Arde la Web: ¿se viene la censura?

José Crettaz
José Crettaz LA NACION
El proyecto de ley del kirchnerismo para regular las opiniones en Internet, que prevé penas de cárcel para quien incurra en actos discriminatorios, es inconstitucional y va contra el sentido común de la cultura digital
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30 de julio de 2015  

"El drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad", se enojó hace dos meses el semiólogo Umberto Eco. Ante la cultura participativa de Internet, el intelectual italiano es apocalíptico: "Las redes sociales provocan una invasión de imbéciles que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la colectividad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel".

La indignación de Eco apunta a los "comentaristas", reyes de la ya madura Web 2.0 que están presentes en todos los medios, redes sociales y portales, dándoles riqueza a los contenidos que circulan por la Red y también abusando de esos espacios con insultos y violencia verbal. La respuesta a esos abusos está dando lugar a peligrosas innovaciones legislativas, como el proyecto kirchnerista que, con aparentes buenas intenciones, avanza rápidamente en el Congreso para meter presos a los comentaristas "que fomenten el odio".

El problema no es nuevo ni se circunscribe al ámbito local. Empresas periodísticas globales pioneras en abrir sus artículos a críticas y correcciones de los usuarios buscan ahora nuevas formas de moderar esas ventanas para separar a quienes aportan valor al diálogo de los que sólo causan ruido y promueven lo peor de nuestra especie.

Resignados, algunos medios cerraron total o parcialmente sus plataformas a comentarios (como el sitio deportivo del diario USA Today). Incluso nuevos medios que están revolucionando el periodismo digital, como el estadounidense Vox, decidieron directamente nacer sin permitir comentarios en su propia plataforma. Otros, como The Washington Post y The New York Times, encargaron a la Fundación Mozilla la búsqueda de formas más eficientes de moderar las opiniones involucrando a los propios opinadores. Se ha intentado de todo, el registro de los usuarios, la verificación y la moderación automática, humana y colectiva las 24 horas todos los días, y se siguen probando herramientas de autorregulación.

Hay quienes dicen que el problema no son los comentarios, propios de la cultura libre y democrática de Internet, sino el anonimato, sobre lo que ya hay abundante bibliografía (una mitad a favor, la otra en contra). En otras palabras, el drama no es que haya "imbéciles" -siempre en los términos de Eco-, sino que se escondan detrás de un nickname para decir cualquier cosa, hostigar, revelar la vida privada de terceros, insultar o acusar sin pruebas (en la jerga digital se llama troll al que cultiva estas prácticas).

Pero el anonimato, especialmente en sociedades no democráticas o con democracias de baja intensidad, puede ser una cuestión de vida o muerte: personas perseguidas, amenazadas o bajo extorsión tendrían menos elementos para difundir sus historias. El anonimato habría protegido al bloguero Raif Badawi, condenado en Arabia Saudita a diez años de cárcel y 1000 latigazos "por ofender al islam" (pena confirmada este mes por el máximo tribunal saudí), y -más cerca- a la tuitera venezolana Inés González ( @inesitaterrible), acusada de "presunta incitación al odio" por postear contra el gobierno bolivariano y presa desde hace nueve meses en un calabozo del Sebin, el servicio de inteligencia chavista. Ellos podrían haber ocultado su identidad, pero prefirieron no hacerlo.

América latina sumó en los últimos años normas penales que van en esa dirección. Como ocurre en Venezuela, en Ecuador la ley orgánica de comunicación prevé también figuras penales para las opiniones en Internet (especialmente aquellas que tienen como objetivo al presidente Rafael Correa). En la Argentina, la producción legislativa que busca controlar la comunicación fue muy fructífera estos años y está vigente. Ningún presidenciable ha dicho qué hará con ese "digesto", en el que se incluyen la ley de medios audiovisuales, que condiciona las líneas editoriales con innumerables instrumentos burocráticos y medidas arbitrarias; la ley antiterrorista, cuya definición de "acto terrorista" es tan amplia que podría aplicarse incluso a quien informe el precio del dólar blue; la ley de telecomunicaciones, que crea una autoridad omnipotente y la pone a controlar las redes de conectividad; la nueva "doctrina nacional de inteligencia", que tipifica los "golpes de mercado", y la ley del mercado de capitales, que habilita la intervención de empresas sin distinciones de ninguna naturaleza.

