Ante el oportunismo, hay que enfriar el debate

Lucas S. Grosman
Lucas S. Grosman PARA LA NACION
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30 de enero de 2015  

Supongamos que un gobierno propone modificar la ley electoral para que los extranjeros residentes puedan votar en elecciones nacionales. En apoyo de esta propuesta, alega que ello contribuiría a la integración social de los inmigrantes, a su visibilidad política, a la protección de sus derechos, etc. Supongamos, además, que una encuesta revela que los extranjeros residentes apoyan al gobierno en una proporción mayor que el resto de la población. En tales circunstancias será muy difícil escindir la discusión sobre los méritos generales de la medida, por un lado, de las especulaciones sobre las consecuencias específicas que ella tendría para la suerte del gobierno en las elecciones siguientes, por otro. Más aún, los políticos que en principio no estén a favor del cambio, pero crean que el gobierno tiene altas probabilidades de imponer su posición, encontrarán pocas razones para hacer público su parecer, pues ello tendería a predisponer en su contra a un sector de la población que probablemente pasaría a tener peso político. Hasta resultaría difícil dilucidar en qué medida el mero hecho de presentar esta propuesta fue no sólo consecuencia sino también causa del masivo apoyo que el sector en cuestión le ofrece ahora al hipotético gobierno. En definitiva, el debate que siga a la propuesta en cuestión se verá enrarecido, con más espacio para el oportunismo y la especulación que para la discusión de buena fe.

Como la democracia es mucho más que levantar manos y contar votos, debemos tratar de crear las condiciones para que los debates no se vean enturbiados por el tipo de perversiones que abundarían en un caso como el descripto. Para ello, una pauta general podría ser la siguiente: en principio, los cambios significativos en la estructura de poder no deben beneficiar -dar más poder- al gobierno que los impulsa. Un modo sencillo de lograrlo es que esos cambios no tengan aplicación inmediata o inminente, sino que, en el mejor de los casos, beneficien al siguiente gobierno o resulten incrementales.

Varias discusiones públicas recientes se habrían visto altamente favorecidas por una regla como la sugerida. El voto para los mayores de 16 años es un ejemplo de libro de texto. Parecía razonable que un cambio de esa naturaleza no se hiciera efectivo hasta que hubiese pasado una cantidad prudente de tiempo para despejar especulaciones. También en otros casos resonantes habría resultado muy oportuno que los efectos de la medida no fueran inmediatos: cuando se debatió la ley de medios audiovisuales, por ejemplo, en ocasiones no quedaba claro si quienes la apoyaban lo hacían por consideraciones de largo plazo sobre la estructura de los medios en la Argentina o por la ambición de cortísimo plazo (y más difícil de sostener en público) de debilitar a un medio opositor justamente por su condición de tal. Dilatar algunos de los efectos de la ley -por ejemplo, que no alcanzara a las licencias regularmente adquiridas aunque sí su renovación, como sostuvieron Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda en sus votos disidentes de la Corte- hubiese permitido diferenciar ambos tipos de consideraciones y, por ende, facilitado un debate más franco y más fructífero.

Lo mismo se aplica a algunos de los cambios más polémicos impulsados por el Gobierno recientemente en el procedimiento penal, donde la aspiración de alcanzar un proceso más adversarial se mezcla con la vocación de otros de facilitar la impunidad. Y, por cierto, igual actitud procede frente a la propuesta de rediseñar la agencia de inteligencia del Estado. En todos estos casos, quienes creen de buena fe en las bondades generales de estos cambios podrían confundirse con quienes apuestan a ellos por puro oportunismo y autointerés. Por ello, debemos promover las condiciones para que el debate público permita distinguir con mayor claridad a unos y otros. Un período de enfriamiento que dilate la eventual entrada en vigor de estos cambios, cualesquiera que ellos fueran, ayudaría a lograr ese objetivo.

Si mi sugerencia estuviese dirigida a quienes impulsan los cambios en cuestión, sería de una ingenuidad supina. No lo está. Sus destinatarios son quienes se encuentran en la ambigua e incómoda posición de creer en la necesidad de un cambio por razones genuinas y de buena fe, pero temen, y con razón, ser funcionales a quienes persiguen fines menos iluminados. Si éste es el caso, nada mejor que enfriar el debate: tratemos de discutir de manera reflexiva e informada, pensando en el largo plazo, y que al oportunismo se le caiga la máscara.

El autor es profesor de derecho en la Universidad de San Andrés

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