Temas de la Justicia. Cambios en la Corte de Menem
Soplan vientos de cambios en la Corte de Menem, la integrada por los cinco ministros hiperoficialistas -Julio Nazareno, EduardoMoliné O´Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez-, quienes junto con los cuatro que siempre votan en disidencia -Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Gustavo Bossert- conforman el supremo tribunal.
La necesidad política de oxigenar al tribunal es tema de numerosas conversaciones que el ministro del Interior, Carlos Corach, mantiene desde hace varias semanas con funcionarios del Poder Ejecutivo. "Moliné y Nazareno son adictos al Gobierno, pero siempre tuvieron un perfil bajo y nunca protagonizaron escándalos", dice uno de los interlocutores del ministro, para establecer una diferencia de la conducta de aquéllos con las de Vázquez y López; y agrega: "A esta altura de los papelones, estos dos deben irse. Ya generaron demasiados dolores de cabeza".
El primero en retirarse sería Vázquez.El juez, que llegó en medio de las críticas al tribunal cuando se autodefinió como amigo del Presidente, es objeto de críticas incluso dentro de la Corte y de sus propios aliados. Huérfano de respaldo, para hacer efectivo su "retiro voluntario", habría solicitado que se le consiga una embajada ante un país de habla hispana.Habría pedido la de Uruguay, pero no está vacante. Corach habría pensado en concretar este recambio en marzo o abril. Después se iría López, cuya actuación es aun mucho más criticada que la de Vázquez.
Claro que la especial visión que el Poder Ejecutivo tiene de la Justicia, a la que considera un simple apéndice del poder del Presidente, no permite prever que las cosas vayan a mejorar. Se piensa en nombres de otros hipermenemistas.
Cuando en 1990 Menem consiguió que se ampliara la Corte, dos de sus entonces flamantes jueces acostumbraban a visitar a diario la Casa Rosada. Barra, Mariano Cavagna Martínez y Ricardo Levene dejaron lugar, con los años, a la actual integración.
¿Mejorará en algo la composición del cuerpo si Vázquez es reemplazado por la hipermenemista jueza Luisa Riva Aramayo?, se preguntan muchos observadores, que escuchan mencionar con frecuencia el nombre de quien forma, junto con Horacio Vigliani, la Sala I de la Cámara Federal.
Riva Aramayo goza de la total confianza de Corach, que promovió sus visitas de enero último a la quinta de Olivos. "Fue para aceitar sus aspiraciones", dijo un funcionario, que agregó: "No creo que su nombramiento pase en el Senado. La Alianza se opondrá, ya que pretenderá que se elija a un candidato independiente y no a un juez obediente. Además, sus fallos en temas políticos y económicos son objeto de fuertes críticas".
De todas formas, nunca hay que olvidar que la posibilidad de recambios en la Corte corre pareja con el discurso del oficialismo sobre la "re-reelección" y que las necesidades políticas pueden dilatar cualquier decisión.
Por su parte, los líderes de la Alianza, si bien en su reunión de esta semana habrían hablado sobre la necesidad de oxigenar el tribunal, se cuidan bien de hacerlo con el oficialismo o de evaluar nombres alternativos. Ninguno de ellos quiere que se los acuse de urdir un nuevo pacto con el Gobierno.
El camino por el que optarán será mucho más institucional, transparente y directo: estudian a paso acelerado la posibilidad de promover el juicio político a los miembros del tribunal.
Teléfonos
Mientras tanto, el quehacer diario de la Corte se ve sacudido por las causas de la telefonía.
Como se sabe, todos los expedientes que hay en el tribunal se alinean detrás de dos grandes temas: el rebalanceo telefónico y la interconexión de la telefonía celular del interior.
Todos los ministros están dispuestos a revocar la sentencia que dictó un juez federal mendocino, que hizo lugar a una acción de amparo contra el rebalanceo. No es que estén en favor del rebalanceo, sino que el tema debe debatirse más ampliamente que lo que permite un amparo.
El real tema de la discordia, en cambio, es el otro: si las empresas de telefonía celular del interior deben seguir pagando a las grandes licenciatarias el uso de sus redes o aquéllas, como lo permite un decreto impugnado por Telefónica de Argentina, pueden trasmitir sus datos por otros medios.
Los ministros que habitualmente integran la disidencia iban a votar, junto con Nazareno, en contra de Telefónica, pero esta firma y el Estado, es decir, las contrapartes del juicio, pidieron al tribunal que postergue la sentencia veinte días.Antes quieren que se vote el rebalanceo.
Las dudas son dos: la primera, ¿acaso las empresas de telefonía del interior no tienen derecho a un fallo rápido de la Corte? y, la segunda, ¿quién fija la agenda de la Corte?
Es decir, ¿puede el tribunal permitir que las grandes empresas y el Poder Ejecutivo fijen su agenda y sus tiempos o debe de una vez por todas cobrar vida y fuerza e imponer sus políticas?
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