Ahora, el proyecto de ley impulsado por los diputados Remo Carlotto, Diana Conti, Jorge Rivas y Carlos Heller, entre otros legisladores kirchneristas, que ya tiene dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, también prevé penas de cárcel -de un mes a tres años- para quienes incurran en prácticas discriminatorias en Internet. La iniciativa busca actualizar y reemplazar la ley antidiscriminación sancionada en 1988 y que ya había previsto esas penas, pero incorpora la novedad de extenderlas a Internet de una manera tan brutal que acumuló un amplísimo consenso en su contra. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el kirchnerista Horacio Verbitsky, hasta la Fundación LED, dirigida por la funcionaria de Pro Silvina Giudice, expresaron su oposición. La Fundación Vía Libre (la primera en advertir el avance del proyecto en comisiones), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el ex relator de la libertad de expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, y el diputado progresista y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido (que, junto con su colega de izquierda Myriam Bregman, votó en disidencia contra el proyecto en la comisión) también cuestionaron la medida. Sólo la diputada Conti salió tímidamente en su defensa.

Sintéticamente, las críticas al proyecto cuestionan que la definición de "acto discriminatorio" es tan amplio que comprendería casi cualquier cosa, que alcanza por primera vez los comentarios en Internet y fija tipos penales -algo inédito en el ámbito de la libertad de expresión en la Argentina democrática- para quienes incumplan la norma, y que fomentará la censura privada al hacer responsables a los medios digitales de las opiniones que los usuarios dejen en sus plataformas. Todos los medios digitales, incluidos Facebook, Twitter y YouTube, deberán incluir en sus sitios el texto de una advertencia que está contenido en la propia norma. El proyecto de ley es anticonstitucional, contradice el marco interamericano de derechos humanos, fomenta la censura previa privada y hasta desconoce el reciente fallo de la Corte Suprema que limita la responsabilidad de los intermediarios. Y sobre todo, va contra el sentido común de la propia cultura de Internet.

Pero además, el kirchnerismo, fuerza política que introdujo en el país las usinas de agitadores digitales -que surgieron en 2008 durante el conflicto agropecuario y cuyos integrantes fueron haciéndose conocidos como "ciber-K"- no tiene autoridad moral para promover la lucha contra la violencia textual en Internet. Miles de militantes digitales trabajaron estos años para hostigar las opiniones críticas en foros y redes sociales.

En esa usina estalló esta semana una puja "fraticida": la community manager de @CasaRosada, Anita Montanaro, líder del Movimiento Peronista Bloguero, denunció "una campaña de trolls" contra el jefe de Gabinete, precandidato a gobernador y presidente de Quilmes, Aníbal Fernández, orquestada por el ex secretario de medios Enrique Albistur, publicista de su contrincante, Julián Domínguez. Lo que salió de unidades básicas digitales no es nada raro: es lo mismo que hemos visto en la maquinaria mediática gubernamental y paragubernamental sostenida con fondos públicos.

Aquellos ultra-K dieron a luz a los ultraanti-K, y así hasta los foros de cocina y decoración se llenaron de violencia política verbal, en sintonía con la que baja del atril presidencial desde hace años contra jubilados que compran dólares, periodistas que informan u opositores que... se oponen.

Los "imbéciles" en Internet que indignan a Eco no se combaten con leyes, sino con educación, respeto y diálogo democrático, tres cosas que la misma Internet puede potenciar. Señores y señoras foristas, haya paz. Y vayan comentando de a uno.

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