Brasil abre una peligrosa caja de Pandora

Lo que vimos el domingo 17 por televisión no fue un golpe contra Dilma Rousseff. Y no lo fue porque un golpe es otra cosa, al menos según la definición. Un golpe consiste en la remoción del Poder Ejecutivo popularmente elegido por medio del uso de la violencia o de otros medios extralegales, típicamente con la participación de los militares apoyados por elites sociales. Esto no pasó en Brasil. Lo que allí pasó, sin embargo, es alarmante para el funcionamiento de la democracia en la región.

La decisión de la Cámara de Diputados de iniciarle a la presidenta Dilma Rousseff el proceso de juicio político, que seguramente terminará en su destitución tras ser aprobado por el Senado, es algo diferente a un golpe, aunque aún no tiene nombre: es una remoción antidemocrática del Ejecutivo forzando la utilización de procedimientos legales. Paradójicamente, en la naturaleza legal de esta nueva modalidad de remoción presidencial reside su mayor peligro.

La operación política para la destitución de Dilma fue puesta en práctica por una oposición amenazada, compuesta por socios del gobierno y competidores electorales del PT, con un doble objetivo. Por un lado, encubrir a decenas de diputados involucrados en escándalos de corrupción por coimas y compra de votos. Por el otro, ganar influencia sobre la gestión de la política económica ante la profunda recesión y el creciente malestar social. Cuesta entonces ver en la decisión del Congreso un síntoma de democracia madura, un paso hacia el ejercicio del control y la supervisión legislativa del Poder Ejecutivo. Por el contrario, lo que vimos es el espectáculo cruel de un sistema político en ruinas.

Pero vayamos por partes.

Primero, afirmar que la remoción de Dilma es legítima porque se cumplió con los procedimientos legales oscurece el hecho de que éstos fueron utilizados de manera forzada con una finalidad antidemocrática. Fue forzado porque no se demostró –ni se intentó demostrar– que los cargos formulados contra la presidenta por las pedaladas fiscales (o la decisión del Tesoro nacional de retrasar la transferencia de fondos a bancos públicos para aliviar la situación fiscal del gobierno) constituían un "crimen de responsabilidad". Esta comprobación, establecen las reglas, es una condición necesaria para iniciar el juicio político. Naturalmente, si esta decisión de política fiscal llegara a constituir un delito (algo difícil de sostener), sería un delito menor que en condiciones normales jamás produciría la salida de un presidente. Como ilustran las declaraciones de los diputados el domingo de la votación, nadie se preocupó por justificar que Dilma hubiera violado la ley al emplear las pedaladas. En cambio, se escucharon referencias constantes a los reductos electorales (municipios) de los diputados. Algo obligado en un sistema electoral proporcional con lista abierta que favorece la fragmentación, premia el voto personal y alienta el particularismo local de los políticos. Además, los procedimientos legales fueron utilizados con fines antidemocráticos. De un lado, al no existir evidencia sobre la presencia de un crimen, las reglas subvirtieron la autoridad del voto popular que se expresó a favor de la reelección de Dilma. Del otro, se habilitaron un cambio de gobierno y el acceso al poder de una coalición alternativa que asaltó la presidencia a través de un mecanismo no electoral. En suma, el argumento institucionalista se queda corto y no se aplica en Brasil (como tampoco en el Paraguay de Lugo). Las instituciones se mueven al ritmo de las necesidades de los actores, quienes procuran usarlas estratégicamente para satisfacer sus objetivos: honrosos o, como en este caso, impropios y cuestionables.

Segundo, esto conduce a preguntarnos sobre las motivaciones políticas de los diputados que condujeron y aprobaron el impeachment. Existen dos motivaciones, analíticamente diferentes pero vinculadas entre sí. La primera es una motivación de supervivencia. Está encarnada por el principal socio del gobierno, el PMDB, pero también vale para el segundo en tamaño (PP) y para otros partidos menores (PL, PSD, PROS) cuya creación fue impulsada por el PT para debilitar al PMDB dentro de la coalición. La segunda es una motivación de gobierno y está encarnada por el principal partido opositor al PT en la arena electoral, el PSDB.

