Bajo presión, la Corte impulsa una profunda reforma judicial

Las encuestas son lapidarias con el Poder Judicial. "Solo el gremialismo está peor visto, y no por mucho", dijo a LA NACION un hombre fuerte de la Corte Suprema. De 14 instituciones, está en el puesto 13º de una encuesta que circula por los despachos del Palacio (OH Panel, febrero de 2018).

Números como este se repiten desde mediados del año pasado y fueron determinantes para que los ministros asimilaran que ya no hay margen. Necesitan frenar este derrumbe cuanto antes. No sólo para dar una respuesta a los reclamos de los ciudadanos -los usuarios del sistema-, también para evitar que el cambio suceda de todos modos y los jueces sean observadores pasivos de su propia suerte.

"Es mejor abrir la puerta y no que te la abran", lo describió un magistrado que conoce muy bien el juego de la política. A los jueces les costó decenas de fallos neutralizar el paquete de leyes de "democratización de la Justicia" de Cristina Kirchner.

Ahora la Corte se propuso tomar la iniciativa y liderar un plan de debate puertas adentro, de dos días, que promete dar como resultado proyectos de reformas judiciales gestadas por los propios actores de la Justicia, que incluyen desde ampliar el horario de atención de los tribunales hasta limitar las apelaciones para acelerar las causas de corrupción, repensar el Consejo de la Magistratura y modificar los planes de estudios de las carreras de Derecho.

El proyecto es inédito por lo ambicioso. Hoy y mañana nueve comisiones van a abordar más de 50 asuntos. "Es necesaria una transformación profunda de la Justicia", escribió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en el documento base, que acordó con los demás ministros. Para Lorenzetti, que hoy encabeza el acto de apertura del año judicial, todo esto significa además una reafirmación de su liderazgo. Un liderazgo que podría cambiar a fin de año, cuando se elija al próximo presidente del tribunal. "El agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", resaltó el documento.

El año pasado el presidente Mauricio Macri les recriminó públicamente que los tribunales cierren a las 13.30 y tengan 45 días de feria, que los jueces escriban en "español antiguo", que los procesos sean "poco transparentes" y que las causas avancen tan lento. "Qué bueno sería, para todos, que la Justicia dé el ejemplo", dijo. Al Gobierno tampoco le cae simpático que, por un fallo judicial, hoy sólo paguen ganancias los jueces nuevos y únicamente si no vienen de la carrera judicial.

Los magistrados están convencidos de que hay mucho de injusto en esa mirada, dicen que la mayor parte de los juzgados hacen un enorme trabajo que nadie ve, que les echan culpas por cosas que dependen de otros poderes (como las políticas de seguridad) y que les faltan recursos, pero saben que si no dan una señal de cambio no tienen fuerza suficiente para responder.

En los últimos meses, Lorenzetti habló de este proyecto con Macri y con la gobernadora María Eugenia Vidal. Ese acercamiento ya dio un primer resultado: en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa esta vez no hubo críticas a la Justicia. Una semana antes Lorenzetti había ido a Olivos a contarle a Macri su plan.

Pero en el Gobierno no tienen especial confianza en que los jueces vayan a encarar una revolución puertas adentro. La Corte respondió por adelantado: "Lo que se pretende es implementar y no declarar reformas", escribió. Prometió, además, llevar adelante el proceso con celeridad (los jueces se quejaban de que les dieron solo diez días para presentar proyectos). La primera prueba se va a ver en poco tiempo: hay cambios que no requieren más que una decisión del Poder Judicial, como los que hacen a su organización interna.