Editorial II. Armas: que se conozca toda la verdad

9 de diciembre de 1998

En la medida en que avanzan las investigaciones judiciales y periodísticas, uno tras otro van saliendo a la luz más detalles de las ventas ilegales de armas a Croacia y a Ecuador. Cada una de esas revelaciones suma confusas pinceladas al deprimente cuadro de las negociaciones ilegales, que tan negativo eco tuvo en el exterior y que dejó tan malparado al país.

El traficante de armas argentino, teniente coronel (R) Diego Emilio Palleros, trocó mutismo por locuacidad e hizo públicas gravísimas acusaciones. Las difundió en Sudáfrica, donde está procesado por la presunta falsedad de su pasaporte y de los documentos que le fueron otorgados junto con un permiso de residencia. Tal vez con la hipotética intención de salir lo menos dañado posible de su comprometida situación o acaso animado por el larvado propósito de patear el tablero para que otros personajes le hagan compañía en su vertiginosa caída, el ex representante de Fabricaciones Militares, sobre el cual pesa un pedido de extradición librado por la Justicia argentina, denunció que la identidad de los reales destinatarios de las encubiertas entregas de armamentos era conocida, pero que nadie quería "levantar la perdiz porque estaban de acuerdo con vender chatarra y obtener divisas".

Como si se tratase de una simple e inocente operación comercial, Palleros reconoció que en forma personal se encargó de obtener la documentación fraguada según la cual las fuerzas de seguridad de Panamá fueron las compradoras de los suministros bélicos, que incluyeron cañones de 155 mm, obuses de 105 mm y morteros de 81 y 120 mm, al parecer no precisamente de descarte. Admitió, asimismo, que percibía, en carácter de comisión de venta, entre el 8 y el 10% del valor del material exportado, cuyo destino final -remató- no era ignorado por los funcionarios gubernamentales que intervinieron en la tramitación ni por los altos mandos del Ejército Argentino.

Otro detalle sugestivo fue la comprobación, efectuada por un perito de Gendarmería Nacional, de que en la Fábrica Militar de Río Tercero faltaban algo más de 30.000 municiones de artillería, según inventario, al producirse hace tres años la virtual voladura de ese establecimiento. Los calibres del material faltante coinciden con los de los cañones y obuses que en lugar de ser remitidos al destino declarado fueron a parar a Croacia.

Si no se tratara de una cuestión que ha manchado el prestigio internacional de la Argentina, se podría decir que sus detalles presentan semejanza con los de una comedia de enredos. Se ha intentado explicar o negar indudables e indebidas intervenciones mediante subterfugios, ocultamientos, excusas y contradictorias declaraciones, que en modo alguno pueden excusar las graves omisiones en que incurrieron altos funcionarios del Estado, incluso al hacer oídos sordos a las denuncias que les remitieron diplomáticos y militares argentinos.

De por sí, el hecho de que se creyese que se les estaba vendiendo armamento a Panamá y a Venezuela cuando en realidad ese material iba a ser remitido a Croacia y a Ecuador no habla en favor de la transparencia ni de la eficacia de los procedimientos y controles administrativos y aduaneros que, es de suponer, deberían ser empleados para fiscalizar esa clase de operaciones.

A esta altura el mal está hecho y es irreparable. Sólo se podrá atemperarlo si el esclarecimiento de esta clandestina venta de armas es esclarecido hasta el final. Es menester no desechar ninguna de sus circunstancias -incluidas, por supuesto, las denuncias de Palleros- y llegar, costare lo que costase, al conocimiento de la verdad, de manera que la ley caiga con todo su peso sobre los partícipes y encubridores de las maniobras.

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