Campaña electoral con cuentas claras

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26 de marzo de 2000  

EL financiamiento de las campañas de los partidos políticos es desde hace tiempo motivo de preocupación para la ciudadanía, que razonablemente aspira a poder conocer el origen de los fondos recaudados para solventarlas y el destino real que se les da. Legítima inquietud que, a pesar de numerosas promesas en sentido contrario, sigue insatisfecha En estos momentos, por ejemplo, la cercanía de la elección para renovar la jefatura del Gobierno y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está generando intensa e incesante actividad proselitista, destinada a que los futuros electores conozcan las imágenes y las propuestas de los candidatos. Esa suerte de bombardeo mediático abarca desde el antiguo recurso de las pegatinas hasta el empleo intensivo de publicidad en la prensa, la radio, la televisión y la vía más reciente de comunicación: Internet. Avalanchas propagandísticas que no son precisamente gratuitas, ni tampoco baratas.

Algunos de los candidatos porteños se han comprometido ante una entidad de bien público, Poder Ciudadano, a difundir el origen de los recursos que reciban para sus campañas proselitistas y el monto de los gastos que efectúen para atender esa finalidad. Actitud positiva a la cual se suma, por supuesto, el hecho de que la legislación local ya les imponía en forma expresa la auditoría de esos ingresos y egresos.

En efecto, a principios de diciembre último fue promulgada la novedosa ley reguladora de las acciones tendientes a captar los sufragios de la ciudadanía. Entre otras disposiciones, incluye las exigencias de que las campañas no podrán ser iniciadas hasta sesenta días antes de la fecha de los comicios -el acatamiento ha sido dudoso-, de que la propaganda política en la vía pública contenga la identificación del taller impresor y de que la contratación de ese gasto y de cualquier otro en concepto de publicidad a través de los medios de información esté acreditada mediante la documentación respectiva.

Determina, asimismo, que los aportes recibidos al margen de los provenientes del erario sólo podrán ser hechos por personas físicas argentinas o extranjeras con residencia en el país -excluye las donaciones anónimas o de personas jurídicas- y no podrán superar los 20.000 pesos. La ley dispone, finalmente, que cada partido depositará en una cuenta especial todos los aportes públicos y privados percibidos, que diez días antes de la elección dejará constancia de cuáles han sido los ingresos recibidos y los egresos efectuados con motivo de su campaña y que, por último, cada agrupación deberá elevar una rendición final y pública dentro de los treinta días posteriores al acto electoral.

La ciudad de Buenos Aires ha sido precursora de esa clase de legislación, inexistente en el resto del país. Pero la sana intención que la ha movilizado quedará reducida a los estrechos términos de una mera e inconducente enunciación sí, en definitiva, los propios partidos políticos se despreocupan de la obligación de darle cumplimiento efectivo. Es de esperar que eso no ocurra, como es de desear, también, que el compromiso contraído ante Poder Ciudadano se cumpla en todos sus términos.

Es lamentable, por supuesto, que aún subsistan incógnitas sobre el financiamiento de las campañas proselitistas, que en nuestro país ha deparado interminables y hasta ahora fútiles debates y en el extranjero ha llegado a detonar ruidosos escándalos. El más absoluto y sincero esclarecimiento de esa cuestión, largamente postergado, se constituiría en aporte fundamental para concretar el propósito de disipar las dudas y ahuyentar las suspicacias que suelen mellar la credibilidad acerca de la actividad política y de sus protagonistas.

Las cuentas claras conservan la amistad, expresa un antiquísimo proverbio. En este caso expreso -siempre y cuando no mediasen conductas negligentes u obscuros subterfugios- también servirían para dejar sentada una actitud cívica ejemplar que, sin duda, le sumará su cuota de valiosa transparencia al proceso de consolidación de las instituciones democráticas argentinas.

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