Burla al tribunal de La Haya

Por Ivo Banac Para LA NACION
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6 de diciembre de 2001  

NEW HAVEN, Connecticut

El Tribunal Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia fue pensado como una espada de Damocles que pendiera sobre las cabezas de los violadores de derechos humanos. Sin embargo, en los Balcanes se ha convertido en una herramienta política que nacionalistas y opositores explotan, por igual, en un juego interminable de "divide y reinarás" (o "divide esperando reinar"). Croacia es un caso paradigmático.

Fisuras y obstáculos inesperados amenazan hoy las incipientes reformas democráticas croatas. Las causas de esto tienen que ver con la renuencia del primer ministro, Ivica Racan, a refrenar los centros de poder legados por el régimen del presidente Franjo Tudjman, fallecido en diciembre de 1999, cuyo partido nacionalista, la Unión Democrática Croata (sigla original: HDZ), fue derrotado en las urnas en enero de 2001. Tudjman había forjado un régimen autoritario que borró las diferencias entre la HDZ y los organismos del Estado, en particular el ejército y la policía. Esta herencia turbia sigue constituyendo el meollo de los problemas actuales de Croacia y sus relaciones con el Tribunal de La Haya.

En enero, el nuevo primer ministro, Ivica Racan, afrontó una opción difícil: purgar rápidamente las burocracias estatales de los partidarios de Tudjman o someterse a los tejemanejes obstructores de los leales a la HDZ. Con la indecisión instintiva que lo caracteriza, Racan perdió el tiempo. Prefirió concentrarse en reformas constitucionales que en su mayoría se interpretaron como un esfuerzo por despojar al presidente Stjepan Mesic (viejo opositor de Tudjman) de las robustas facultades ejecutivas que Tudjman había incorporado a la Constitución para uso propio.

Entretanto, el nuevo gobierno ha dejado sin investigar numerosos crímenes de guerra, errores judiciales y corruptelas de la era Tudjman. Envalentonados por este fracaso, los leales a la HDZ pusieron a prueba la resolución de Racan.

Una artimaña favorita fue crear obstáculos enormes al menor intento de proceder enérgicamente contra los criminales de guerra. En septiembre del año pasado, luego del asesinato de un testigo del Tribunal de La Haya y el arresto de un comandante croata acusado de haber masacrado serbios en 1991, doce generales del ejército publicaron una carta que convocaba a defender a los veteranos croatas y poner fin a "la representación negativa e históricamente infundada" del comportamiento de Croacia en las guerras balcánicas. En una rara muestra de decisión estatal, el presidente Mesic suspendió a los doce generales y los hizo pasar a retiro. Varios de ellos se incorporaron, como líderes, al nuevo partido Integridad y Prosperidad Croatas (HIP), organizado por Miroslav Tudjman, hijo mayor de Franjo y ex jefe del servicio de inteligencia nacional.

Las fintas con los partidarios de Tudjman continuaron hasta marzo de este año, en que fue arrestado Mirko Norac, acusado de haber masacrado a civiles serbios en 1991. Diversas organizaciones de veteranos montaron manifestaciones masivas contra el gobierno "traidor" de Mesic y Racan. Tales presiones habrían sido menos dañinas de no haber merecido la aprobación de algunos sectores de la coalición gobernante, en especial el Partido Social Liberal Croata (HSLS), y algunos obispos católicos influyentes. Este debilitamiento preparó psicológicamente al gobierno para concesiones aún mayores.

Maniobra coercitiva

En julio, el Tribunal de La Haya para la ex Yugoslavia acusó de crímenes de guerra a dos generales croatas: Rahim Ademi y Ante Gotovina. En vez de entregárselos, Racan aprovechó la ocasión para hacer una maniobra coercitiva: pidió un voto de confianza del Parlamento, que apuntaba a demorar el cumplimiento de las órdenes de arresto del Tribunal.

Esto provocó la renuncia de Budisa a la presidencia del Partido Social Liberal e incitó a una escisión virtual en este miembro clave de la coalición gobernante, el único dispuesto a oponer resistencia al Tribunal de La Haya. No obstante, Racan obtuvo su voto de confianza y se aseguró una estabilidad mínima en el gabinete. Aun así, las diversas facciones que constituyen la oposición tudjmanista ganaron una oportunidad de atraer a Budisa, con lo que crearon otro centro de gravedad político para la próxima crisis.

A menudo se acusa al Tribunal de La Haya de imponer a los frágiles gobiernos reformistas de Croacia y Serbia demandas irrazonables que hacen el caldo gordo a los políticos nacionalistas. Es verdad, en la medida en que el tribunal es insensible al intrincado equilibrio que se espera de los funcionarios de países que integraron la antigua Yugoslavia. Por ejemplo, la liberación, antes del juicio, de Biljana Plavsic, una de las figuras más culpables entre los líderes serbios de Bosnia, a cambio de un testimonio evidentemente amplio, tendría más sentido si el Tribunal hubiese mostrado la misma complacencia con acusados no serbios menos culpables.

La renuencia a procesar a criminales de guerra es una ventaja que los gobiernos balcánicos aprovechan para apaciguar a su público nacionalista y, en verdad, evitar los problemas espinosos de una reforma total. Racan no habría tenido que habérselas con el Tribunal de La Haya si hubiese tenido el coraje de iniciar su propia limpieza doméstica e investigar tanto a los compinches del finado Tudjman como a los criminales de guerra que él protegía.

Ahora, el primer ministro Racan está sacando provecho de la morosidad con que trató a los acólitos de Tudjman, esperando que sean igualmente generosos con él si retornan al poder. En Croacia, cada régimen nuevo confiere una absolución general a sus predecesores. De este modo, una elite minúscula queda aislada, a salvo de recusaciones graves y, en última instancia, de cualquier responsabilidad, hasta por los crímenes más atroces.

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