Cambios clave en la justicia penal

Martín Casares
Martín Casares LA NACION
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25 de enero de 2018  

La Argentina inició el siglo XXI con una justicia penal diseñada para resolver los problemas de un régimen monárquico del siglo XVIII. No es una exageración; no hemos logrado instaurar grandes cambios en el sistema heredado de la corona española.

Pero, ¿por qué es prioritario el funcionamiento de la justicia penal? Porque se encarga de resolver tanto los delitos que afectan la vida cotidiana de las personas, como los más complejos como la corrupción y el narcotráfico.

Desde hace dos años el Gobierno implementa reformas centrales para que la justicia penal sea más efectiva y rápida. Gracias a iniciativas de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y el apoyo de los principales bloques opositores, el Congreso aprobó importantes leyes.

En 2016 se sancionó la ley de flagrancia, que acelera la resolución de los casos en los que el acusado es detenido "con las manos en la masa". Hoy, el 68% de los casos se resuelve dentro de las 30 horas de ocurrido, cuando antes se tardaba en promedio 2 años.

Se unificaron los fueros Correccional y de Instrucción. El primero investigaba los casos penales con sanciones de hasta tres años de prisión; el segundo, los casos que superaban ese plazo. Esto permitió una mejor asignación de los recursos judiciales y allanó el camino para el traspaso de 31 delitos de la Justicia Nacional de la CABA.

Con la ley de Juicio Unipersonal, se agilizan los tiempos en la etapa de debate oral. Antes, las causas que llegaban a juicio requerían la presencia de tres jueces y hoy pueden realizarse con uno solo, lo que redujo en un 67% los tiempos de fijación de audiencias.

La ley del Arrepentido genera incentivos para que los acusados aporten datos sobre el funcionamiento de la organización delictiva. Además, el Ministerio de Justicia rediseñó el Programa de Protección de Testigos e Imputados, incorporó tecnología y creó un grupo táctico de protección especial. Los resultados están a la vista en varios de los casos más resonantes de corrupción y narcotráfico.

También se aprobó la ley de responsabilidad penal empresaria impulsada por la Oficina Anticorrupción, que brinda una herramienta efectiva para investigar y sancionar a las empresas, llegando a los máximos responsables de las organizaciones que cometen delitos. Resta avanzar en una legislación sobre extinción de dominio que habilite recuperar los bienes provenientes del crimen.

Como consecuencia de estas medidas silenciosas, y por primera vez en la historia, en 2017 el porcentaje de condenados superó al de procesados, pese a que aumentó un 14% la cantidad de detenidos en cárceles federales.

La nueva ley de víctimas genera un cambio de paradigma: quienes sufrieron un delito recibirán asesoramiento, asistencia y podrán formar parte de los procesos judiciales.

Para este año se prevé aprobar las reformas del Ministerio Público Fiscal y del Código Penal, la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, la nueva ley de responsabilidad penal juvenil y el fortalecimiento de los juzgados federales en las provincias.

La gran reforma del sistema penal está en pleno proceso de implementación. Estamos más cerca de cumplir con uno de los principales objetivos del Programa Justicia 2020: lograr una justicia moderna, ágil, transparente e independiente.

Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

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