La motivación de supervivencia está relacionada con la aceleración de las investigaciones por el escándalo de Petrobras, que compromete a decenas de políticos del PMDB, del PP y de otras fuerzas menores. El indicador más visible es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, impulsor del juicio político y reo de la justicia tras confirmarse que cobró coimas a cambio de inflar contratos en la petrolera estatal. La relación entre Cunha, que controla la facción más grande del PMDB, y el gobierno comenzó a deteriorarse a comienzos de 2015, cuando el PT propuso a otro candidato para la presidencia de la cámara. Pero Cunha logró vencerlo. Desde entonces hizo todo lo posible por bloquear las iniciativas del gobierno, en particular el duro programa de austeridad fiscal, e incorporar su propia agenda conservadora. La relación terminó por romperse hace unos meses cuando el PT decidió que era muy costoso frente a la opinión pública apoyar a Cunha y ordenó que sus representantes en la Comisión de Ética del Congreso que lo investigaba votaran por su expulsión. Entonces Cunha retrucó. En este contexto, las opciones para el PMDB y los demás partidos involucrados en el petrolão eran continuar como aliados de Dilma para enfrentar juntos el embate sociojudicial o abandonar la coalición, dejando al PT en el centro de la furia anticorrupción. Como se sabe, optaron en masa por la última. Esta opción no les garantiza evitar la prisión, pero aumenta sus chances al sacarlos de escena y conferirles otro rol en el presente político. Con Dilma bajo proceso y Lula en la mira de la justicia, la exposición mediática y el nivel de escrutinio público sobre los diputados amenazados decrece. Los jueces dejan de ser el blanco de las presiones públicas por "honestismo" y pueden ser más contemplativos con ellos. En el peor caso, el inicio del juicio les permite ganar tiempo en espera de que amaine el tsunami judicial. En forma paralela, el PMDB queda al frente de la línea sucesoria y el vicepresidente Michel Temer, a cargo de formar una nueva coalición de gobierno. Esto le otorga al PMDB –un partido no presidenciable– el poder de distribuir cargos ministeriales, lo que en este momento es casi todo.

La segunda variedad de motivación pro impeachment, la motivación de gobierno, operó diferente. Menos comprometido con el escándalo de Petrobras, el PSDB jugaba con la posibilidad del juicio político en los medios, pero prefería que la justicia electoral declarase nulas las elecciones de 2014. Para ello, elevó incluso una petición formal. No obstante, cuando la relación Cunha-PT llegó a un punto sin retorno, el PSDB se montó a la "operación cambio de gobierno". La remoción de Dilma les da a este partido y a sus socios de la poderosa federación empresaria paulista (Fiesp) la posibilidad cierta de recuperar el comando de la gestión económica del país. Algo que, sienten, nunca deberían haber perdido y menos a manos de un partido de izquierda obrera.

Lo que sucedió el domingo tiene implicancias alarmantes para las democracias de la región. Ya se ha dicho que la apertura del juicio político a Dilma no es un indicador de avances institucionales en la calidad de la democracia (gobernanza) brasileña. El efecto demostración es que no es necesario destituir por la fuerza a los presidentes elegidos democráticamente, sino que es factible, cuando las condiciones acompañan (corrupción galopante, crisis económica, protesta social, gobierno débil), recurrir a los procedimientos legales vigentes para apuntalar la construcción de acusaciones híbridas difíciles de demostrar. Lo que se necesita para la remoción del presidente es un Congreso dispuesto. La caja de Pandora está abierta. No se sabe cuándo ni quién la cerrará.

Director del doctorado en Ciencia Política de la UTDT e investigador del Conicet

Germán Lodola