L. Bonelli De la Redacción de LA NACION
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22 de octubre de 2000  

Como respondiendo a la sostenida demanda de la opinión pública, que reclamaba del sistema político una actitud institucional madura y adecuada a la situación para hacer frente al estancamiento económico que vive el país, el Congreso de la Nación aprobó finalmente proyectos legislativos cuya larga demora impedía al Poder Ejecutivo adoptar, sobre bases jurídicas consistentes, importantes decisiones vinculadas con el orden fiscal.

La crisis política, el descrédito parlamentario, los desentendimientos internos en el oficialismo y en la oposición, la acidez corrosiva del debate, habían difundido una peligrosa sensación de difícil gobernabilidad, de que en los órganos del Estado la puja por porciones de poder era más importante que los problemas reales y tangibles de la gente, y de que las instituciones republicanas resultaban incapaces de ponerse a la altura de las circunstancias.

En un panorama en que la falta de confianza en la economía argentina venía siendo reiteradamente señalada como el principal factor retardatario de las actividades productivas, de la falta de inversión, del decaimiento del consumo, el convulsionado clima político no hacía más que infundir nuevos temores, aumentar el desaliento y sofocar cualquier indicio de reactivación. Incluso la homogeneización del gabinete ministerial perdía sentido, como señal política, frente a las expresiones de algunos dirigentes, tan descaminadas como imprudentes e inoportunas, que sólo podían ser un aporte a la confusión.

Que en este piso tan resbaloso haya podido hacer pie el Congreso para sacar adelante leyes tan relevantes y tan controvertidas como la de emergencia económica y la denominada antievasión debe ser visto como un hecho positivo que sale al cruce de las preocupaciones acerca de la gobernabilidad y de la capacidad del Gobierno de llevar a la práctica sus propuestas.

A estos avances hay que añadir, como señales en el buen sentido, la aprobación en general, por la Cámara de Diputados, del plan de infraestructura que había diseñado Nicolás Gallo durante su gestión; y también el acercamiento producido entre el Poder Ejecutivo y los sectores parlamentarios de la oposición -contando como tales algunos votos de la Alianza oficialista- respecto de las reformas posibles al proyecto de presupuesto elaborado en el Ministerio de Economía.

La inconducta del Estado

Esta relativa bonanza después de la tormenta ha sido, naturalmente, el resultado de una cuidadosa negociación a la que concurrieron con un saludable espíritu conciliatorio, y más allá de las obvias diferencias, no sólo las dos fuerzas políticas mayoritarias sino también la gente de Acción por la República, cuyas bancas pueden ser decisivas en más de una votación. El resultado que obtuvo el Gobierno no es poca cosa, si se mide por la extensión de las atribuciones que le confiere la ley de emergencia económica, aún considerando que otros requerimientos del Ejecutivo no fueron satisfechos por el Congreso.

La ley de emergencia económica tiende, esencialmente, a poner orden en las finanzas fiscales, de modo de evitar que obligaciones de cumplimiento eventual puedan caer súbitamente sobre el erario enervando cualquier esfuerzo para equilibrar las cuentas públicas.

El Estado ha tenido durante muchos años, bajo gobiernos de diferente signo, un grave descuido de una gran parte de sus compromisos financieros, y en forma sistemática ha derivado a la Justicia infinidad de reclamaciones a las que ostensiblemente asistía perfecto derecho. Con una conducta que los jueces recriminarían, sin duda, a cualquier particular litigante, optó regularmente por patear las deudas para adelante forzando a sus acreedores a acudir a los tribunales y emprender un largo y complejo trámite.

De este modo, chicaneando, el Estado ha obtenido un financiamiento forzoso al margen de toda ley y de cualquier esquema presupuestario, a expensas de sectores tan débiles como los jubilados, que son el mejor ejemplo de una conducta estatal abusiva.

Pero con esta triquiñuela convertida en procedimiento regular y corriente, el Estado ha engrosado, además, el gasto público, ha aumentado su endeudamiento y ha fomentado desmesuradamente la onerosa industria del juicio acumulando en los tribunales centenares de miles de expedientes que terminan concentrándose en la Suprema Corte de Justicia, cuyo trabajo se ve así complicado y desvirtuado. En este sentido, la ley de emergencia no mejora mucho las cosas: dispone que las demandas jubilatorias pendientes sólo serán pagadas cuando tengan sentencia firme de la Corte.

Contratos en revisión

Sólo en obligaciones previsionales insatisfechas, la deuda estatal redondea unos 6000 millones de pesos, pero crecería sustancialmente si la Corte y los tribunales inferiores dilucidaran con presteza las reclamaciones en curso, cuyo número crece rápidamente, día tras día, por nuevas presentaciones. Para cancelar esta parte de la enorme deuda flotante el Estado emitirá una tercera serie de Bocon Previsionales, a 10 años de plazo, mientras una cuarta serie de Bocon a 16 años de plazo permitirá cancelar las obligaciones con proveedores, contratistas y otros acreedores.

Otros bonos, nacionales o provinciales, serán emitidos para cancelar los saldos -en uno o en otro sentido- de las obligaciones recíprocas contraídas por la Nación y los Estados provinciales.

El resultado será un sensible incremento de la deuda pública global, pero es necesario sincerar y poner orden, alguna vez, en una situación cuya falta de transparencia es fuente de incertidumbres que dañan la confiabilidad de la economía Argentina.

En cambio, el proceso de revisión de los contratos celebrados por el Estado nacional -con expresa exclusión de los que derivan de la privatización de empresas públicas- será, muy probablemente un venero de conflictos y, consecuentemente, puede transformarse en un potencial factor de inseguridad jurídica y de aprensiones.

Del mismo modo, la movilidad que se prevé para determinados rangos del personal estatal podría generar entredichos, pero es a primera vista indispensable si lo que se propone es una reestructuración a fondo de la Administración del Estado. Habrá que ver, en este sentido, cómo usa el Poder Ejecutivo esta facultad.

Por su parte, la ley antievasión incorpora distintos mecanismos de control, de dispar importancia, que prometen mejorar las posibilidades del fisco en una lucha en que a veces parece al borde del KO; pero su eficacia dependerá de la capacidad de los organismos recaudadores ahora bajo jurisdicción de la Jefatura de Gobierno para aplicarlos con rigor. Sin olvidar, es claro, que el centro del problema está en la pobre calidad de un sistema tributario siempre complejo, inestable, que ejerce exagerada presión sobre el contribuyente cumplidor, y sólo sobre él.

Un dato importante es la decisión del Congreso de mantener el denominado bloqueo fiscal, que impide a la administración tributaria investigar declaraciones impositivas de ejercicios anteriores cuando encuentra que la última es correcta. Al menos, es un signo de estabilidad en las reglas de juego.

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