Cambios en el Poder Judicial: se requieren respuestas concretas

En coincidencia con el acto de apertura del año judicial el 6 del corriente mes, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realizó una convocatoria a las asociaciones y entidades que agrupan a magistrados, abogados y otras entidades y a demás personas interesadas, con el objetivo de generar un ámbito de discusión para analizar lineamientos de una política de Estado, dirigida a la transformación de los poderes judiciales.

En ese sentido, se invitó a participar en nueve comisiones, algunas de ellas dedicadas a los diversos fueros que conforman el Poder Judicial (Penal, Civil y Comercial, Laboral y Previsional, y Electoral), y otras, a considerar aspectos de fondo tales como el acceso a la Justicia; la organización institucional del Poder Judicial y del trabajo de los magistrados, funcionarios y empleados que lo integran; las nuevas tecnologías, y la educación legal de los abogados.

Si bien aún no se han dado a conocer las conclusiones de la labor y el intercambio de opiniones registradas en el ámbito de esas comisiones, trascendió que al momento de tratarse las conclusiones en al menos una de ellas varios asistentes plantearon airadas objeciones por considerar que el contenido de esos encuentros, elaborado por los encargados de moderarlos, no reflejaba las posturas y cuestiones tratadas en el contexto de las deliberaciones que tuvieron lugar.

Es de esperar que oportunamente se den a publicidad dichas conclusiones, de modo que todos quienes hayan asistido puedan verificar su contenido y eventualmente hacer conocer sus puntos de vista, para que se trate de un verdadero debate frente a una sociedad que pide cambios que verdaderamente mejoren el funcionamiento de la Justicia.

Por las entidades de abogados, concurrieron a las comisiones representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras organizaciones.

En el panel de la organización institucional del Poder Judicial, todas esas entidades coincidieron en la necesidad de que el Congreso sancione a la brevedad una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de designar y de juzgar el desempeño de los jueces, de modo que en el plenario y las comisiones de dicho cuerpo se respete el equilibrio en su conformación que exige la Constitución nacional para los estamentos que lo integran (jueces, abogados y sector político).

Ese equilibrio fue alterado en desmedro de jueces y abogados como consecuencia de su última reforma, propiciada durante el anterior gobierno nacional, que fue declarada inconstitucional por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a instancias de una acción promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en trámite de apelación ante la Corte Suprema.

Esta última entidad también realizó una presentación ante la Corte respondiendo a lo pedido por el tribunal al realizar la convocatoria a participar en las comisiones antes mencionadas. Hizo allí hincapié en propuestas como una completa transformación digital del sistema judicial, que permita una mejora sustancial en el acceso a la información del contenido de las sentencias y el trámite de los expedientes judiciales, compatible con los estándares de transparencia que la sociedad reclama y que van a contribuir sin duda a la mejora de la imagen de la actuación de la Justicia ante la comunidad.

El Colegio también puso especial énfasis en la necesidad de acotar a no más de cuatro meses los plazos para tramitar los concursos para la designación de jueces, que en la actualidad demandan a veces años, como también en la importancia de potenciar el funcionamiento de la escuela judicial, que constituye un instrumento esencial para que sobre la base de criterios objetivos los aspirantes a jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial sean los mejores.

Otras propuestas de la referida entidad apuntaron a la concreción de reformas procesales tendientes a lograr una mayor celeridad y efectividad en los juicios penales; a la necesidad de que, por medio de una acordada, la Corte clarifique las normas en materia de competencia de los tribunales, que muchas veces provocan interminables trámites hasta que se decide el juez competente; a lo atinente a los requerimientos de infraestructura; al cambio de los horarios de atención, y a la disminución del plazo de las actuales ferias judiciales.

Pero quizás una de las propuestas que más inquietaron a algunos integrantes del muchas veces cuestionado fuero Penal Federal, sobre el cual el Consejo de la Magistratura realizó una auditoría cuyas conclusiones finales se conocerán durante los próximos días, fue la de proponer en dicho fuero la creación de 12 juzgados y una cámara adicionales a los hoy existentes. Esto constituiría una buena manera de descomprimir la saturación de causas que se tramitan en los actuales juzgados. Contribuiría, además, a dar aire fresco a este fuero en donde la actuación de varios de los magistrados que lo integraron hasta hace poco e integran actualmente ha sido puesta en duda a raíz de sus demoras y falencias en la tramitación de los delitos de corrupción.

Es de esperar entonces que el proceso de reformas que ahora se impulsa desde la Corte y que viene en parte a confluir con muchas de las iniciativas propuestas en el contexto del plan Justicia 2020 sea objeto de un adecuado debate y que las propuestas concretas sean implementadas a través del dictado de los instrumentos normativos que en cada caso correspondan. Sería una manera de pasar efectivamente del dicho al hecho.