Campañas políticas: cuenta regresiva

Cuando falta menos de un año para que en nuestro país se realicen nuevamente elecciones , es necesario que el Congreso apure sus pasos con vistas a sancionar una nueva ley de financiamiento electoral.

Anteayer comenzaron las conversaciones en ese sentido en el Senado con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de fines del mes próximo, que es cuando concluyen las sesiones ordinarias. Los dos proyectos en debate en la Cámara alta son el que reproduce el enviado por el Poder Ejecutivo y que se halla estancado en Diputados y otro del PJ. Difieren en el porcentaje de participación que una empresa privada podrá aportar sobre el total de los fondos que los partidos están autorizados a destinar a la campaña.

De zanjarse esas diferencias, será un paso adelante, pues resulta inexplicable la disposición legal actual que prohíbe a las empresas realizar ese tipo de aportes. Deberían poder hacerlo, fijándoles topes, en tanto que esas contribuciones a la políticas deberían estar expresamente prohibidas para los sindicatos.

El proyecto que duerme en Diputados fue presentado por Macri tras conocerse la denuncia judicial por presuntos aportantes truchos a la campaña 2015 y apenas unos días antes de que los denominados cuadernos de las coimas empezaran a revelar dramáticamente las enormes cantidades de dinero estatales y privados sin ningún tipo de control que en nuestro país han ido a financiar campañas políticas durante el kirchnerismo. A ello hay que sumar las revelaciones del brazo local del Lava Jato brasileño y los reiterados y justificados reclamos de la Cámara Nacional Electoral para contar de una vez por todas con un instrumento legal que impida las absurdas -cuando no meros dibujos contables- rendiciones de cuentas de la amplísima mayoría de los partidos políticos y, en definitiva, se castigue de manera ejemplar a esos falsificadores de declaraciones de gastos.

Esa Cámara, que acaba de implementar el Sistema de Gestión Electoral (SGE), que cuenta con altos estándares de seguridad en la actualización y generación de padrones, también reclama justificadamente la ampliación del cuerpo de auditores contadores para mejorar los controles durante el escrutinio.

Un punto en particular de aquella iniciativa gubernamental ha sido determinante para trabar la discusión: legisladores de variados signos políticos rechazan la participación de empresas en el financiamiento de las campañas, incluso representantes del oficialismo se oponen a esa posibilidad. Cabe recordar que la ley actualmente en vigor prohíbe esos aportes. Sin embargo, ello no ha impedido que tanto empresas como también Estados pusieran dinero en las campañas electorales locales.

Que ese punto haya trabado ese primer debate lleva a pensar si realmente nuestra dirigencia ha tomado real conciencia de la necesidad de desentramar cómo se financia la política en nuestro país o si, por el contrario, prefiere mantener esa opacidad de la que, está visto, han venido sacando provecho todas las fuerzas, sin distinción de banderías. La cuestión podría resumirse en una pregunta: ¿hay un verdadero compromiso en dejar de mentir sobre los dineros de campaña? Si la respuesta es sí, no se entiende por qué tanta demora en sancionar la ley. El proyecto del Poder Ejecutivo puede perfeccionarse, pero mantenerlo bloqueado es el peor de los caminos.

¿Cuáles son los principales puntos de la iniciativa oficial? Básicamente, una media docena que podría cambiar sustancialmente el actual estado de cosas:

• Propone bancarizar el régimen de aportes, de manera de que no se reciban más sumas en efectivo. El dinero no bancarizado impide un correcto seguimiento de su procedencia y destino.
• Habilita los aportes de personas jurídicas, estableciendo controles y topes para que ninguna empresa pueda "comprar" una campaña.
• Crea un registro de proveedores de publicidad en la vía pública, controlado por la Cámara Nacional Electoral. Se evitaría así la presentación de facturas apócrifas y la justificación de gastos no realizados.
• Fija sanciones para uso de los recursos públicos con fines partidarios, tipificando como acto ilícito el clientelismo y la coacción a subordinados para que participen en actividades de campaña.
• Amplía de 15 a 30 días el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación de votos.
• Establece la obligatoriedad de que organismos públicos como la AFIP, la Anses, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros, compartan información con la Justicia Electoral con el objetivo de mejorar el control de los aportes y gastos en general y de combatir los provenientes de actividades ilícitas.

Lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires desanduvo sus pasos en esa materia. Para lograr que avanzara la reforma del Código Electoral local, el oficialismo porteño decidió eliminar la habilitación de aportes empresarios en las campañas.

La ciudadanía está haciendo un esfuerzo enorme para superar la crisis por la que atraviesa el país y pretende que ese esfuerzo también lo asuman y compartan quienes deben dar el ejemplo: los dirigentes políticos. Ejemplo en el uso medido de los recursos del Estado; en la debida, oportuna, completa y transparente rendición de cuentas de los fondos a su disposición. La crisis no es solo económica: también es cultural y ética.

Es hora de que nuestros representantes debatan seriamente el financiamiento de las campañas electorales y sancionen una ley que otorgue claridad a ese turbio manejo de dinero, hasta ahora discrecional.

No queda mucho tiempo para los próximos comicios teniendo en cuenta los necesarios pasos procedimentales que requiere el debate parlamentario. Estamos ante una nueva oportunidad para transparentar el sistema y, con ello, fortalecer la democracia. De lo contrario, será el enorme poder corruptor del narcotráfico el que volverá a financiar con más alcance que en anteriores oportunidades a parte de la política, y ya sabemos cómo termina esa trágica película.