Basura electrónica: una ley urgente y necesaria

María Eugenia Testa
La norma ha sido demorada en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento luego de su giro desde la Cámara alta.
(0)
1 de noviembre de 2012  • 20:46

El proyecto de Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) lleva casi 5 años en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con media sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley ha sido demorada en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento luego de su giro desde la Cámara alta.

El proyecto conocido como "Ley de Basura Electrónica", busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más aceleradamente está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios por lo que, en la práctica, los RAEE terminan siendo arrojados a rellenos o basurales siendo una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar sus componentes específicos para su reutilización.

Como ejemplo del desorden en materia de gestión de los RAEE que la falta de una regulación específica genera, se puede mencionar el caso de las pilas. Si un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires arroja una cantidad X de pilas junto con la basura domiciliaria, tal como lo promueven las empresas importadoras de estos artefactos, éstas terminarán en un relleno común de la provincia de Buenos Aires. Si este mismo ciudadano, conciente de la toxicidad de las pilas, intenta llevarlas para ser tratadas o dispuestas en un relleno de seguridad de la provincia, cumpliendo con una larga lista de requisitos legales, no podrá hacerlo debido a que las pilas son residuos peligrosos y su entrada está prohibida por la legislación provincial. Cabe recordar que ningún tipo de pilas o baterías es inocuo, y todas deben ser separadas del flujo de los residuos domiciliarios.

De ser aprobada la ley entrará en vigencia el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas de responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil

Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en Argentina en el año 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos de los rellenos y basurales. Además, y contando sólo tres minerales contenidos en estos teléfonos en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro; de haber reciclado estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011.

El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.

Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad -que recaerá sobre las empresas- de reciclar los residuos de sus propios productos, de acuerdo al proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".

De ser aprobada la ley entrará en vigencia el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas de responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia o están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.

Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa post consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Las empresas tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.

Frente a los conflictos pasados y los que se avecinan en torno a la gestión de los residuos sólidos urbanos y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de "Ley de Basura Electrónica"

Frente a los conflictos pasados y los que se avecinan en torno a la gestión de los residuos sólidos urbanos (sobre todo en el Área Metropolitana por el colapso del sistema Ceamse) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de "Ley de Basura Electrónica". Días atrás, los Diputados de la Comisión de Recursos Naturales e Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde se especula que la ley será frenada por el oficialismo. En alrededor de 50 días y de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario, es decir, volverá a foja cero. Cinco años de trabajo terminará, paradójicamente, en la basura.

En manos de los diputados, especialmente quienes integran el bloque oficialista –que son mayoría en la cámara- está la decisión final sobre este tema.

ADEMÁS

MÁS leídas ahora

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.