Boom importador, tras la máscara nacional y popular

El bloqueo de Guillermo Moreno sobre las importaciones ha puesto en tela de juicio una de las joyas del modelo nacional y popular: el régimen de promoción que rige en Tierra del Fuego y que beneficia, sobre todo, a un conjunto de empresas de electrónica.

Las compañías radicadas en la isla se venían beneficiando con el sistema de licencias no automáticas. Al restringir los permisos de importación, el Gobierno les había ampliado el mercado, agregando una nueva prerrogativa al régimen tributario que ya las protege . Pero los flamantes requisitos de la AFIP alcanzan también a esas firmas autóctonas, que comienzan a encontrar obstáculos para conseguir sus insumos.

El titular de la empresa Newsan, Rubén Cherñajovsky, que a la vez es vicepresidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, llevó sus tribulaciones a Amado Boudou y a la ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañado por Marcelo Claure, quien lidera Brightstar. En público anunciaron nuevas inversiones. En privado hablaron de las dificultades creadas por Moreno.

La jugada del secretario de Comercio es muy desagradable para estos empresarios, ya que los obliga a reclamar como importadores, que es el último rol con el que les gustaría ser identificados. La nueva avanzada regulatoria anima una controversia: si lo que el Gobierno presenta como un "polo tecnológico fueguino" es algo más que un gran parque de ensamblado de artefactos comprados en China.

La cuestión es importante porque el Estado resigna muchos recursos con el pretexto de estimular la fabricación nacional de bienes, en especial electrónicos. Tierra del Fuego es un Area Aduanera Especial, donde las sociedades no pagan impuestos a la importación ni a la exportación. Tampoco pagan IVA ni Ganancias. En las ventas de productos al continente, cobran el 21 por ciento en concepto de IVA, pero no deben desembolsarlo en la AFIP. Según cálculos de expertos privados, el gasto fiscal del régimen fueguino fue, en 2011, de por lo menos 3500 millones de pesos. Como en su mayor parte se trata de impuestos coparticipables, de cada 100 pesos que el Estado deja de recaudar, las provincias dejan de percibir 45 pesos y los jubilados (Anses), 28.

Este esfuerzo tributario vuelve más inquietantes las zonas grises del supuesto "polo tecnológico". Los parámetros para determinar si un producto es originario de Tierra del Fuego, y no el derivado de un simple montaje de piezas fabricadas en Oriente, son muy poco fiables. Ya no existe la obligación de que un porcentaje de los componentes del producto sea local. Ahora basta con satisfacer algunos "procesos productivos" que introduzcan "cambios sustantivos" en la mercadería importada. El gobierno de Tierra del Fuego y el Ministerio de Industria son los responsables de determinar si se cumple con esa condición.

Según la reglamentación, esos "procesos productivos" incluyen verificaciones visuales, pruebas y ensamblajes, aun cuando estos últimos estén invalidados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para determinar el contenido local de un bien. Un ejemplo: el régimen para la fabricación de cámaras digitales incluye en el "proceso productivo" la prueba de foco o de micrófono.

Los materiales nacionales que se exigen para obtener la exención fiscal también abren una incógnita gigantesca. Según la resolución 104/2010, por citar un caso, en los receptores digitales de video deben ser argentinos "las etiquetas autoadhesivas, la placa de identificación, el certificado de garantía, el manual de instrucciones, la lista de servicios técnicos autorizados y las cintas de embalar". Es el criterio que se aplica para los demás productos electrónicos con promoción fiscal.

Las estadísticas también llevan a pensar que en Tierra del Fuego el Estado está facilitando una formidable plusvalía a meros ensambladores. En su página web la provincia consigna que las importaciones han pegado una estampida: pasaron de US$ 800.000.000 en 2009, a US$ 1.500.000.000 en los primeros seis meses de 2011. Si se presta atención al tipo de mercaderías, no aparecen materias primas de la electrónica. En cambio el rubro "máquinas y aparatos eléctricos" fue de US$ 371.000.000 en 2009, a US$ 1.500.000.000 en 2010, y a US$ 940.000.000 en la primera mitad de 2011.

Hay otras cifras que sugieren que, salvo que se haya realizado un milagro de productividad, lo de Tierra del Fuego tiene poco que ver con un boom industrial. Por ejemplo, los celulares "fabricados" allí, que en 2009 eran 398.000, en 2010 fueron 4.900.000, y en el primer semestre de 2011, 5.300.000.

Uno de los argumentos de las autoridades de Industria para desmentir que el "polo tecnológico" sea nada más que la máscara de un boom importador, es que allí se estimula el trabajo argentino. Cuando se repasa la documentación, esa defensa se vuelve discutible. Basta leer, por ejemplo, la resolución 650/2011 del secretario Eduardo Bianchi, en la que Pc-Arts Argentina SA se compromete a producir 35.000 notebooks y netbooks por año con una dotación de 14 empleados. El ministerio explica que la empresa puede producir una notebook cada 195 segundos y que, por lo tanto, no necesita más que esa cantidad de personal. Iatec SA es también muy productiva. Según la resolución 72/2011 puede fabricar hasta 40.000 microondas por año con sólo cuatro empleados. Son cifras oficiales que refuerzan la impresión de que se trata de simples ensamblajes más que de la fabricación de artefactos con integración local.

La resolución 710/2011 otorga los beneficios del régimen para fabricar tablets PC -del tipo iPad- a Radio Victoria Fueguina. La empresa se comprometió a invertir 1.083.746 pesos de los cuales sólo 130.000 pesos son destinados a inversiones fijas y el resto, a capital de trabajo. ¿Se pueden fabricar tablets nacionales con una inversión fija de sólo 130.000 pesos? Es más razonable suponer que la mayor parte de la inversión está destinada a comprar en el Lejano Oriente las partes que se montarán en Tierra del Fuego. En el ministerio de Giorgi aducen que la empresa ha hecho inversiones anteriores y que se ha comprometido a hacer otras, "por más de $ 1,1 millones". Las más antiguas eran, claro, para producir otros bienes. ¿Habrá, entonces, una misma línea de ensamblado para varios tipos de producto? Es lo que estaría revelando la resolución 85/2011, en la que las autoridades aceptan que la firma Electrofueguina SA comenzará a fabricar 18.000 notebooks por año, "con 8 nuevos empleados", para lo que ampliará su planta en "200 metros cuadrados".

Los ensambladores de netbooks tienen un beneficio increíble. En los considerandos de las resoluciones que les extienden el privilegio fiscal se consigna que el Gobierno comprará sus productos para abastecer el programa Conectar Igualdad. Es decir, el Estado no sólo libera a estas empresas de cualquier competencia, sino que, además, se compromete a comprarles lo que "fabriquen".

El inventario de curiosidades del Silicon Valley criollo no termina ahí. La más inquietante es que el 30 de noviembre del año 2009, la Auditoría General de la Nación remitió al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un informe en el cual, entre muchas otras falencias, se consigna que las especificidades del Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego no fueron incorporadas al Sistema Informático María. En otras palabras, en Ushuaia y en Río Grande habría, según declaraciones de los propios funcionarios de Aduana, un gigantesco agujero negro. Se ignora si esa deficiencia ha sido subsanada.